Sigue la impunidad de la justicia comunitaria – El Diario (Editorial) – 12.8.2010

El Diario - La Paz, 11-Ago-2010: Luego del asesinato a cuatro policías en la localidad de Uncía, hubo la “declaración formal” del Gobierno en sentido de que es acción irresponsable y criminal de la llamada “justicia comunitaria”, sería investigada y sancionados sus autores; sin embargo, se tardó mucho tiempo en conseguir la devolución de los cadáveres y, además, esa región se convirtió en reducto de los criminales.

Pese a todas las declaraciones y buenos propósitos de las autoridades para poner freno a estos extremos, hace pocos días se produjo otro linchamiento y en la misma localidad que, parecería, es una especie de desafío al Gobierno para demostrar que la justicia comunitaria no sólo actuaría con impunidad sino inmunidad, una situación en que se da libertad para desconocer la Constitución y las leyes y aplicar en forma directa sanciones que sólo a un salvajismo ignorante se le puede ocurrir.

Lo grave de esta situación es que el Gobierno, a través del Ministerio del ramo, la policía, la fiscalía, etc., hasta ahora no hayan logrado avances en el caso de Uncía y los culpables de los crímenes se rían de las leyes y las autoridades. ¿Por qué tanta permisividad con quienes actúan bajo pretextos de la justicia comunitaria y disponen de la vida de personas a las que consideran culpables de hechos ni siquiera denunciados menos investigados y juzgados? ¿Es que, en los hechos, el poder Judicial ha perdido tanto que debe ser reemplazado por el criterio y los instintos bárbaros de quienes se toman las leyes por su cuenta?

El hecho de que la “justicia comunitaria” haya sido incorporada en la Constitución no debe dar lugar a que cualquier persona o grupo se adjudique el derecho de juzgar presuntos delitos y aplicarles la sanción extrema como es la muerte mediante linchamientos y otros procedimientos totalmente ajenos a las leyes. No es justo ni digno para la propia conciencia del Gobierno nacional el que se llegue a los extremos que se vive en este campo, puesto que ya son muchas las víctimas que han perdido la vida en manos de ajusticiadores criminales que actúan con total libertad e impunidad, conscientes de que ninguna autoridad les hará sentir el peso de la justicia por la consumación de crímenes de lesa humanidad.

La “justicia comunitaria”, practicada en tiempos anteriores al coloniaje por los aymaras, tenía otras características y, sobre todo, tenía la égida de las autoridades como eran los mallcus, jilacatas, amautas y ancianos que regían los destinos de las comunidades y aplicaban sanciones conforme al tipo de faltas o delitos que se cometían; pero no había linchamientos indiscriminados tan sólo por haber sospechas de delitos nunca comprobados.

El Gobierno, no sólo por propia responsabilidad sino por lo que implica para lo que podríamos llamar “conciencia gubernativa”, debería actuar enérgica, honesta y responsablemente para identificar, apresar, juzgar y sancionar a los culpables de tantas víctimas de la llamada “justicia comunitaria”; de otro modo, quedará en la conciencia del país que el régimen está de acuerdo con crímenes que atentan contra los derechos humanos y violan todo el ordenamiento legal existente en el país. Creer que en atención a “reivindicaciones” del pasado se puede cometer tropelías con el pretexto de “aplicar justicia” contra presuntos culpables de hechos no comprobados, no implica que los crímenes de Uncía y otros sitios queden en el olvido y la impunidad. Si no hay condescendencia y apoyo de las autoridades a lo hecho, correspondería una atención rápida no sólo de las autoridades gubernamentales sino del propio Poder Judicial que debería actuar con mucha diligencia.

Fuente: El  Diario
Fecha: 11-Ago-2010

http://boliviademocratica.net/editoriales/sigue-la-impunidad-de-la-justicia-comunitaria-0-199965-183462.html

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