Manifiesto del Comité pro Santa Cruz sobre la EBRP y el DN 2000 – abril de 2001

El presente Manifiesto del Comité Pro Santa Cruz (CPSC) sobre la Estrategia Boliviana de Reducción a la Pobreza (EBRP) y el Diálogo Nacional (DN) 2000 tiene como objetivo: comparar sinóptica y cronológicamente las exigencias políticas del pueblo boliviano en el DN 2000, la forma y contenido de la respuesta actual del Gobierno Central, y los lineamientos que persigue el CPSC.

Por: Comisión de Asuntos Políticos del Comité pro Santa Cruz

Integrantes:

Dr. Germán Antelo

Dr. Willi Noack

Ing. Ernesto Justiniano Urenda

Santa Cruz de la Sierra, abril de 2001.



TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO.. 2

Sinopsis. 2

Misión del Comité pro Santa Cruz. 2

Visión de Futuro – Consolidar la democracia. 2

Estatuto Orgánico del Comité pro Santa Cruz. Art. 3.- 2

Condiciones de países condonantes para la condonación HIPC II, transcripción  BM/FMI 2

Continuar con las condiciones del HIPC I 2

Condiciones adicionales. 2

“El Diálogo Nacional  2000”. 2

Demandas articuladas en la “Agenda Política”, referente institucionalidad y gestión. 2

Perfeccionamiento del Sistema Institucional 2

Perfeccionamiento de la democracia representativa y de sistemas de representación. 2

Perfeccionamiento del Sistema de Legitimación. 2

Perfeccionamiento del Sistema Electoral 2

Demandas articuladas en la “Agenda Social”, referente al tema “institucionalidad y gestión” (extracto) 2

Propuestas Institucionales en los tres niveles de la administración pública. 2

Gobierno central 2

Prefectura. 2

Gobierno Municipal 2

Principales propuestas para el sistema de gestión pública. 2

“Estrategia boliviana de reducción de la pobreza (EBRP)”. 2

Matriz de Acciones y Políticas Prioritarias. 2

Acciones Estratégicas. 2

Profundizar la Descentralización. 2

Progresividad en la distribución de los recursos. 2

Adecuación institucional 2

Control Social 2

Reducción de la corrupción. 2

Anteproyecto “Ley del Diálogo Nacional ”, presentado por el Gobierno central. 2

Propuesta del Presidente Banzer. 2

La reforma propuesta establece en el numeral 26: 2

El Gobierno nacional tergiversa las demandas de la sociedad civil. 2

El Comité pro Santa Cruz exige el cumplimiento de los mandatos de la sociedad civil. 2

Anexo 1. Sistema Diálogo Nacional 2000 – Agenda Política. 2

Sinopsis

El presente Manifiesto del Comité Pro Santa Cruz (CPSC) sobre la Estrategia Boliviana de Reducción a la Pobreza (EBRP) y el Diálogo Nacional (DN) 2000 tiene como objetivo: comparar sinóptica y cronológicamente las exigencias políticas del pueblo boliviano en el DN 2000, la forma y contenido de la respuesta actual del Gobierno Central, y los lineamientos que persigue el CPSC.

Iniciamos este manifiesto con la misión del Comité pro Santa Cruz. Luego, con las condiciones de los países condonantes para la condonación HIPCII porque fue la articulación necesaria para que el pueblo boliviano pueda expresarse integral y participativamente a través del DN 2000.

Seguidamente llegamos al DN 2000, máxima tribuna que ha podido tener el pueblo soberano en los últimos tiempos.

Después exponemos como el Gobierno no ha traducido ni asimilado las exigencias del pueblo, a través de sus siguientes respuestas al DN 2000:

“Estrategia boliviana de reducción de la pobreza (EBRP)”

Anteproyecto “Ley del Diálogo Nacional ”

Propuesta del Presidente Banzer, 50 reformas a la CPE

Finalmente incorporamos dos declaraciones del Comité pro Santa Cruz,  solicitando al Poder Ejecutivo que cambie su actitud, hacia un compromiso irrevocable con el verdadero mandato ciudadano expresado en el DN 2000; las cuales son:

“El Gobierno nacional tergiversa las demandas de la sociedad civil”, de fecha 21 de marzo de 2001

“El CPSC exige el cumplimiento de los mandatos de la sociedad civil”, de fecha 11 de abril de 2001.

Comité pro Santa Cruz

Santa Cruz, 11 de abril de 2001.

Misión del Comité pro Santa Cruz

Comité pro Santa Cruz, Tel. 03-342777, Fax 03-341812, prostacruz@cotas.com.bo

Visión de Futuro – Consolidar la democracia

(A través de la descentralización, en un estado de derecho, basado en el principio de la subsidiaridad y plena vigencia de la justicia.)

Presidente de la República elegido por voto popular y directo.

Independencia plena de los 3 Poderes del Estado.

Poder Legislativo elegido por voto popular y directo, separadamente del Poder Ejecutivo.

Prefectos, consejeros departamentales, Subprefectos y Corregidores elegidos por voto popular y directo.

Alcaldes elegidos separadamente de los consejales y estos elegidos por distrito.

Gobiernos Municipales con plena autonomía con poder convocatoria electoral y capacidad de elaborar su carta orgánica municipal.

Referéndum y Plebiscito incluidos en la CPE.

Poder Legislativo elegido parcialmente, con renovaciones del 50%.

Gobiernos departamentales en una Bolivia plenamente descentralizadas.

Coparticipación tributaria asignada en base a la población calculada a través de proyecciones intercensales anuales.

Narcotráfico erradicado y Ley 1008 sin vigencia.

Ley SAFCO aplicada sistemáticamente.

Consejo de la Judicatura, Tribunal Constitucional y Defensor del Pueblo constituidos.

Administración pública transparente.

Justicia con jurisprudencia y no apenas procesal.

Reconocimiento internacional que en Bolivia hay respeto y cumplimiento de  las Leyes.

Despolitización e Institucionalización de la carrera de Administración Pública en vigencia.

Derecho de todo ciudadano de ser postulado a cualquier cargo público, sin necesidad de la intervención de los partidos.

Estatuto Orgánico del Comité pro Santa Cruz. Art. 3.-

“El Comité pro Santa Cruz tiene como objetivos primordiales: promover, por todos los medios disponibles, el desarrollo humano, cultural, social y económico del Departamento, precautelando la racional explotación de sus recursos naturales y la conservación del medio ambiente, bajo la premisa del desarrollo sostenible; preservar los valores morales y la identidad regional, y asumir la defensa de los intereses colectivos, para alcanzar el bien común.”


Condiciones de países condonantes para la condonación HIPC II, transcripción  BM/FMI

Fuente: dialogolcp.gov.bo/dialogolcp

Continuar con las condiciones del HIPC I

Mejorar la transparencia

Reducir la corrupción

Condiciones adicionales

Diseño de una estrategia de reducción de la pobreza.

La EBRP debe ser participativa (cita: “contemplando las demandas y necesidades de la sociedad”)

La EBRP debe ser integral (cita: “atacando todos los aspectos posibles de las causas de la pobreza”)

Uso específico de fondos liberados.

La EBRP debe contar con mecanismos de asignación y monitoreo

Cita: “debe llevarse a cabo el DN, para que éste sea el mecanismo de base para la elaboración de una estrategia final de reducción de pobreza”.

Comentario del CPSC:

Las condiciones compensan  la falta de voluntad de la clase política para reformar al Estado.

