Burda complicidad – EL DIA (Editorial) – 10.6.2010
Las autoridades gubernamentales ya no disimulan su complicidad con los asesinos de cuatro policías en Uncía. Todo apesta.
Lo más espeluznante en relación al episodio que envuelve a Uncía no ha sido el asesinato de cuatro policías a manos de campesinos que han confesado su vinculación a las mafias de contrabandistas que dominan esa zona del Altiplano. Al final de cuentas son criminales que se escudan en el indigenismo y en las organizaciones territoriales ancestrales para cometer sus fechorías.
Lo más espantoso, decíamos, ha sido la actuación de las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia, que día que pasa comenten más atropellos contra el sentido común, hecho que los convierte en los más supinos cómplices de ese hecho criminal. Lo mismo ocurrió en septiembre del 2008 con los sucesos de Porvenir, aunque esa vez contaron con la ayudita que le brindó la Unasur a los perpetradores de esa masacre y el informe que elaboró el inefable Rodolfo Mattarollo.
La Policía, el Ministerio de Gobierno, la Fiscalía de Potosí, el Defensor del Pueblo y el propio presidente Morales, que en varias ocasiones ha justificado la acción de los “ayllus justicieros”, no han hecho más que confirmar que la ciudadanía boliviana es una quimera cuando se enfrenta a los intereses de los grupos que comulgan con el Gobierno y que –como se ha demostrado-pueden llegar al extremo de constituir un Estado dentro de otro, declarar la pena de muerte y establecer su propia doctrina de seguridad. Está por demás debatir sobre la reglamentación de la justicia comunitaria, porque lo que ha quedado claro es que los leales al régimen no tienen límites para arremeter contra el resto de los bolivianos.
La firma de aquel documento mediante el cual los familiares se comprometían a no enjuiciar a los asesinos, ha sido el acto de humillación más grotesco y que el Estado Plurinacional lo hubiera permitido fue simplemente una canallada, del mismo tamaño del esfuerzo que hace el Gobierno por negar evidencias, como la del asesinato del policía Nelson Alcócer, ocurrido mientras el ministro de Gobierno merodeaba en Uncía tratando de no enturbiar las cosas con los criminales. La última infamia ha sido la del fiscal del Distrito de Potosí, Sandro Fuentes, quien acaba de ensayar un nuevo salvavidas para los linchadores, afirmando que los cuatro efectivos murieron en un enfrentamiento entre contrabandistas de autos indocumentados.
El calvario que están atravesando los familiares de los policías asesinados es el resultado palpable de la forma cómo se está manejando la justicia en el país, ciega y cómplice de vejámenes indecibles, connivente con mentirosos y manipuladores, inútil frente al ciudadano indefenso, sin credibilidad, sin la menor vergüenza. En esa misma línea también se encuentra el Congreso, traba eficiente del esclarecimiento y la verdad.
Ayer se produjo otro linchamiento en Potosí y seguramente habrá muchos otros y de esa manera asistiremos a la institucionalización de la barbarie, a la generalización de la infamia y la destrucción de los últimos vestigios de la organización republicana, única capaz de promover la ciudadanía, en lugar de fomentar la tribalización, el canibalismo y la descomposición total de este país.
Las autoridades gubernamentales ya no disimulan su complicidad con los asesinos de cuatro policías en Uncía. Todo apesta.
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Tags: contrabandistas, justicia comunitaria, Porvenir, Uncía, “ayllus justicieros”
Sin categoría | Willi Noack 10 Junio 2010
