Están en riesgo las competencias autonómicas otorgadas advierten Santa Cruz y Tarija. Las alcaldías proponen una normativa flexible. Experto sugiere que gobiernos regionales generen impuestos.

COMENTARIO:

¡Nada para sorprenderse! Cerrando los grifos deja un ente autónomo yesca y en la lona. Era previsible.

Gobernaciones no tendrán más recursos para 36 competencias

La Prensa

Reforma: Los gobiernos departamentales recibirán otras 23 competencias compartidas y concurrentes, haciendo un total de 59.

Aunque las nueve gobernaciones departamentales asumirán 36 nuevas competencias exclusivas dotadas por la Constitución, no recibirán mayores recursos estatales que las prefecturas y deberán asumir estas atribuciones con sus actuales ingresos y saldos de cuentas.

El ministro de Autonomías, Carlos Romero, anunció ayer que no se otorgará más presupuesto a los gobiernos departamentales porque en los años anteriores los fondos asignados a éstos incrementaron, pero “no se les asignaron nuevas responsabilidades que sean acordes al crecimiento económico que han tenido”.

De acuerdo con la explicación del Ministro, esto “no necesariamente tiene que ser estático y definitivo, puesto que las autonomías se verán potenciadas” con el reconocimiento de la “potestad tributaria”, es decir, con su atribución de crear tributos, que les permitirá recaudar ingresos propios. Además, precisó, van a tener la posibilidad de adoptar iniciativas y emprendimientos productivos que les permitirán mayor sostenibilidad económica.

Datos de un estudio realizado por la Fundación Jubileo revelan que el presupuesto estatal que se asignó a las nueve prefecturas departamentales disminuyó en 23 por ciento entre 2009 y 2010. Es así que el Presupuesto General de la Nación de este año alcanza a 105.964 millones de bolivianos, de los cuales se destinó 12.390 millones a las regiones, lo que significa un 11,7 por ciento del total; mientras que el año pasado se alcanzó al 12,5 por ciento.

El pasado domingo, ministros y viceministros se reunieron en La Paz para evaluar y consensuar las competencias y el financiamiento de las autonomías que deben ser definidas en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, que es una de las cinco normas fundamentales que la Constitución Política manda aprobar hasta el 21 de julio. Se prevé que ésta sea presentada a la Asamblea Legislativa hasta este fin de semana.

Gobernaciones como la de Santa Cruz proponen un pacto fiscal para una nueva distribución de recursos económicos para asegurar el funcionamiento de las autonomías con las nuevas competencias asignadas por la Constitución.

El pedido fue rechazado por el ministro Romero porque, según dijo, “supondría revisar las asimetrías que existen entre los departamentos que participan de la renta petrolera y con relación a los que no participan o entre departamentos que más captan por distribución de coparticipación (tributaria)”.

Anteriormente, en el régimen prefectural, según el ex viceministro de Descentralización y diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM), Fabián Yaksic, al ser un nivel desconcentrado no existía una delegación “estricta” de competencias. O sea, el Gobierno central delegaba algunas funciones de ejecución en gestión pública.

En cambio ahora, explicó, la diferencia es cualitativa, porque la flamante Carta Magna les otorga 36 nuevas competencias exclusivas a las gobernaciones y la facultad de legislar sobre éstas. Además de ellas, estos gobiernos departamentales recibirán otras 23 competencias entre compartidas y concurrentes, haciendo un total de 59 establecidas en la Constitución.

Ésta señala cuatro tipos de competencias: exclusivas, privativas, compartidas y concurrentes. Las que no estén definidas constitucionalmente serán atribuidas al nivel central y podrán ser delegadas.

Yaksic manifestó que es necesario que la Ley Marco de Autonomías establezca el alcance de todas las competencias; mientras, Romero explicó que con esta asignación de competencias se podrá ordenar el funcionamiento del Estado autonómico. “Con la Ley Marco no vamos a tener que esperar necesariamente las leyes sectoriales, entonces esto va a dar más prioridad al ejercicio de facultades en los diferentes niveles de gobierno”.

Si no hay una “desagregación competencial”, precisó, se podría ingresar a un desorden institucional y legislativo, y surgir una sobreposición de competencias.

Plantean ente autonómico

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización prevé la creación del Servicio Estatal de Autonomías, que será una entidad técnica para facilitar la introducción al proceso autonómico, según explicó el ministro del área, Carlos Romero.

