El ministro de Comunicación, Iván Canelas, en rueda de prensa realizada en instalaciones de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, acusó a esas o­nG de financiar la marcha en rechazo la construcción del segundo tramo carretero Villa Tunari (Cochabamba) – San Ignacio de Moxos (Beni), y presionar a la dirigencia de la Cidob y del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis) para evitar una solución a sus demandas por la vía del diálogo, dice un comunicado de prensa de la Vicepresidencia.

“Nosotros hemos identificado algunas o­nG que ya no están cumpliendo una función para la que pidieron autorización del Estado, que es una función técnica, hoy están cumpliendo una fuerte función Política las o­nG Cejis, Fobomade y Lidema”, manifestó.

“Hemos identificado que no solamente presionan a los hermanos indígenas que sacrificadamente han asumido una movilización, sino que también se realiza un apoyo económico fuerte para tratar de mantener esta movilización. Queremos denunciar ese hecho, lamentamos que esas o­nGs hayan cambiado su función y objetivo de cooperación técnica con esos sectores y que hayan asumido una actitud política de desestabilización del Gobierno, afectando no solamente la imagen del mismo sino de sus principales autoridades como la del presidente Evo Morales, de manera que estamos identificando esa actitud. Lamentamos que hayan asumido una acción política y hayan generado conflictos de entrabamiento de soluciones a este conflicto”, precisó el ministro Canelas.

DIÁLOGO
A su vez, el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, explicó que desde el inicio de la marcha el Gobierno envió seis comisiones de alto nivel para la resolución del conflicto con la Comisión Política de la movilización, primero en Santa Cruz, después en Trinidad, San Ignacio de Moxos y dos veces en Puerto San Borja, involucrando a nueve ministros de Estado. Además, de cuatro viceministros, seis directores de ministerios, seis directores de entidades descentralizadas y equipos técnicos de apoyo.

Recordó, que el diálogo se inició bajo las condiciones de la dirigencia indígena, primero se estableció el encuentro con un comité de 13 representantes de la marcha, pero que la misma se desarrolló con más de 300 participantes. Segundo, se aceptó el encuentro en un escenario abierto del Instituto Tecnológico de la Universidad Técnica del Beni, aunque no haya sido el adecuado.

Tercero, que se movilice más de un tercio del gabinete de ministros y más de 20 funcionarios jerárquicos del Ejecutivo. Cuarto, que se lleve adelante la reunión con veedores del Defensor del Pueblo y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Quinto, que el encuentro se lleve adelante con la transmisión permanente de los medios de comunicación, aunque fue expulsado Bolivia TV. Sexto, que el diálogo se inicie con el tema de carretera hasta llegar a un acuerdo.

“Nos pidieron luego que presentemos la propuesta del tramo carretero y se presentaron siete alternativas con sus debidos sustentos técnicos. Las siete alternativas sistematizadas y expuestas por el Ministerio de Obras Públicas, la ABC y el Viceministerio del Medio Ambiente en la que se admite que se afecta el parque Isiboro Sécure, pero no en los términos interesados en sentido que se pone en riesgo el hábitat, la integridad del territorio y la sobrevivencia de esos pueblos”, manifestó.

“El Viceministerio de Medio Ambiente ha demostrado que la afectación de la cobertura forestal del parque es de 300 hectáreas con la construcción del camino. Es decir 300 hectáreas de cobertura forestal de una superficie de un millón doscientos mil hectáreas que representa el 0.035 por ciento de impacto en términos de afectación de la cobertura forestal directo con la construcción de la carretera”, precisó.

“Se han exhibido también elementos técnicos de estructura geológica y estabilidad de suelos, de impactos ambientales y de impactos socioculturales en cada una de esas posibilidades, todas esas alternativas fueron rechazadas por el Comité Político de la Marcha, entonces se les pidió que nos presenten una contrapropuesta que no ha sido presentado y se ha negado la posibilidad de presentarla”, declaró.

“Luego hemos debatido a acerca de la consulta, han reclamado que el Gobierno había vulnerado la Constitución porque no desarrolló el proceso de la consulta. Se informó que las consultas públicas realizadas en el tramo uno y en el tramo tres habían cumplido los procedimientos legales, que no era verdad que esas consultas fueron ficticias y engañosas, con documentación y en el marco de la aplicación de procedimientos legales”, dijo.

“El gobierno reconoció que respecto al tramo dos no se había viabilizado todavía la consulta, pero no es que no se pensaba hacerlo y les propusimos implementar el procedimiento de consulta con participación de los veedores externos que ellos mismos han definido como el Defensor del Pueblo, el Alto Comisionado y si quieren otro veedor”, explicó el Ministro de la Presidencia.

Además, señaló que por escrito se aclaró que la consulta se haría con los actores involucrados dentro del territorio del tramo dos, particularmente las 64 comunidades indígenas yuracarés, mojeñas, mojeñas trinitarios y mojeñas ignacianos que están dentro del Territorio Parque Isiboro Sécure.

“Esa consulta va a respetar las normas y procedimientos propios de los pueblos indígenas, no es el gobierno el que va a definir quién va a ser consultado, sino que van a ser los indígenas los que van a definir quiénes son sus interlocutores en el procedimiento de consulta, pero se rechazó también de momento esa posibilidad de la marcha. Los dirigentes han dicho que esa posibilidad debería hacerse antes de la marcha y que ahora era extemporánea, aunque quiero aclarar que la Constitución nos obliga a hacer la consulta y hay que hacerla”, precisó el ministro de la Presidencia, Carlos Romero.