La EBRP debe atacar todos los aspectos posibles de la causa de la pobreza. Esta exigencia del BM/FMI significa que el Estado debe reformarse profundamente. Su actual estructura, ineficiente y corrupta, se convierte en la principal causa de pobreza.

“El Diálogo Nacional  2000”

(Documento publicado por el Gobierno central, transcripción completa del tema institucionalidad y gestión)

ebrp@udape.gov.bo

Demandas articuladas en la “Agenda Política”, referente institucionalidad y gestión

Perfeccionamiento del Sistema Institucional

Profundización de la descentralización administrativa

Organización y funcionamiento del Ministerio Público y procuraduría

Fortalecimiento institucional de las cortes de Justicia, Consejo de Judicatura y Tribunal Constitucional y eficacia de la administración de justicia

Perfeccionamiento de la Corte Nacional Electoral y articulaciones de las cortes departamentales

Sistema de control gubernamental y sistema de regulación

Articulación en niveles de gestión pública, ministerios, fondos, prefecturas y gobiernos

Reforma e institucionalización en fondos y servicios (renta, SNC, otros, al estilo Aduana)

Implementar mecanismos de control para la lucha contra la corrupción.

Perfeccionamiento de la democracia representativa y de sistemas de representación

Descentralización y representatividad en la elección de consejeros departamentales y de prefectos

Parlamento unicamaral con representación territorial

Elección y funcionamiento de gobiernos municipales (censura constructiva)

Elección de uninominales

Mecanismos de incorporación de la sociedad civil a procesos electorales

Perfeccionamiento de sistemas de partidos políticos (reinegienría estructural sobre la organización de los partidos políticos para la aplicación estricta del mandato legal vigente)

Perfeccionamiento del Sistema de Legitimación

Mecanismos de rendición de cuentas de actos

Mecanismos de participación democrática en las decisiones públicas y su institucionalización

Institucionalización de mecanismos de consultas nacionales (referéndum, plebiscito, consulta popular)

Modificación de la Constitución Política del Estado referente al grado de responsabilidad y representatividad

Perfeccionamiento del Sistema Electoral

Eliminar monopolio de partidos en elecciones municipales

Democratización de Partidos Políticos


Demandas articuladas en la “Agenda Social”, referente al tema “institucionalidad y gestión” (extracto)

Propuestas Institucionales en los tres niveles de la administración pública

Gobierno central

Disminución de la burocracia

Gestión por resultados e institucionalización de cargos

Prefectura

Reformas a la Ley de Descentralización (participación ciudadana)

Gobierno Municipal

Correcta y total aplicación de la Ley de Participación Popular

Adecuación de la Ley SAFCO, para su aplicación a nivel municipal

Principales propuestas para el sistema de gestión pública

Elección de prefectos y consejeros departamentales por voto popular directo

Parlamento unicamaral, territorial, “igualitario”

Ampliar el derecho a la representación política, para organización e instituciones de pueblos originarios y ciudadanos

Institucionalizar mecanismos de participación (Diálogo)

Incorporar en la CPE: Referéndum, consulta popular, plebiscito, iniciativa legislativa popular

Descentralización Política y Administrativa Prefectural

Elección del 100% de diputados, por circunsripciones uninominales

Elección de presidente y vicepresidente en 2da vuelta. Eliminar monopolio de representación política de partidos


“Estrategia boliviana de reducción de la pobreza (EBRP)”

Documento del Gobierno central, ebrp@udape.gov.bo

Matriz 8.1 de la EBRP, Pág. 125 (trascripción completa):

Matriz de Acciones y Políticas Prioritarias

Fortalecer la institucionalidad para la EBRP

Acciones Estratégicas

Plan de Acción Instrumento normativo

Profundizar la Descentralización

Revisión de competencias y atribuciones entre Gobiernos Municipales, Prefecturas y Gobierno Nacional Ley del Diálogo Nacional
Transferir las responsabilidades de la administración de recursos humanos en educación y salud a los Gobiernos Municipales Ley del Diálogo Nacional
Ordenamiento territorial Ley de Definición de la División Política Administrativa Municipal

Progresividad en la distribución de los recursos

Transferencia de recursos por fórmula considerando criterios de incidencia de pobreza y población Ley del Diálogo Nacional

Adecuación institucional

Dar continuidad a la institucionalización de la Aduana Nacional y el Servicio de Impuestos Designación del Directorio de Impuestos Internos
Iniciar la Institucionalización del Servicio de Caminos Designación del Directorio del SNC
Incorporar en la dirección de los Fondos representantes de los Gobiernos Municipales y de la Sociedad Civil Ley del Diálogo Nacional
Consolidar el proceso de institucionalización del INE Ley de Institucionalización del INE
Recomponer los Consejos Departamentales Ley del Diálogo Nacional

Control Social

Fortalecimiento de los Consejos Consultivos con representantes de las organizaciones sociales (funcionales)

Reconocimiento de las organizaciones que vayan a ser conformadas por convocatoria de la Iglesia para ejercer el Control Social en los niveles Departamental y Nacional

Incorporar representantes de la Sociedad Civil en el DUF, INE y Consejos Departamentales

Ley del Diálogo Nacional

Reducción de la corrupción

Consolidación de las Reformas Judiciales, funcionamiento independiente de los órganos del sistema judicial Aprobar Leyes del Ministerio Público y Poder Judicial
Aplicación de sistemas de transparencia en la administración pública: (I) Implementar la carrera administrativa en el marco del Estatuto del Funcionario Público, (II) implementar los sistemas de información y administración financiera en el marco de la Ley SAFCO Aprobar Decreto de Declaración Jurada de Bienes
Eliminación del monopolio de los partidos políticos para el acceso a los Gobiernos Municipales Implementar SIGMA en Adm. Pública
Regulación del derecho de inmunidad parlamentaria Modificaciones a la CPE

Citamos de la EBRP:

“En el nivel departamental, como ya señaló el Diálogo Nacional, las Prefecturas deben ser fortalecidas y sus mecanismos deben ser mejoradas. Una de las principales deficiencias detectadas en las Prefecturas y que, en alguna medida, puede ser la explicación de su bajo desempeño, es la existencia de una situación de ambigüedad en su estructuración institucional. Por un lado, los Prefectos son designados desde el Gobierno central, siendo por tanto, parte del Gobierno central, pero a la vez cuentan con un Consejo Departamental elegido desde los Gobiernos Municipales, y que tiene atribuciones no sólo de fiscalización, sino también de co-administración de las prefecturas (aprobación de presupuestos, contratos de obras, estado de cuentas y otros). Esta dualidad ha generado un sistema perverso[1] en el que ni la función administrativa a cargo del prefecto ni la función fiscalizadora pueden efectivamente ser cumplidas.” (EBRP, No. 598)

“Para corregir este problema, se plantea la necesidad de aclarar la situación institucional de las Prefecturas reconociendo que, mientras no se implementen modelos de descentralización política (a través de cambios en la CPE), estas instituciones están a cargo del Poder Ejecutivo nacional, y su fiscalización, como el resto de la administración pública, está a cargo del Parlamento Nacional y de la Contraloría General de la República. Lo que hace falta entonces es desarrollar un efectivo mecanismo de control social desde los Consejos Departamentales, que deben existir por mandato constitucional Estos consejos departamentales serán recompuestos para constituirse en representaciones efectivas de cada departamento. Un tercio de sus miembros será representante de los Gobiernos Municipales con participación directa de los Presidentes de Concejo Municipal, un tercio será representante de los Comités de Vigilancia y un tercio será representante de las organizaciones de la sociedad civil a nivel departamental.” (EBRP, No. 599)

“El control social debe ser entendido como el ejercicio de un derecho ciudadano reconocido en la CPE de acceder a la información sobre la administración pública y la posibilidad de solicitar que se atiendan las demandas legítimas y se dé satisfacción a las necesidades básicas de los ciudadanos. El control social deberá concentrar su atención en la verificación de los resultados de la gestión pública y deberá contar con canales expeditos e institucionales para presentar denuncias o reclamos en los casos que sea necesario.” (EBRP, No. 608)

Observación del CPSC:

El Gobierno central asigna al “control social” una prioridad que no resulta del DN 2000 y que no está autorizado por el pueblo soberano. Para comprobarlo, consulte los numerales 598, 599 y 608 de la EBRP, que sirven de ejemplo justificador. El Gobierno hace caso omiso a las demandas fundamentales emanadas del DN 2000.