Esta instancia, que dependerá del Consejo Nacional de Autonomías, tendrá, dijo la autoridad, componentes técnicos que permitirán diseñar permanentemente directrices, herramientas institucionales de las entidades autonómicas, indicadores de medición de impacto, medición de capacidades institucionales y factores de cálculo poblacional.

“Estaría pensado para cubrir estas tareas de diseño de herramientas técnicas, generación de indicadores de medición de impacto y, adicionalmente, operar en la vía administrativa la conciliación de conflictos competenciales que puedan surgir entre entidades autonómicas o entre éstas y el nivel central”.

Tipos de competencias

El artículo 297 de la Constitución Política del Estado (CPE) define cuatro tipos de competencias: I.- Éstas son:

a) Privativas: aquéllas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere ni delega y están reservadas para el nivel central del Estado.

b) Exclusivas: aquéllas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas.

c) Concurrentes: aquéllas en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva.

d) Compartidas: aquéllas sujetas a una legislación básica de la Asamblea Legislativa Plurinacional cuya legislación de desarrollo corresponde a las entidades territoriales autónomas, de acuerdo con su característica y naturaleza. La reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades territoriales autónomas.

II.- Toda competencia que no esté incluida en esta Constitución será atribuida al nivel central del Estado, que podrá transferirla o delegarla por Ley.

La FAM propone medición del costo de las competencias

Evaluación: alcaldes de ciudades capitales analizan la Ley de Autonomías

La Federación de Asociaciones Municipales (FAM) Bolivia plantea que se mida el costo de las competencias que serán asignadas a las entidades territoriales autónomas.

Esta propuesta está integrada en el artículo 18 de la propuesta de Ley de Autonomías que elaboró la FAM para que sea tomada en cuenta una vez se comience a debatir la Ley Marco de Autonomías y Descentralización en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El artículo en cuestión señala que “la medición del costo de las competencias se constituye en una herramienta para el reparto de recursos fiscales entre los distintos niveles de gobierno y entre las entidades territoriales autónomas de un mismo nivel”.

De acuerdo con el proyecto de ley de los municipios, será el Instituto Nacional de Autonomías y Descentralización el que desarrollará un método para la medición del costo de las competencias definidas por la Constitución y las leyes nacionales en un plazo de un año a partir de su creación. La norma que elabora el Ministerio del área plantea la creación del Servicio Estatal de Autonomías, que será el encargado de diseñar las herramientas técnicas y los indicadores de medición de impacto, medición de capacidades institucionales, medición competencial y factores de cálculo poblacional.

Según el ministro Carlos Romero, esta repartición también tendrá la facultad administrativa de conciliar los conflictos competenciales que pudieran surgir entre entidades autónomas o entre éstas y el Gobierno central.

La reforma del régimen económico, según la propuesta de la FAM, se basará en un acuerdo político entre los distintos niveles de gobierno y sectores sociales; establecimiento de procedimientos de transparencia para la administración y control de los recursos públicos; consensos en la definición de políticas públicas; afianzamiento de la estabilidad macroeconómica; promoción del desarrollo económico, entre otros planteamientos.

La FAM y los alcaldes de ciudades capitales del país se reunieron ayer en La Paz para analizar esta propuesta.

Municipios plantean flexibilidad en delegación de competencias

Propuesta: El Proyecto de Ley Marco de Autonomías y Descentralización estipula que los municipios tendrán la potestad de crear competencias que no estuvieren establecidas en la Constitución Política de Estado.

La propuesta del proyecto de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) Bolivia plantea la flexibilidad de las competencias autonómicas a través de transferencias y delegaciones.

El artículo 12 del planteamiento normativo señala que las entidades territoriales autónomas podrán transferir competencias de manera definitiva y también tendrán la potestad de delegarlas de manera temporal, es decir que podrán recuperarlas.

El técnico Hugo Mariscal explicó que “las figuras de transferencia y delegación establecidas en la Constitución permiten mover competencias entre las distintas entidades para una mejor política de gestión. Todos los gobiernos: departamentales, municipales, indígenas y hasta el Estado, podrían transferir y delegar competencias”.

El artículo 302 de la Constitución Política del Estado (CPE) indica que los municipios tienen 43 competencias “para tener una buena política de gestión”. Sin embargo, según el artículo 11 del proyecto, las leyes nacionales podrán definir la asignación de competencias no incluidas en el texto constitucional de acuerdo con el artículo 297, parágrafo II de la CPE, que indica que los principios, garantías y derechos reconocidos por esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio ni necesitan de reglamentación previa para su cumplimiento.

