La Paz, 3 jun (EFE).- Grupos indígenas del suroeste de Bolivia que lincharon a cuatro policías recientemente reclaman que su región, fronteriza con Chile, sea declarada zona franca para comerciar sin trabas con ese país, desde el que habitualmente llega mercancía de contrabando, informaron hoy medios locales.

Los “ayllus guerreros” (clanes indígenas) del departamento de regional de Potosí reafirmaron ayer la declaración de su región como “zona roja” para que allí circulen sin problema mercancías que traen de contrabando procedentes de territorio chileno sin que la policía o la fiscalía puedan intervenir.

Asimismo, tras un cabildo campesino presentaron un documento en el que además se plantea “la aplicación y el respeto a la justicia comunitaria”, como denominan a sus normas de comportamiento y sanción de los delitos.

Según el periódico La Prensa, los indígenas se reunirán de nuevo hoy para debatir si devuelven los cadáveres de los cuatro policías linchados en la región, a lo que hasta el momento se han negado pese a las súplicas del Gobierno.

Los indígenas aseguraron haber aplicado en los agentes la “justicia comunitaria”, acusándolos del asesinato de un taxista y de extorsionar a los campesinos.

El lunes, dos ministros del Gobierno de Evo Morales viajaron a la localidad de Uncía, pueblo del norte de Potosí, para pactar la entrega de cadáveres, pero fracasaron y regresaron a La Paz.

Los indígenas exhortaron a las autoridades a no investigar estos asesinatos para que se pudiera dialogar sobre la devolución de los cuerpos, a lo que el Gobierno se niega.

“No va a existir ningún tipo de indulto ni amnistía. Cualquier crimen de esta naturaleza tiene que ser investigado, y los responsables procesados y sancionados. Es absolutamente innegociable”, declaró el miércoles el ministro de Gobierno (Interior), el ex defensor de derechos humanos Sacha Llorenti.

Según informó el Defensor del Pueblo boliviano, Rolando Villena, los cadáveres de los agentes linchados fueron enterrados boca abajo para evitar que sus almas “persigan” a quienes les asesinaron, siguiendo las creencias de los lugareños.

El fiscal del distrito de Potosí, Sandro Fuentes, llegó el miércoles a la zona para tratar de “solucionar el problema”, y aseguró que se quedará en la región hasta conseguirlo. EFE

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