Por supuesto, la EBRP contiene propuestas buenas, pero no contempla la reforma del Estado boliviano, pedido en el DN 2000, condición imprescindible, aunque no suficiente, para lograr los objetivos del HIPC II.

Por lo tanto, el CPSC rechaza la EBRP en la versión presente.


Anteproyecto “Ley del Diálogo Nacional ”, presentado por el Gobierno central

ebrp@udape.gov.bo

Basta demostrar en sólo un ejemplo la franca desobediencia al mandato de la sociedad civil.

Cita: “Designación de Consejeros Departamentales”

Los Concejales Municipales de cada una de las provincias del departamento designarán de entre sus miembros y por dos tercios de votos de los presentes, a sus representantes provinciales para el Consejo Departamental.

En las provincias que tengan derecho a uno o más consejeros adicionales por razón de población, la designación se hará respetando la proporción poblacional de cada sección municipal dentro de la provincia y estará a cargo del Concejo Municipal correspondiente.

Los Concejales Municipales podrán revocar la designación de Consejeros por dos tercios de votos de sus miembros presentes, por causales establecidas mediante reglamento.

La Corte Nacional Electoral, a través de las cortes Departamentales Electorales, reglamentará y conducirá los procesos de elección y designación de los miembros de los Consejos Departamentales a que se refieren los parágrafos I y II del presente artículo.” (Art. 17 del Anteproyecto)

Observación del CPSC:

No se prevé la elección directa de las autoridades departamentales por voto directo pedido por el pueblo soberano en el DN 2000.


Propuesta del Presidente Banzer

“50 reformas a la CPE”, del 14.02.2001

La reforma propuesta establece en el numeral 26:

El Prefecto administra e invierte los ingresos departamentales conforme a presupuesto y con estricta sujeción a la ley, rindiendo cuenta al Consejo Departamental.“El Consejo Departamental es presidido por el Prefecto y está conformado por los senadores, y los diputados uninominales del Departamento respectivo.”

Observación del CPSC:

El CPSC no acepta la falta de respeto a las reales demandas de la sociedad civil, expresadas en el DN 2000 y rechaza la propuesta en la versión actual, pues la elección directa del Prefecto es uno de los objetivos principales de la reforma del Estado, y pedido por la sociedad en el DN 2000.

En el Anteproyecto de Ley del Diálogo Nacional 2000 y en la propuesta de 50 reformas a la CPE se borran las demandas, casi unánimes, del pueblo boliviano en el DN 2000, tales como:

  • Lograr una real Descentralización Política y Administrativa.
  • Elegir, mediante votación directa a los prefectos y consejeros departamentales.
  • Eliminar el monopolio de los partidos políticos.
  • Crear instrumentos de democracia directa, como el Referéndum.
  • Eliminar la impunidad y la corrupción.
  • Implementar la carrera del funcionario público.
  • Aprobar y Promulgar la Ley de Necesidad de Reforma a la Constitución Política  del Estado, conjuntamente con una Ley Diálogo Nacional que incluya los reales mandatos de la sociedad boliviana.


El Gobierno nacional tergiversa las demandas de la sociedad civil

La sociedad civil ha manifestado a lo largo de estos últimos años, a través de los medios informativos y en distintos escenarios del país, la necesidad de perfeccionar nuestra democracia, aspiración que ha quedado plasmada en los diversos encuentros del Foro Jubileo  y Diálogo Nacional, en los que la ciudadanía ha propugnado: una real Descentralización Administrativa; elección directa de autoridades superiores; la eliminación del monopolio de los partidos políticos; creación de instrumentos de democracia directa, como el Referéndum; eliminación de la impunidad;  la cabal implementación de la carrera del funcionario público, entre otras importantes demandas. Se plantea, consiguientemente, pasar de una democracia formal a una democracia participativa, que incorpore verdadera y efectivamente a la sociedad civil a través de mecanismos adecuados que le permitan ser reconocida, respetada y tomada en cuenta en la adopción de decisiones públicas.

Sensiblemente, a través de recientes documentos: Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP), Anteproyecto de Ley del Diálogo Nacional  (DN), el Resumen Oficial del Diálogo Nacional  y la Propuesta de 50 Reformas a la Constitución Política del Estado (CPE), el Gobierno nacional da pruebas de que no ha interpretado correctamente las exigencias de la sociedad civil. En lugar de propiciar la transformación del Estado mediante reformas estructurales de fondo que ataquen la corrupción que ocasiona la falta de confianza del ciudadano en sus representantes e instituciones públicas, el Gobierno no implementa adecuadamente los diversos controles sociales, mecanismos que han sido calificados como prioritarios en los mencionados diálogos. Sin embargo, es propicio recordar que el control social puede complementar la fiscalización, pero nunca sustituirla, como lo demuestra la mala experiencia de su práctica en numerosos comités de vigilancia, concejos municipales y consejos departamentales.

El Comité pro Santa Cruz rechaza la pretensión gubernamental de corresponzabilizar a la sociedad civil para introducir “cambios” que no responden a la esencia de lo manifestado en los diálogos; por lo tanto expresa su disconformidad por una campaña televisiva oficial que tiende a dar por cierto lo que no se ha dado en los hechos.

Nuestra institución cívica viene demandando desde hace mucho tiempo el perfeccionamiento del modelo de democracia vigente en el país y hoy renueva esta petición, solicitando se apruebe y promulgue, sin mayores demoras, la Ley de Necesidad de Reforma a la constitución Política del Estado.

Por las razones expuestas, el Comité pro Santa Cruz no aprueba, tal como se los ha propuesto, los textos referentes a la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, la Propuesta de 50 reformas a la Constitución Política del Estado y el Anteproyecto de Ley del Diálogo  en la versión oficial que conocemos, y hace pública su preocupación por las consecuencias funestas que este proceder podría generar, y que se traducirían en frustración y malestar general entre la ciudadanía y pérdida total de confianza en los poderes públicos, entre otros posibles riesgos que ponen en peligro nuestra frágil democracia, lograda con sangre y sacrificio del pueblo boliviano.

Santa Cruz de la Sierra, 21 de marzo de 2001.   Cr. Lorgio Paz Stelzer.  PRESIDENTE CPSC

El Comité pro Santa Cruz exige el cumplimiento de los mandatos de la sociedad civil

El Comité pro Santa Cruz, mediante declaración pública emitida el 21 de marzo, expresó su profunda preocupación por la equivocada interpretación que el Poder Ejecutivo ha realizado del proceso y las conclusiones emanadas, como mandatos, del Diálogo Nacional 2000.

Es aceptado por todos que el Diálogo ha sido una corta, pero plena demostración de democracia participativa, en la que cientos de miembros de la sociedad civil, representando a la ciudadanía de todos los cantones, provincias y departamentos del país, han analizado relevantes temas vinculados con el presente y futuro de nuestra nación.