Según la propuesta de los municipios, los traspasos o delegaciones tendrán que ser bien definidos en áreas como infraestructura, equipamiento, recursos humanos y financieros. Agrega que toda transferencia o delegación debe ser comunicada al Instituto Nacional de Autonomías y Descentralización para que sea registrado.

Para realizar un traspaso, parcial o total, el acuerdo de competencia debe incluir con claridad la división de las competencias.

El parágrafo I del artículo 12 de la propuesta indica: “La transferencia de una competencia incluye las facultades de reglamentación y de ejecución, además de control de legalidad por parte de la Entidad Territorial Autónoma (…)”.

Esta transferencia será definitiva una vez que los órganos legislativo y normativo refrenden el acuerdo de transferencia, la cual, además, no podrá ser transferida a un tercer municipio.

Sin embargo, la delegación de competencias, totales o parciales, es reversible y no implica la delegación de la responsabilidad administrativa; por tanto, el acuerdo debe incluir “con claridad” la división de la competencia. Tampoco puede ser delegada a un tercero.

Según el parágrafo III del mismo artículo, la “delegación de una competencia” incluye, por parte de la entidad territorial que transfiere, únicamente la facultad de ejecutarla y controlar su legalidad.

Asimismo, el artículo 15 señala que los Territorios Indígena Originario Campesinos asumirán gradualmente las competencias municipales. Hasta que esto suceda, los gobiernos municipales las ejercerán y se transferirán garantizando su continuidad.

Según Mariscal, aunque los municipios tengan competencias, no todas están establecidas en el artículo 302 de la CPE, por lo que será necesario crear nuevas sobre la base de las leyes que, además, definan cuál será la fuente de los recursos económicos para su ejecución.

La propuesta, redactada por técnicos de la FAM, actualmente es debatida con los municipios y cotejada con la propuesta del Gobierno central.

Comisión recibe siete propuestas

La presidenta de la Comisión de Autonomías de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, dijo que hasta la fecha llegaron al menos siete propuestas para complementar la Ley de Autonomías referidas a temas sociales. Esos asuntos se refieren a vivienda, salud, educación y servicios básicos.

Entre las instituciones están la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), la Plataforma de la Mujer, la Dirección Internacional del Niño, Niña y Adolescente, y algunas agrupaciones medioambientalistas.

“También conversamos con el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), que tiene mucha información en este campo, para que nos sugiera de qué manera transversalizamos los temas de los derechos fundamentales”.

Tejada dijo que actualmente se está sistematizando las propuestas para trabajarlas en una comisión mixta.

Algunas competencias para el Estado, gobernaciones, municipios y las autonomías indígenas

Área

Educación

Gobierno Central

Elabora, define y fiscaliza las políticas, las estrategias y la gestión del Sistema de Educación que comprende educación regular, alternativa y especial, y educación superior de formación profesional.

Gobierno Departamental

Debe encargarse de la infraestructura de las escuelas, Servicio Departamental de Educación, además de dotar, mantener y reponer el equipamiento de educación superior.

Gobierno Municipal

De acuerdo con sus capacidades, podrá: construir, administrar y mantener infraestructuras físicas y servicios básicos de las escuelas fiscales. Gestionar ante el Ministerio de Educación la planilla de recursos humanos necesarios.

Autonomía Indígena

Respetando las políticas fijadas por el nivel central del Estado, podrá dotar de alimentación complementaria, incluyendo el desayuno escolar, a los estudiantes de escuelas fiscales en su jurisdicción.

Salud

Gobierno Central

Garantiza, elabora, crea y ejerce la rectoría del Sistema Único de Salud. Desarrolla programas nacionales de prevención de la enfermedad en territorio de alcance mayor a un departamento. Respeta la medicina tradicional.

Formula y aprueba el Plan Departamental de Salud. Administra los establecimientos de tercer nivel.

Gobierno Municipal

Formula y ejecuta el Plan Municipal de Salud y su incorporación al plan de Desarrollo Municipal. Administra los establecimientos de primer y segundo nivel. Proporciona infraestructura sanitaria y su mantenimiento.

Autonomía Indígena

Formula y aprueba planes de salud en su jurisdicción. Formula e implementa políticas de atención sobre medicina tradicional.

Vivienda

Gobierno Central

Diseña y formula políticas generales del hábitat y la vivienda. Establece normas para la gestión municipal de riesgos en temáticas habitacionales.

