Cualquiera  puede darse cuenta de las verdaderas intensiones de la Cumbre Social organizada por el Gobierno del MAS en Cochabamba. En realidad, lo que hacen las organizaciones sindicales congregadas en ese evento, es diseñar un país a imagen y semejanza del presidente Morales, tal como él lo quería con la Asamblea Constituyente o como se lo propuso con la promulgación de numerosas leyes aprobadas en tiempo récord en la Asamblea Plurinacional. En otras palabras, lo que buscan es terminar de  esbozar el sindicato soñado por el primer mandatario, cuyas reales intensiones pasan por destruir definitivamente la democracia y fundar un país que gire en torno a la coca.

Precisamente dos de las principales tendencias que se están marcando en la Cumbre Social, están dirigidas hacia la consolidación de un Estado cocalero, cuyas ramificaciones naturales conducen necesariamente hacia un narco-estado. Los dirigentes congregados en el centro del país, la zona de mayor influencia de la economía de la coca, han ratificado la vieja intensión gubernamental de modificar la Ley 1.008 de Sustancias Controladas, y no solo extender los cultivos legales de coca, de 12 mil a 20 mil hectáreas, sino también, despenalizar los sembradíos del Chapare, declarando a esa región como “zona tradicional” para las plantaciones de la “hoja sagrada”.

De concretarse dicha medida, no solo estaríamos ante las puertas de un formidable apalancamiento de la mayor industria ilegal que está haciendo estragos en el país, sino que esta acción podría significar un nuevo desborde de los cultivos que, de hecho, están por llegar a las 35 mil hectáreas. Esto se convertiría en la mayor acción de blanqueo del crimen nunca vista en el país y seguramente pocas veces experimentada en el mundo. De concretarse, Evo Morales estaría conduciendo a Bolivia a un estado de proscripción del que difícilmente podremos salir.

El otro tema en el que se ha enfocado la cumbre y sobre el que ya se han adelantado ciertas conclusiones tiene que ver con el peor enemigo señalado por el presidente Morales: la libertad de expresión.

Fue un pedido especial del jefe de Estado. Los dirigentes convocados en Cochabamba debían abordar uno de los temas que más le incomodan al primer mandatario; es decir, el pluralismo informativo que no ha sido capaz de destruir, pese a los constantes ataques que ya llevan seis años, la persecución, la judicialización de la comunicación social y el inmenso aparato publicitario movilizado, traducido en continuas campañas de desprestigio y, al mismo tiempo, el copamiento de un gran espectro informativo, con la compra de medios y mediadores.

Ni bien se instalaron las conversaciones, fue el Gobierno el encargado de direccionar el debate acusando a los medios de comunicación se ser los autores de las terribles vicisitudes políticas que está enfrentando el régimen. Ellos creen que son los medios los autores de la gran pérdida de credibilidad del “proceso de cambio” y se disponen a ejecutar las medidas que siempre estuvieron en la agenda del MAS; es decir, la imposición de fuertes regulaciones a la libertad de expresión, lo que en términos más claros se convertiría en la instauración de la censura previa en el país, algo que no lo hicieron mediante ley ninguna de las peores dictaduras.

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