Sensiblemente, pese a que con dicho pronunciamiento institucional se esperaba que el Gobierno nacional enmiende las actitudes asumidas, aún no se tiene una respuesta que traduzca la franca voluntad de superar tales fallas que distorsionan y minimizan las posiciones adoptadas.

El Comité pro Santa Cruz, conforme a los principios que le guían su desenvolvimiento, alerta sobre el atropello que se consumaría si el Poder Ejecutivo persistiese en seguir promoviendo aquellos documentos que no cuentan con el necesario consenso para coronar positivamente el noble esfuerzo que los participantes del Diálogo dedicaron en beneficio de nuestro país. Algunos incumplimientos son: el Control Social ha sido limitado a una mínima expresión en el Anteproyecto de Ley del Diálogo. Igualmente se está incumpliendo los acuerdos definidos por las Agendas Social y Económica del Diálogo Nacional.

Lo más preocupante, sin embargo, es la falta de comprensión de una primordial necesidad ante la inconclusa agenda política, puesto que si no se reforma profundamente al Estado transformándolo en gestor y articulador de acciones que conlleven al bienestar social y económico, la reducción de la pobreza será un quimera.  El optar por reformas parciales sería como verter sólo gotas de agua en el desierto de la pobreza, cuando lo que se busca es riego para que el jardín de la prosperidad florezca en nuestro país. Nuestra crisis económica y social se debe en gran medida a las deficientes estructuras políticas.

Por ello, una vez más, demandamos del Poder Ejecutivo y la clase política que asimilen, genuinamente y sin distorsiones, los mencionados mandatos, y se convoque al Congreso Nacional para que se cumplan las siguientes exigencias del Diálogo Nacional 2000:

Lograr una real Descentralización Política y Administrativa.

Elegir, mediante votación directa a los prefectos y consejeros departamentales.

Eliminar el monopolio de los partidos políticos.

Crear instrumentos de democracia directa, como el Referéndum.

Eliminar la impunidad y la corrupción.

Implementar la carrera del funcionario público.

Aprobar y Promulgar la Ley de Necesidad de Reforma a la Constitución Política  del Estado, conjuntamente con una Ley Diálogo Nacional que incluya los reales mandatos de la sociedad boliviana.

En caso de que las autoridades gubernamentales continúen relegando los mandatos emanados del Diálogo y largamente propiciados por el Movimiento Cívico del país, nos veremos obligados a denunciar ante la comunidad internacional, incluyendo a los países acreedores, el incumplimiento de las condiciones imprescindibles para condonar nuestra deuda externa. Por ello nuevamente llamamos a la reflexión al Poder Ejecutivo para que enmiende y corrija los errores cometidos, con señales claras que demuestren su voluntad de cambio.

El Comité pro Santa Cruz, en procura del fortalecimiento de la democracia y como organización cívica representativa de las fuerzas vivas del departamento, demanda se revise la versión oficial del Gobierno en torno a las referidas conclusiones, la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, el Anteproyecto de Ley del Diálogo Nacional 2000, y la Propuesta de 50 reformas a la Constitución.

El Directorio del Comité pro Santa Cruz emplaza al Poder Ejecutivo, a partir de la fecha y hasta el próximo jueves 19 a horas 18:00, a establecer un compromiso irrevocable de cumplir con los mandatos del pueblo boliviano.

Santa Cruz de la Sierra, 11 de abril de 2001.

Nota: Aducimos pruebas en documento “Manifiesto del CPSC sobre la EBRP y el DN2000” adjunto, el cual forma parte de esta declaración expuesta.

Anexo 1. Sistema Diálogo Nacional 2000 – Agenda Política

Causa Demandas de la sociedad civil boliviana Respuesta del Gobierno nacional
· Pobreza
· Condiciones HIPCII
· Diálogo Nacional 2000 · EBRP
· Anteproyecto Ley DN
· 50 reformas Pdte. Bánzer
· Condiciones HIPCI: sistema transparente y no corrupto.

· Participativa.
· Integral.
· Con mecanismos de asignación y monitoreo

· Lograr una real Descentralización Política y Administrativa.
· Elegir, mediante votación directa, a las autoridades políticas superiores.
· Eliminar el monopolio de los partidos políticos.
· Crear instrumentos de democracia directa, como el Referéndum.
· Eliminar la impunidad y la corrupción.
· Implementar la carrera del funcionario público.
· Aprobar y Promulgar la Ley de Necesidad de Reforma a la Constitución Política  del Estado, conjuntamente con una Ley Diálogo Nacional que incluya los reales mandatos de la sociedad boliviana.
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[1] Negrillo por CPSC

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TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO.. 1

Sinopsis. 3

Condiciones de países condonantes para la condonación HIPC II, transcripción  BM/FMI 4

Continuar con las condiciones del HIPC I 4

Condiciones adicionales. 4

Mandatos de la sociedad civil de Santa Cruz según el DN departamental (“grupo 3”). Resumen. 5

Problema o solución propuesta, nivel nacional 5

Problema o solución propuesta, nivel departamental 5

Problema o solución propuesta, nivel municipal 6

Problema o solución propuesta, nivel sociedad civil 6

Principales problemas en sistema de representación política y sistema electoral 6

Principales causas de corrupción en el país. 6

Demandas de la sociedad Civil según la Consulta Cívica del CPSC, 1997. 7

Opinión de 185.000 ciudadanos consultados. 7

Propuesta del ex Ministro de Justicia, René Blattmann. 8

Foro Jubileo 2000. 9

Demandas Consensuadas de la Sociedad Civil: 9

6 objetivos estratégicos fundamentales  del “Movimiento Autonomista Nación Camba” (extracto) 10

Democracia. 10

Autodeterminación. 10

Identidad. 10

Recursos naturales, territorio y poder 10

Integración. 10

Un nuevo pacto con el Estado boliviano. 10

Misión del Comité pro Santa Cruz. 11

Visión de Futuro – Consolidar la democracia. 11

Estatuto Orgánico del Comité pro Santa Cruz. Art. 3.- 11

“El Diálogo Nacional  2000”. 12

Demandas articuladas en la “Agenda Política”, referente institucionalidad y gestión. 12

Perfeccionamiento del Sistema Institucional 12

Perfeccionamiento de la democracia representativa y de sistemas de representación. 12

Perfeccionamiento del Sistema de Legitimación. 12

Perfeccionamiento del Sistema Electoral 12

Demandas articuladas en la “Agenda Social”, referente al tema “institucionalidad y gestión” (extracto) 13

Propuestas Institucionales en los tres niveles de la administración pública. 13

Gobierno central 13

Prefectura. 13

Gobierno Municipal 13

Principales propuestas para el sistema de gestión pública. 13

“Estrategia boliviana de reducción de la pobreza (EBRP)”. 14

Matriz de Acciones y Políticas Prioritarias. 14

Acciones Estratégicas. 14

Profundizar la Descentralización. 14

Progresividad en la distribución de los recursos. 14

Adecuación institucional 14

Control Social 15

Reducción de la corrupción. 15

Anteproyecto “Ley del Diálogo Nacional ”, presentado por el Gobierno central. 17

Propuesta del Presidente Banzer. 18

La reforma propuesta establece en el numeral 26: 18

El Gobierno nacional tergiversa las demandas de la sociedad civil. 19

El Comité pro Santa Cruz exige el cumplimiento de los mandatos de la sociedad civil. 20

Carta enviada a los Directores del CPSC el 9 de abril de 2001. 22

Anexo I. Tabla de comparación sinóptica de la Agenda Política DN 2000. 24

Anexo II. Sistema Diálogo Nacional 2000 – Agenda Política. 30

Sinopsis

El presente Manifiesto del Comité Pro Santa Cruz (CPSC) sobre la Estrategia Boliviana de Reducción a la Pobreza (EBRP) y el Diálogo Nacional (DN) 2000 tiene como objetivo: comparar sinópticamente las exigencias políticas del pueblo boliviano en el DN 2000, la forma y contenido de la respuesta actual del Gobierno Central, y los lineamientos que persigue el CPSC.