Gobierno Departamental

Formula y aprueba políticas departamentales de vivienda. Supervisa programas y proyectos de construcción de vivienda

Gobierno Municipal

Diseña, aprueba y ejecuta políticas de desarrollo y asentamiento en su jurisdicción. Formula y aprueba políticas municipales de financiamiento de la vivienda.

Autonomía Indígena

Incorporará su cosmovisión territorial en los planes de su jurisdicción.

Servicios básicos

Gobierno Central

Formula políticas de servicios básicos para el país, comprendiendo dicho régimen el sistema de regulación de los servicios.

Gobierno Municipal

Ejecuta programas y proyectos de agua potable y alcantarillado conforme a la CPE y al marco del régimen hídrico de sus servicios y las políticas establecidas por el nivel central del Estado.

Aprueba las tasas de agua potable y alcantarillado.

Experto sugiere que gobiernos regionales generen impuestos

Debate: asamblea departamental de Santa Cruz, el 5 de junio

Descentralización: La CAF aconsejó definir primero las competencias autonómicas antes que las fuentes de financiamiento.

La Corporación Andina de Fomento (CAF) sugirió ayer que los gobiernos subnacionales (gobernaciones departamentales) generen sus propios recursos, a través de la creación de nuevos impuestos, para evitar las tradicionales transferencias que sólo fomentan la dependencia del Gobierno nacional.

El experto de la CAF y que proviene de Georgia State University de Estados Unidos Juan Luis Gómez dijo que “con la descentralización fiscal no sólo se debe aumentar la autonomía de gasto (en los gobiernos subnacionales), sino la responsabilidad recaudatoria”.

Este criterio surge en momentos en que en el país se elabora un proyecto denominado Ley Marco de Autonomías y Descentralización, cuyo objetivo es normar los cuatro niveles de autonomía inscritos en la Constitución Política del Estado (CPE): departamental, regional, municipal e indígena.

Según el Ejecutivo, sólo restan cuatro reuniones para para concluir la redacción del documento antes de enviarlo a la Asamblea Legislativa para su tratamiento y aprobación.

Gómez manifestó que si bien la capacidad de generación de ingresos de los gobiernos subnacionales en países como Bolivia es “limitada”, no significa que no se pueda hacer nada.

“Si se logra introducir nuevos instrumentos tributarios a escala regional que aumenten la recaudación en 0,5 por ciento, ya estamos dando un paso hacia adelante en la asunción de responsabilidades”.

De acuerdo con el experto, las tendencias internacionales apuntan a los impuestos medioambientales, aquellos que están relacionados con residuos sólidos, contaminación de cuencas, exposición de recursos hídricos o tratamiento de plásticos, para captar mayores ingresos, que, si bien llegan a ser “modestos”, constituyen una alternativa.

Otros, aunque más tradicionales, son los impuestos al patrimonio, la herencia, aunque también tienden a desaparecer. No obstante, en el país, en 2003, la creación de un impuesto a los salarios provocó una protesta generalizada en contra del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Para Gómez, una ventaja de la generación de tributos propios es que no debe rendirse cuentas al Gobierno nacional y, por tanto, mejora la autonomía de decisiones acerca del uso de esos recursos y la explicación sobre el gasto al ciudadano.

Sin embargo, antes de definir la fuente de los fondos, es fundamental delimitar las competencias de una instancia de gobierno subnacional, consideró Gómez, que es la clave para un proceso eficiente de descentralización.

Aseguró que “sin saber quién hace qué” será imposible identificar las necesidades de gasto y la discusión sobre fuentes de financiamiento será “estéril”.

En criterio del Gobierno, en el país, las gobernaciones, antes prefecturas, disponen de recursos económicos para afrontar una serie de nuevas competencias, resultado de anteriores transferencias de regalías, Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y coparticipaciones tributarias, además de bajas ejecuciones. Anunció también la redacción de leyes sectoriales para tratar temas como hidrocarburos, minería o salud.

Los gobiernos departamentales demandaron más recursos para asumir las nuevas competencias.

Gómez sugirió aplicar modelos asimétricos a la hora de determinar las competencias regionales, debido a que cada gobierno autónomo tiene distintas capacidades relativas a la gestión y a la asunción de nuevas responsabilidades.

Ven retraso en inversión pública

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, aseguró que la transición de los alcaldes y la falta de aprobación de la Ley Marco de Autonomías retrasan la ejecución de los recursos de inversión pública, según informa la agencia ANF.

“Estamos retrasándonos en gastar el dinero que debería ir al mejoramiento de escuelas, construcción de centros de salud, caminos vecinales, de barrios y eso nos perjudicaba”.

