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La Ley de Autonomías y adormecimiento social – OPINION (Editorial) – 29.7.2010

Incertidumbre. Varios aspectos plantean incertidumbre y deberían ser analizados venciendo el adormecimiento que atrapa a instituciones regionales cívicas y Gobernación.

La aprobación de esta ley en el escenario de la Asamblea Legislativa ha estado caracterizada por la presión del Ejecutivo y la consigna, lo que ha impedido una discusión reflexiva y en profundidad.

Si se realizaría una sondeo de opinión entre la ciudadanía sobre el grado de conocimiento que tiene sobre la nueva ley, seguramente que una gran mayoría respondería que la conoce de nombre y no podría dar explicaciones sobre el fondo. Esta carencia de conocimiento no es culpa del ciudadano, sino de la dinámica política planteada por el Gobierno, para la aprobación de leyes con la mayor rapidez y con el argumento de dar cumplimiento a una disposición constitucional que fijaba plazos perentorios. De tal manera, que las leyes no tuvieron suficiente discusión, la oposición no logró mayor influencia en su consideración y la difusión en la discusión legislativa pensando en la gente fue nula.

Ahora mismo, cuando la ley ha sido promulgada por el Presidente del Estado Plurinacional, da la impresión que su análisis ha pasado a un segundo plano ante lo cotidiano de otros hechos que en realidad están en la coyuntura y que quizá no influyan mayormente en la vida de las personas y de sus regiones. En cambio la Ley de Autonomías sí que tendrá gravitación en el futuro ciudadano e institucional.

Habría que empezar a pensar qué ocurrirá cuando ingrese en plena vigencia y sean anuladas las leyes de Participación Popular, Descentralización y de Municipalidades, lo que sin duda alguna, originará situaciones que plantearán vacíos e incertidumbres.

Hay quienes piensan que en ese momento se presentará un verdadero caos en el funcionamiento institucional, porque los municipios, por ejemplo, se darán cuenta que para refaccionar un hospital tendrán que pedirle plata al Gobierno central. Antes esta era una atribución exclusiva de la Alcaldía pero en adelante será concurrente con el Gobierno. Se citan otras situaciones. En seguridad, al derogarse la Ley de Descentralización el Gobierno no manda a la Policía Departamental y ésta depende exclusivamente del Ministerio de Gobierno. En Educación al derogarse la Ley de Participación Popular, los municipios deberán coordinar con el nivel central el pago de ítemes de maestros y hasta los gastos de administración de las escuelas que estaban en manos de los municipios. En Salud, el nivel central coordinará el pago de ítemes para médicos y hasta la administración de hospitales, atribución que en la Ley de Participación estaba conferida en el último de los casos a los municipios.

Otro aspecto para puntualizar es el relacionado con la División Territorial, pues antes estaba conformada por departamentos, provincias, municipios y secciones y en adelante desaparecen las secciones de provincias y son reemplazadas por las autonomías indígenas, lo que podría desencadenar conflictos como el que anticipan en el Beni con el Parque Isiboro Sécure, entre Beni y Cochabamba o por recursos naturales.

Este es un breve panorama de lo que puede ocurrir, y que necesariamente, debería ser tomado en cuenta, más allá de este adormecimiento que parece atrapar a las instituciones regionales representativas, a las entidades sociales y cívicas y a las mismas gobernaciones que al final de cuentas tienen obligaciones ante su pueblo.

Existe un criterio generalizado en sentido de que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización es uno de los instrumentos más importantes en la nueva estructura del Estado boliviano, pero paradójicamente este instrumento legal no ha merecido análisis pormenorizado en sus efectos y consecuencias.La aprobación de esta ley en el escenario de la Asamblea Legislativa ha estado caracterizada por la presión del Ejecutivo y la consigna, lo que ha impedido una discusión reflexiva y en profundidad.Si se realizaría una sondeo de opinión entre la ciudadanía sobre el grado de conocimiento que tiene sobre la nueva ley, seguramente que una gran mayoría respondería que la conoce de nombre y no podría dar explicaciones sobre el fondo. Esta carencia de conocimiento no es culpa del ciudadano, sino de la dinámica política planteada por el Gobierno, para la aprobación de leyes con la mayor rapidez y con el argumento de dar cumplimiento a una disposición constitucional que fijaba plazos perentorios. De tal manera, que las leyes no tuvieron suficiente discusión, la oposición no logró mayor influencia en su consideración y la difusión en la discusión legislativa pensando en la gente fue nula.Ahora mismo, cuando la ley ha sido promulgada por el Presidente del Estado Plurinacional, da la impresión que su análisis ha pasado a un segundo plano ante lo cotidiano de otros hechos que en realidad están en la coyuntura y que quizá no influyan mayormente en la vida de las personas y de sus regiones. En cambio la Ley de Autonomías sí que tendrá gravitación en el futuro ciudadano e institucional.Habría que empezar a pensar qué ocurrirá cuando ingrese en plena vigencia y sean anuladas las leyes de Participación Popular, Descentralización y de Municipalidades, lo que sin duda alguna, originará situaciones que plantearán vacíos e incertidumbres.Hay quienes piensan que en ese momento se presentará un verdadero caos en el funcionamiento institucional, porque los municipios, por ejemplo, se darán cuenta que para refaccionar un hospital tendrán que pedirle plata al Gobierno central. Antes esta era una atribución exclusiva de la Alcaldía pero en adelante será concurrente con el Gobierno. Se citan otras situaciones. En seguridad, al derogarse la Ley de Descentralización el Gobierno no manda a la Policía Departamental y ésta depende exclusivamente del Ministerio de Gobierno. En Educación al derogarse la Ley de Participación Popular, los municipios deberán coordinar con el nivel central el pago de ítemes de maestros y hasta los gastos de administración de las escuelas que estaban en manos de los municipios. En Salud, el nivel central coordinará el pago de ítemes para médicos y hasta la administración de hospitales, atribución que en la Ley de Participación estaba conferida en el último de los casos a los municipios.Otro aspecto para puntualizar es el relacionado con la División Territorial, pues antes estaba conformada por departamentos, provincias, municipios y secciones y en adelante desaparecen las secciones de provincias y son reemplazadas por las autonomías indígenas, lo que podría desencadenar conflictos como el que anticipan en el Beni con el Parque Isiboro Sécure, entre Beni y Cochabamba o por recursos naturales.Este es un breve panorama de lo que puede ocurrir, y que necesariamente, debería ser tomado en cuenta, más allá de este adormecimiento que parece atrapar a las instituciones regionales representativas, a las entidades sociales y cívicas y a las mismas gobernaciones que al final de cuentas tienen obligaciones ante su pueblo.

http://www.opinion.com.bo/29/07/2010/la-ley-de-autonomias-y-adormecimiento-social/

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