Iniciamos este manifiesto con las condiciones de los países condonantes para la condonación HIPCII porque fue la articulación necesaria para que el pueblo boliviano pueda expresarse integral y participativamente a través del DN 2000.

Seguidamente informamos sobre las requerimientos de la sociedad boliviana expuestas por diferentes entidades y en varias oportunidades, hasta llegar al DN 2000, máxima tribuna que ha podido tener el pueblo soberano en los últimos tiempos.

En los insumos de la sociedad civil boliviana al presente manifiesto nos referimos a:

  • Mandatos de la sociedad civil de Santa Cruz según el DN departamental (“grupo 3”). Resumen.
  • Demandas de la sociedad Civil según la Consulta Cívica del CPSC, 1997
  • Propuesta del ex Ministro de Justicia, René Blattmann
  • Foro Jubileo 2000
  • 6 objetivos estratégicos fundamentales  del “Movimiento Autonomista Nación Camba” (extracto)
  • Misión del Comité pro Santa Cruz
  • “El Diálogo Nacional  2000”

Después exponemos como el Gobierno no ha traducido ni asimilado las exigencias del pueblo, a través de sus siguientes respuestas al DN 2000:

  • “Estrategia boliviana de reducción de la pobreza (EBRP)”
  • Anteproyecto “Ley del Diálogo Nacional ”
  • Propuesta del Presidente Banzer, 50 reformas a la CPE

Finalmente incorporamos dos declaraciones del Comité pro Santa Cruz,  solicitando al Poder Ejecutivo que cambie su actitud, hacia un compromiso irrevocable con el verdadero mandato ciudadano expresado en el DN 2000; las cuales son:

“El Gobierno nacional tergiversa las demandas de la sociedad civil”, de fecha 21 de marzo de 2001

“El CPSC exige el cumplimiento de los mandatos de la sociedad civil”, de fecha…a definir.

Comité pro Santa Cruz

Santa Cruz, 5 de abril de 2001.

Condiciones de países condonantes para la condonación HIPC II, transcripción  BM/FMI

Fuente: dialogolcp.gov.bo/dialogolcp

Continuar con las condiciones del HIPC I

Mejorar la transparencia

Reducir la corrupción

Condiciones adicionales

Diseño de una estrategia de reducción de la pobreza.

La EBRP debe ser participativa (cita: “contemplando las demandas y necesidades de la sociedad”)

La EBRP debe ser integral (cita: “atacando todos los aspectos posibles de las causas de la pobreza”)

Uso específico de fondos liberados.

La EBRP debe contar con mecanismos de asignación y monitoreo

Cita: “debe llevarse a cabo el DN, para que éste sea el mecanismo de base para la elaboración de una estrategia final de reducción de pobreza”.

Comentario del CPSC:

Las condiciones compensan  la falta de voluntad de la clase política para reformar al Estado.

La EBRP debe atacar todos los aspectos posibles de la causa de la pobreza. Esta exigencia del BM/FMI significa que el Estado debe reformarse profundamente. Su actual estructura, ineficiente y corrupta, se convierte en la principal causa de pobreza.

Mandatos de la sociedad civil de Santa Cruz según el DN departamental (“grupo 3”). Resumen.

seapas@scbbs-bo.com

Problema o solución propuesta, nivel nacional

Problema Solución propuesta
Falta de una descentralización real

Incumplimiento de normas

Falta de un sistema nacional de coordinación

Corrupción administrativa

Excesiva burocracia administrativa

Partidización de la gestión pública

Falta de respeto a la carrera administrativa en la gestión pública

Sobreprecio en ejecución de proyectos (fondos)

Perfeccionar el proceso de descentralización administrativa

Capacitación continua y difusión de normas

  1. Creación del sistema nacional de coordinación

Instrumentar la transferencia obligatoria trimestral

Desburocratizar la administración pública

Aplicación del estatuto del funcionario público

Reestructuración de los fondos, incluye costos

Problema o solución propuesta, nivel departamental

Problema Solución propuesta
Partidización total de la administración pública

Poca representación de los consejeros

Ineficiencia de los consejeros

“Ley de Descentralización Administrativa” no respeta principios de democracia

Prefecto no es elegido democráticamente

Exceso de personal a nivel prefectural.

Funcionamiento de los Consejos Provinciales de Participación Popular

Reforma a la Ley de Descentralización Administrativa

Elecciones democráticas en forma directa de los consejeros departamentales

Consejo Departamental Autonomía de Gestión

Racionalización y optimización real del personal prefectural, exámenes competencia.


Problema o solución propuesta, nivel municipal

Problema Solución propuesta
Partidización de la gestión

Burocracia

No se cobra con coerción

Corrupción Municipal

Carrera del servidor público

Aplicación de los reglamentos específicos de la ley 1178 SAFCO

Control social efectivo

Problema o solución propuesta, nivel sociedad civil

Partidización de representantes (OTB y Comité de Vigilancia)

Falta de credibilidad en la clase política

Participación insuficiente de la comunidad

Principales problemas en sistema de representación política y sistema electoral

Falta la representación directa de los concejales en los distritos y cantones

Falta de democracia interna en los partidos políticos

Monopolio en los canales (partidos) para los ciudadanos

En asuntos transcendentales falta una opción de participación democrática directa.

Cumplimiento de la Ley de Partidos Políticos.

Elección uninominal por distritos de los Concejales Municipales

Permitir por lo menos a nivel municipal candidatos de la sociedad civil

Crear instrumentos de democracia directa (referéndum, plebiscito, consulta)

Principales causas de corrupción en el país

Corrupción penada levemente

Partidización

Nadie se arriesga a testimoniar, desconfianza en autoridad, no hay sanción social ni censura, “negocio redondo” por no devolver lo robado

Nuevas modalidades electorales dadas que generalizan independencia de los poderes

Aplicar Ley 1178

Crear la carrera del servidor público

Transparencia obligada

Comentarios del CPSC:

El pueblo, como soberano, pide estas reformas para reducir la pobreza, trabajando en las causas y no en los síntomas.


Demandas de la sociedad Civil según la Consulta Cívica del CPSC, 1997

Comité pro Santa Cruz, Tel. 03-342777, Fax 03-341812

Opinión de 185.000 ciudadanos consultados

1. El prefecto, los consejeros departamentales, subprefectos y corregidores ¿deben ser elegidos por voto popular?

Si         84,78%                                   No 12,66%                             NR 2,56%

2. La elección de los senadores y diputados ¿debe realizarse en papeleta separada de la del Presidente y Vicepresidente de la República?

Si         71,07%                                   No 28,93%                             NR

3. ¿Debe incluirse en la Constitución Política del Estado el Referéndum, como mecanismo de decisión del pueblo?

Si         82,63 %                                  No 14,08%                             NR 3,29%

4. ¿Debe modificarse el Código de Minería, creando las regalías mineras departamentales?

