A la presencia del gobernador, uno por departamento, se suma la novedad de la participación de los asambleístas en la nueva configuración de la estructura gubernativa. Estos actores, que reemplazan a los antiguos consejeros departamentales, deberán fiscalizar pero además legislar, un privilegio que pocos países conceden en el mundo, dentro de territorios bien delimitados. Contrariamente a lo que muchos creían, los asambleístas tendrán un rol esencial en el funcionamiento de cada uno de los regímenes descentralizados.

En la posesión del domingo, las miradas apuntaron a los gobernadores, pero no tardaron en concentrarse en la conformación de las asambleas departamentales para, entre otras cosas, prever cuál será el grado de gobernabilidad de las autoridades ejecutivas. Y bastó un par de datos para saberlo: Ocho de nueve asambleas están constituidas mayoritariamente por representantes del MAS; y de esas ocho, en cinco el partido oficialista tiene un control absoluto, es decir, dos tercios de los votos asegurados.

Ahora bien, el trabajo de los asambleístas es una verdadera caja de Pandora. Se especula que, por su falta de experiencia, al menos los masistas se limitarían a levantar las manos para aprobar proyectos elaborados por asesores del Gobierno central. Esto, claro está, significaría retroceder a la concentración del poder en torno a la plaza Murillo, además de un irrespeto al nivel subnacional que con expectativa proponen las flamantes autonomías.

La determinación de los alcances de las autonomías es el próximo paso, luego de la aprobación de la “ley corta” en la Asamblea Legislativa Plurinacional mientras se espera la Ley Marco. Esta delimitación debe ajustarse a la medida de las necesidades del país y no ser funcional a los intereses de partido, con lo cual prevalecerían los números de la mayoría en cada departamento y se descartarían las buenas propuestas que puedan surgir de las bancadas minoritarias.

Este rejuvenecimiento de la democracia, un paso adelante desde todo punto de vista, tiene que ser respaldado con un voto de confianza pero, a la vez, de alerta. Si los asambleístas responden al partido del gobernador, ¿qué se puede esperar de ellos en su labor de fiscalización? Ahora que las competencias nacionales han sido redistribuidas, la autonomía no significa carta blanca para el manejo discrecional de los recursos.

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