Sánchez explicó que mientras no se defina la redistribución de los recursos en el marco de la nueva Ley de Autonomías, los ediles del país no podrán tener posibilidades de materializar proyectos de mediano y largo plazo.

“En el tema de la inversión pública, definitivamente todo está parado porque mientras no termine de arrancar la redistribución de los ingresos con la Ley Marco de Autonomías, los alcaldes no van a poder disponer de más ingresos y no van a poder tener la posibilidad de generar a largo y mediano plazo proyectos que beneficien a la población”.

El representante de la patronal planteó la aplicación de medidas que permitan a los alcaldes ejecutar proyectos de manera inmediata. “Esto afecta a la inversión pública porque no se están pagando (por los) proyectos de carreteras”.

Datos

Un experto de la CAF asegura que la descentralización debe aumentar la responsabilidad recaudatoria.

Al igual que la responsabilidad del gasto, pero para ello es necesaria la generación de nuevos impuestos.

La tendencia internacional, asegura el especialista, hace hincapié en los impuestos medioambientales.

El Gobierno afirma que las gobernaciones tienen suficientes recursos para afrontar las nuevas competencias.

Dos regiones rechazan la asignación de presupuesto

Impasse: Santa Cruz y Tarija advierten que sin más presupuesto se ponen en riesgo las competencias autonómicas.

Las gobernaciones de Santa Cruz y Tarija rechazaron ayer la decisión gubernamental de no aumentar la asignación de fondos para las gobernaciones que ahora tienen más tareas para ejecutar en sus regiones.

El secretario de Coordinación Institucional y Desarrollo Autonómico de la Gobernación cruceña, Óscar Ortiz, expresó su desacuerdo con este planteamiento plasmado en el proyecto de Ley de Autonomías y Descentralización.

“Queremos una autonomía que puede desarrollarse, que puede ejercerse y disponer de los recursos necesarios para beneficio de nuestra población”.

El gobernador cruceño, Rubén Costas, anunció que los gobiernos departamentales necesitan más recursos económicos para ejecutar las competencias establecidas en la Constitución Política del Estado y las que se podrá añadir con la Ley Marco de Autonomías. “Se ofrecen más competencias, pero nos congelan y nos quitan recursos”.

Técnicos de la Gobernación cruceña y del Ministerio de Autonomías trabajan en una mesa técnica para concertar la nueva propuesta normativa antes de ser presentada a la Asamblea Legislativa, según un boletín informativo del gobierno departamental cruceño.

En el caso de Santa Cruz, según Ortiz, se plantea que áreas como educación y seguridad ciudadana deberían ser legisladas a escala nacional y ejecutadas en lo departamental, “para ello, es necesario definir la distribución de responsabilidades y recursos”.

El ministro de Autonomías, Carlos Romero, ratificó ayer a este medio que las gobernaciones recibirán la misma cantidad de recursos que percibían las prefecturas, esto porque los anteriores gobiernos departamentales supuestamente recibieron fondos en exceso pero no ejecutaron muchas tareas. A esto se suma la disminución de ingresos en las nueve gobernaciones en relación con 2009.

En Tarija, el secretario coordinador de Gobernabilidad, Mauricio Lea Plaza, rechazó la decisión gubernamental, ya que al asignar más competencias a las gobernaciones y restarles recursos económicos se va contra el ejercicio del régimen autonómico, que no solamente es la concentración del poder, sino la capacidad de los gobiernos departamentales de ejecutar sus atribuciones establecidas en la Constitución.

Lea Plaza manifestó que con esta determinación la autonomía corre riesgo porque no solamente afectará a los gobiernos departamentales, sino también a los niveles municipal e indígena.

“Actualmente se tienen mayores responsabilidades, pero a la vez esto no va a generar mayores recursos económicos”.

El ejecutivo seccional de la provincia Cercado de Tarija, Alfonso Lema, señaló que no existe una designación equitativa de los recursos en las regiones, por lo que es necesario un reajuste fiscal.

Para destacar

El Gobierno definió que las gobernaciones no recibirán más que las prefecturas departamentales.

La Constitución establece 36 competencias exclusivas para que sean ejecutadas por los gobiernos de las nueve regiones.

Dos gobernaciones reclaman la decisión gubernamental y plantean que se hagan ajustes al proyecto de ley.

La Ley Marco de Autonomías llegará a la Asamblea Legislativa antes del fin de semana para que sea debatida.