Si         80,41%                                   No 14,98%                             NR 4,61%

NR = No respondieron


Propuesta del ex Ministro de Justicia, René Blattmann

referendumya@yahoo.es

Elección directa del Presidente, Vicepresidente, Prefectos y Alcaldes

Eliminación del monopolio de representación de los partidos políticos

Reducción del número de parlamentarios y prohibición de remuneración a suplentes

Desafuero automático de legisladores por reiterada inasistencia a sus funciones y restricción de inmunidades parlamentarias y de privilegios de altas autoridades del Estado y de los jueces

Despolitización del sistema de designación de jueces

Incorporación del Referéndum como mecanismo de reforma constitucional

Fortalecimiento de las atribuciones decisorias de los departamentos

Reconocimiento con jerarquía constitucional de los tratados internacionales y convenciones internacionales sobre Derechos Humanos.

Destino y uso de los recursos de la capitalización.

Comentarios del CPSC:

Todos los partidos políticos que se identifiquen explícitamente con las demandas del pueblo, respaldando las reformas exigidas en el DN 2000, son aliados estratégicos potenciales del CPSC por las coincidencias de objetivos. El CPSC es estrictamente apartidario, pero eminentemente político.


Foro Jubileo 2000

seapas@sccbs-bo.com

Demandas Consensuadas de la Sociedad Civil:

Institucionalidad

Estatuto del funcionario público

Despartidizar el control social

Mejorar el control social

Fortalecer el proceso de descentralización administrativa

Seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra.

Comentarios del CPSC:

La gente no entendida en materia legal, pide la “descentralización administrativa” cuando, en realidad, exigen la descentralización política”, pero no se pronuncian en términos precisos, cita: “Garantizar la participación ciudadana real y directa en la definición de políticas públicas.”

El control social esta partidizado y deficiente, según los delegados del Foro Jubileo, no obstante, el gobierno insiste en favorecer este mecanismo que en seis años de su existencia no logro demostrar su eficacia, pues  no logro eliminar el mal funcionamiento del Estado.

El CPSC no comparte la evaluación de las bondades del control social, y rechaza la intención del Gobierno de no reformar al Estado por la coartada de crear el control social.


6 objetivos estratégicos fundamentales  del “Movimiento Autonomista Nación Camba” (extracto)

rom@cotas.com.bo

Democracia

Eliminar el monopolio de la representación pública de los partidos políticos

Radicalizar la democracia

Estado de las autonomías departamentales, perfeccionar la institucionalidad Estatal, y democratizar el poder en sus instancias nacionales, departamentales y municipales.

Autodeterminación

Realizar reformas constitucionales

Convertir a Santa Cruz en una región autónoma, dotada de gobierno propio y amparada por un estatuto especial de autonomía

Identidad

Declara su derecho a la diferencia, pero ratifica su vocación integracionista, su democracia étnica y el pluralismo cultural.

Recursos naturales, territorio y poder

Su explotación debe ser racional, compartida y tecnológicamente sustentable.

Rechaza irracionales asentamientos humanos de colonización

Nuestras reservas forestales y las áreas protegidas son intocables.

Integración

El desarrollo cruceño debe basarse en los mercados ampliados que se comienzan a perfilar por la vía de los pactos de integración sub-regional de América del Sur.

Un nuevo pacto con el Estado boliviano

Un modelo autonómico can capacidad ejecutiva, legislativa y judicial, constituye la base mínima de negociación de un nuevo pacto con el Estado boliviano.

Comentario CPSC: Los seis objetivos coinciden en gran medida con las demandas de la sociedad civil, con la diferencia de formas en las palabras.

Misión del Comité pro Santa Cruz

Comité pro Santa Cruz, Tel. 03-342777, Fax 03-341812, prostacruz@cotas.com.bo

Visión de Futuro – Consolidar la democracia

(A través de la descentralización, en un estado de derecho, basado en el principio de la subsidiaridad y plena vigencia de la justicia.)

Presidente de la República elegido por voto popular y directo.

Independencia plena de los 3 Poderes del Estado.

Poder Legislativo elegido por voto popular y directo, separadamente del Poder Ejecutivo.

Prefectos, consejeros departamentales, Subprefectos y Corregidores elegidos por voto popular y directo.

Alcaldes elegidos separadamente de los consejales y estos elegidos por distrito.

Gobiernos Municipales con plena autonomía con poder convocatoria electoral y capacidad de elaborar su carta orgánica municipal.

Referéndum y Plebiscito incluidos en la CPE.

Poder Legislativo elegido parcialmente, con renovaciones del 50%.

Gobiernos departamentales en una Bolivia plenamente descentralizadas.

Coparticipación tributaria asignada en base a la población calculada a través de proyecciones intercensales anuales.

Narcotráfico erradicado y Ley 1008 sin vigencia.

Ley SAFCO aplicada sistemáticamente.

Consejo de la Judicatura, Tribunal Constitucional y Defensor del Pueblo constituidos.

Administración pública transparente.

Justicia con jurisprudencia y no apenas procesal.

Reconocimiento internacional que en Bolivia hay respeto y cumplimiento de  las Leyes.

Despolitización e Institucionalización de la carrera de Administración Pública en vigencia.

Derecho de todo ciudadano de ser postulado a cualquier cargo público, sin necesidad de la intervención de los partidos.

Estatuto Orgánico del Comité pro Santa Cruz. Art. 3.-

“El Comité pro Santa Cruz tiene como objetivos primordiales: promover, por todos los medios disponibles, el desarrollo humano, cultural, social y económico del Departamento, precautelando la racional explotación de sus recursos naturales y la conservación del medio ambiente, bajo la premisa del desarrollo sostenible; preservar los valores morales y la identidad regional, y asumir la defensa de los intereses colectivos, para alcanzar el bien común.”


“El Diálogo Nacional  2000”

(Documento publicado por el Gobierno central, transcripción completa del tema institucionalidad y gestión)

ebrp@udape.gov.bo

Demandas articuladas en la “Agenda Política”, referente institucionalidad y gestión

Perfeccionamiento del Sistema Institucional

Profundización de la descentralización administrativa

Organización y funcionamiento del Ministerio Público y procuraduría

Fortalecimiento institucional de las cortes de Justicia, Consejo de Judicatura y Tribunal Constitucional y eficacia de la administración de justicia

Perfeccionamiento de la Corte Nacional Electoral y articulaciones de las cortes departamentales

Sistema de control gubernamental y sistema de regulación

Articulación en niveles de gestión pública, ministerios, fondos, prefecturas y gobiernos

Reforma e institucionalización en fondos y servicios (renta, SNC, otros, al estilo Aduana)

Implementar mecanismos de control para la lucha contra la corrupción.

Perfeccionamiento de la democracia representativa y de sistemas de representación

Descentralización y representatividad en la elección de consejeros departamentales y de prefectos

Parlamento unicamaral con representación territorial

Elección y funcionamiento de gobiernos municipales (censura constructiva)

Elección de uninominales

Mecanismos de incorporación de la sociedad civil a procesos electorales

Perfeccionamiento de sistemas de partidos políticos (reinegienría estructural sobre la organización de los partidos políticos para la aplicación estricta del mandato legal vigente)

Perfeccionamiento del Sistema de Legitimación

Mecanismos de rendición de cuentas de actos

Mecanismos de participación democrática en las decisiones públicas y su institucionalización

Institucionalización de mecanismos de consultas nacionales (referéndum, plebiscito, consulta popular)

Modificación de la Constitución Política del Estado referente al grado de responsabilidad y representatividad

Perfeccionamiento del Sistema Electoral

Eliminar monopolio de partidos en elecciones municipales

Democratización de Partidos Políticos


Demandas articuladas en la “Agenda Social”, referente al tema “institucionalidad y gestión” (extracto)

Propuestas Institucionales en los tres niveles de la administración pública

Gobierno central

Disminución de la burocracia

Gestión por resultados e institucionalización de cargos

Prefectura

Reformas a la Ley de Descentralización (participación ciudadana)

Gobierno Municipal

Correcta y total aplicación de la Ley de Participación Popular

Adecuación de la Ley SAFCO, para su aplicación a nivel municipal

Principales propuestas para el sistema de gestión pública

Elección de prefectos y consejeros departamentales por voto popular directo

Parlamento unicamaral, territorial, “igualitario”

Ampliar el derecho a la representación política, para organización e instituciones de pueblos originarios y ciudadanos

Institucionalizar mecanismos de participación (Diálogo)

Incorporar en la CPE: Referéndum, consulta popular, plebiscito, iniciativa legislativa popular

Descentralización Política y Administrativa Prefectural

Elección del 100% de diputados, por circunsripciones uninominales

Elección de presidente y vicepresidente en 2da vuelta. Eliminar monopolio de representación política de partidos


“Estrategia boliviana de reducción de la pobreza (EBRP)”

Documento del Gobierno central, ebrp@udape.gov.bo

Matriz 8.1 de la EBRP, Pág. 125 (trascripción completa):

Matriz de Acciones y Políticas Prioritarias

Fortalecer la institucionalidad para la EBRP

Acciones Estratégicas

Plan de Acción Instrumento normativo

Profundizar la Descentralización

Revisión de competencias y atribuciones entre Gobiernos Municipales, Prefecturas y Gobierno Nacional Ley del Diálogo Nacional
Transferir las responsabilidades de la administración de recursos humanos en educación y salud a los Gobiernos Municipales Ley del Diálogo Nacional
Ordenamiento territorial Ley de Definición de la División Política Administrativa Municipal

Progresividad en la distribución de los recursos

Transferencia de recursos por fórmula considerando criterios de incidencia de pobreza y población Ley del Diálogo Nacional

Adecuación institucional

Dar continuidad a la institucionalización de la Aduana Nacional y el Servicio de Impuestos Designación del Directorio de Impuestos Internos
Iniciar la Institucionalización del Servicio de Caminos Designación del Directorio del SNC
Incorporar en la dirección de los Fondos representantes de los Gobiernos Municipales y de la Sociedad Civil Ley del Diálogo Nacional
Consolidar el proceso de institucionalización del INE Ley de Institucionalización del INE
Recomponer los Consejos Departamentales Ley del Diálogo Nacional

Control Social

Fortalecimiento de los Consejos Consultivos con representantes de las organizaciones sociales (funcionales)

Reconocimiento de las organizaciones que vayan a ser conformadas por convocatoria de la Iglesia para ejercer el Control Social en los niveles Departamental y Nacional

Incorporar representantes de la Sociedad Civil en el DUF, INE y Consejos Departamentales

Ley del Diálogo Nacional

Reducción de la corrupción

Consolidación de las Reformas Judiciales, funcionamiento independiente de los órganos del sistema judicial Aprobar Leyes del Ministerio Público y Poder Judicial
Aplicación de sistemas de transparencia en la administración pública: (I) Implementar la carrera administrativa en el marco del Estatuto del Funcionario Público, (II) implementar los sistemas de información y administración financiera en el marco de la Ley SAFCO Aprobar Decreto de Declaración Jurada de Bienes
Eliminación del monopolio de los partidos políticos para el acceso a los Gobiernos Municipales Implementar SIGMA en Adm. Pública
Regulación del derecho de inmunidad parlamentaria Modificaciones a la CPE

Citamos de la EBRP:

“En el nivel departamental, como ya señaló el Diálogo Nacional, las Prefecturas deben ser fortalecidas y sus mecanismos deben ser mejoradas. Una de las principales deficiencias detectadas en las Prefecturas y que, en alguna medida, puede ser la explicación de su bajo desempeño, es la existencia de una situación de ambigüedad en su estructuración institucional. Por un lado, los Prefectos son designados desde el Gobierno central, siendo por tanto, parte del Gobierno central, pero a la vez cuentan con un Consejo Departamental elegido desde los Gobiernos Municipales, y que tiene atribuciones no sólo de fiscalización, sino también de co-administración de las prefecturas (aprobación de presupuestos, contratos de obras, estado de cuentas y otros). Esta dualidad ha generado un sistema perverso[1] en el que ni la función administrativa a cargo del prefecto ni la función fiscalizadora pueden efectivamente ser cumplidas.” (EBRP, No. 598)

“Para corregir este problema, se plantea la necesidad de aclarar la situación institucional de las Prefecturas reconociendo que, mientras no se implementen modelos de descentralización política (a través de cambios en la CPE), estas instituciones están a cargo del Poder Ejecutivo nacional, y su fiscalización, como el resto de la administración pública, está a cargo del Parlamento Nacional y de la Contraloría General de la República. Lo que hace falta entonces es desarrollar un efectivo mecanismo de control social desde los Consejos Departamentales, que deben existir por mandato constitucional Estos consejos departamentales serán recompuestos para constituirse en representaciones efectivas de cada departamento. Un tercio de sus miembros será representante de los Gobiernos Municipales con participación directa de los Presidentes de Concejo Municipal, un tercio será representante de los Comités de Vigilancia y un tercio será representante de las organizaciones de la sociedad civil a nivel departamental.” (EBRP, No. 599)

“El control social debe ser entendido como el ejercicio de un derecho ciudadano reconocido en la CPE de acceder a la información sobre la administración pública y la posibilidad de solicitar que se atiendan las demandas legítimas y se dé satisfacción a las necesidades básicas de los ciudadanos. El control social deberá concentrar su atención en la verificación de los resultados de la gestión pública y deberá contar con canales expeditos e institucionales para presentar denuncias o reclamos en los casos que sea necesario.” (EBRP, No. 608)

Observación del CPSC:

El Gobierno central asigna al “control social” una prioridad que no resulta del DN 2000 y que no está autorizado por el pueblo soberano. Para comprobarlo, consulte los numerales 598, 599 y 608 de la EBRP, que sirven de ejemplo justificador. El Gobierno hace caso omiso a las demandas fundamentales emanadas del DN 2000.

Por supuesto, la EBRP contiene propuestas buenas, pero no contempla la reforma del Estado boliviano, pedido en el DN 2000, condición imprescindible, aunque no suficiente, para lograr los objetivos del HIPC II.

Por lo tanto, el CPSC rechaza la EBRP en la versión presente.


Anteproyecto “Ley del Diálogo Nacional ”, presentado por el Gobierno central

ebrp@udape.gov.bo

Basta demostrar en sólo un ejemplosla franca desobediencia al mandato de la sociedad civil.

Cita: “Designación de Consejeros Departamentales”

Los Concejales Municipales de cada una de las provincias del departamento designarán de entre sus miembros y por dos tercios de votos de los presentes, a sus representantes provinciales para el Consejo Departamental.

En las provincias que tengan derecho a uno o más consejeros adicionales por razón de población, la designación se hará respetando la proporción poblacional de cada sección municipal dentro de la provincia y estará a cargo del Concejo Municipal correspondiente.

Los Concejales Municipales podrán revocar la designación de Consejeros por dos tercios de votos de sus miembros presentes, por causales establecidas mediante reglamento.