El Gobierno transfiere competencias sin plata

Los técnicos de la Gobernación cruceña y el Ministerio de Autonomías se reunieron ayer otra vez. Hay observaciones al Servicio Estatal.

El Día, 23 de Junio, 2010

La asignación de competencias en  educación, salud y seguridad ciudadana pero sin recursos y la suspensión temporal de autoridades fueron las principales observaciones que el Gobierno Departamental hizo ayer ante los técnicos del Ministerio de Autonomías, para cambiar el anteproyecto de la Ley Marco gubernamental que se presentó hace cuatro días.

Durante toda la jornada los secretarios del Gobierno Departamental, representantes de los municipios, asambleístas y parlamentarios se reunieron con los técnicos del Ministro de Autonomías, Carlos Romero, en la Gobernación Departamental, en una segunda reunión en busca de  consensos.

El gobernador cruceño, Rubén Costas, explicó al final de la tarde que el anteproyecto de Ley del Gobierno les da competencias pero no los recursos para ejecutarlos, poniendo en peligro la suspensión de programas de políticas públicas que se aplican para mejorar las condiciones de vida de los cruceños.

“Están queriendo que asumamos una serie de competencias, que nos parece fantástico porque ese es el tema de las autonomías, pero no nos están dando nada de recursos, y están más bien congelando los recursos que hoy tenemos y esto implica que tendremos que recortar programas, que no vamos a poder recortarlos porque tienen un efecto social importante”, aseguró Costas señalando que estos programas son la parte medular en su gestión.

De igual forma, continuó explicando que también hay problemas en las competencias concurrentes o compartidas donde el Gobierno no define específicamente el rol de la Gobernación Departamental, como en educación, seguridad ciudadana y salud.  Por su parte el secretario de Coordinación y Autonomía del Gobierno Departamental, Óscar Ortiz, apoyó al Gobernador asegurando que en estos tres ejes importantes para Santa Cruz se deja al debate posterior la designación de las competencias.

Otra de las observaciones que realizaron está en el intento de introducir en la Ley Marco de Autonomías consideraciones que no corresponden, como la suspensión temporal de autoridades,  buscando crear un Servicio Estatal de Autonomía para la resolución de conflictos, en vez del Tribunal Constitucional.

La mesa técnica no definirá ningún acuerdo, así lo confirmó Ortiz, explicando que tampoco tienen ninguna garantía que se atiendan las observaciones que están presentando para modificar el anteproyecto de Ley, que el Gobierno mostró recientemente el pasado viernes, en el primer encuentro con Santa Cruz.

Por tanto el senador de Convergencia, Germán Antelo, sostuvo que si las observaciones no son escuchadas por el Ministerio  de Autonomías las presentarán por escrito ante el pleno del Senado para que sean analizadas y debatidas.

Antelo también advirtió que el Gobierno pretende poner “candados” a la Ley de Autonomías, tal como lo hizo con las leyes del Órgano Electoral y del Poder Judicial, que dan al Presidente la potestad de elegir vocales del Órgano Electoral y al MAS en la Asamblea de proponer ternas para magistrados del Poder Judicial.

De las cinco leyes fundamentales que deben aprobarse hasta el 22 de julio, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización será la última en ser tratada y aprobada en la Asamblea Legislativa Plurinacional, informó la presidenta de la Comisión de Autonomías de la Cámara de Diputados, Betty Tejada, esperando el consenso con varios sectores.

Observaciones

Educación y seguridad ciudadana • Estas áreas tienen competencias concurrentes en la Constitución Política donde están legisladas por el nivel nacional pero ejecutadas a nivel departamental y municipal, por tanto exigen que en esta Ley Marco de Autonomía establezcan la distribución de responsabilidades y de recursos sin dejar el debate para después.

Salud• El Gobierno Departamental detectó que hay un problema en la entrega de los recursos porque no hay un aumento en lo económico pero sí  en las competencias. Aseguraron que las nuevas atribuciones necesitan ser sustentables.

Resolución de Conflictos • El anteproyecto del Gobierno en la Ley Marco de Autonomía establece la creación del Servicio Estatal de Autonomía que se encargará de resolver los conflictos de suspensión y competencias entre niveles autónomos, para la Gobernación Departamental y los sectores cruceños debe respetarse el mecanismo del Tribunal Constitucional.

http://www.ernestojustiniano.org/2010/06/gobernadores-recibirn-36-nuevas-competencias-pero-sin-un-centavo-ms-santa-cruz-y-tarija-protestan/