La Corte Nacional Electoral, a través de las cortes Departamentales Electorales, reglamentará y conducirá los procesos de elección y designación de los miembros de los Consejos Departamentales a que se refieren los parágrafos I y II del presente artículo.” (Art. 17 del Anteproyecto)

Observación del CPSC:

No se prevé la elección directa de las autoridades departamentales por voto directo pedido por el pueblo soberano en el DN 2000.


Propuesta del Presidente Banzer

“50 reformas a la CPE”, del 14.02.2001

La reforma propuesta establece en el numeral 26:

El Prefecto administra e invierte los ingresos departamentales conforme a presupuesto y con estricta sujeción a la ley, rindiendo cuenta al Consejo Departamental.“El Consejo Departamental es presidido por el Prefecto y está conformado por los senadores, y los diputados uninominales del Departamento respectivo.”

Observación del CPSC:

El CPSC no acepta la falta de respeto a las reales demandas de la sociedad civil, expresadas en el DN 2000 y rechaza la propuesta en la versión actual, pues la elección directa del Prefecto es uno de los objetivos principales de la reforma del Estado, y pedido por la sociedad en el DN 2000.

En el Anteproyecto de Ley del Diálogo Nacional 2000 y en la propuesta de 50 reformas a la CPE se borran las demandas, casi unánimes, del pueblo boliviano en el DN 2000, tales como:

  • Lograr una real Descentralización Política y Administrativa.
  • Elegir, mediante votación directa a los prefectos y consejeros departamentales.
  • Eliminar el monopolio de los partidos políticos.
  • Crear instrumentos de democracia directa, como el Referéndum.
  • Eliminar la impunidad y la corrupción.
  • Implementar la carrera del funcionario público.
  • Aprobar y Promulgar la Ley de Necesidad de Reforma a la Constitución Política  del Estado, conjuntamente con una Ley Diálogo Nacional que incluya los reales mandatos de la sociedad boliviana.


El Gobierno nacional tergiversa las demandas de la sociedad civil

La sociedad civil ha manifestado a lo largo de estos últimos años, a través de los medios informativos y en distintos escenarios del país, la necesidad de perfeccionar nuestra democracia, aspiración que ha quedado plasmada en los diversos encuentros del Foro Jubileo  y Diálogo Nacional, en los que la ciudadanía ha propugnado: una real Descentralización Administrativa; elección directa de autoridades superiores; la eliminación del monopolio de los partidos políticos; creación de instrumentos de democracia directa, como el Referéndum; eliminación de la impunidad;  la cabal implementación de la carrera del funcionario público, entre otras importantes demandas. Se plantea, consiguientemente, pasar de una democracia formal a una democracia participativa, que incorpore verdadera y efectivamente a la sociedad civil a través de mecanismos adecuados que le permitan ser reconocida, respetada y tomada en cuenta en la adopción de decisiones públicas.

Sensiblemente, a través de recientes documentos: Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP), Anteproyecto de Ley del Diálogo Nacional  (DN), el Resumen Oficial del Diálogo Nacional  y la Propuesta de 50 Reformas a la Constitución Política del Estado (CPE), el Gobierno nacional da pruebas de que no ha interpretado correctamente las exigencias de la sociedad civil. En lugar de propiciar la transformación del Estado mediante reformas estructurales de fondo que ataquen la corrupción que ocasiona la falta de confianza del ciudadano en sus representantes e instituciones públicas, el Gobierno no implementa adecuadamente los diversos controles sociales, mecanismos que han sido calificados como prioritarios en los mencionados diálogos. Sin embargo, es propicio recordar que el control social puede complementar la fiscalización, pero nunca sustituirla, como lo demuestra la mala experiencia de su práctica en numerosos comités de vigilancia, concejos municipales y consejos departamentales.

El Comité pro Santa Cruz rechaza la pretensión gubernamental de corresponzabilizar a la sociedad civil para introducir “cambios” que no responden a la esencia de lo manifestado en los diálogos; por lo tanto expresa su disconformidad por una campaña televisiva oficial que tiende a dar por cierto lo que no se ha dado en los hechos.

Nuestra institución cívica viene demandando desde hace mucho tiempo el perfeccionamiento del modelo de democracia vigente en el país y hoy renueva esta petición, solicitando se apruebe y promulgue, sin mayores demoras, la Ley de Necesidad de Reforma a la constitución Política del Estado.

Por las razones expuestas, el Comité pro Santa Cruz no aprueba, tal como se los ha propuesto, los textos referentes a la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, la Propuesta de 50 reformas a la Constitución Política del Estado y el Anteproyecto de Ley del Diálogo  en la versión oficial que conocemos, y hace pública su preocupación por las consecuencias funestas que este proceder podría generar, y que se traducirían en frustración y malestar general entre la ciudadanía y pérdida total de confianza en los poderes públicos, entre otros posibles riesgos que ponen en peligro nuestra frágil democracia, lograda con sangre y sacrificio del pueblo boliviano.

Santa Cruz de la Sierra, 21 de marzo de 2001.   Cr. Lorgio Paz Stelzer.  PRESIDENTE CPSC


El Comité pro Santa Cruz exige el cumplimiento de los mandatos de la sociedad civil

El Comité pro Santa Cruz, mediante declaración pública emitida el 21 de marzo, expresó su profunda preocupación por la equivocada interpretación que el Poder Ejecutivo ha realizado del proceso y las conclusiones emanadas, como mandatos, del Diálogo Nacional 2000.

Es aceptado por todos que el Diálogo ha sido una corta, pero plena demostración de democracia participativa, en la que cientos de miembros de la sociedad civil, representando a la ciudadanía de todos los cantones, provincias y departamentos del país, han analizado relevantes temas vinculados con el presente y futuro de nuestra nación.

Sensiblemente, pese a que con dicho pronunciamiento institucional se esperaba que el Gobierno nacional enmiende las actitudes asumidas, aún no se tiene una respuesta que traduzca la franca voluntad de superar tales fallas que distorsionan y minimizan las posiciones adoptadas.

El Comité pro Santa Cruz, conforme a los principios que le guían su desenvolvimiento, alerta sobre el atropello que se consumaría si el Poder Ejecutivo persistiese en seguir promoviendo aquellos documentos que no cuentan con el necesario consenso para coronar positivamente el noble esfuerzo que los participantes del Diálogo dedicaron en beneficio de nuestro país. Algunos incumplimientos son: el Control Social ha sido limitado a una mínima expresión en el Anteproyecto de Ley del Diálogo. Igualmente se está incumpliendo los acuerdos definidos por las Agendas Social y Económica del Diálogo Nacional.

Lo más preocupante, sin embargo, es la falta de comprensión de una primordial necesidad ante la inconclusa agenda política, puesto que si no se reforma profundamente al Estado transformándolo en gestor y articulador de acciones que conlleven al bienestar social y económico, la reducción de la pobreza será un quimera.  El optar por reformas parciales sería como verter sólo gotas de agua en el desierto de la pobreza, cuando lo que se busca es riego para que el jardín de la prosperidad florezca en nuestro país. Nuestra crisis económica y social se debe en gran medida a las deficientes estructuras políticas.

Por ello, una vez más, demandamos del Poder Ejecutivo y la clase política que asimilen, genuinamente y sin distorsiones, los mencionados mandatos, y se convoque al Congreso Nacional para que se cumplan las siguientes exigencias del Diálogo Nacional 2000:

  • Lograr una real Descentralización Política y Administrativa.
  • Elegir, mediante votación directa a los prefectos y consejeros departamentales.
  • Eliminar el monopolio de los partidos políticos.
  • Crear instrumentos de democracia directa, como el Referéndum.
  • Eliminar la impunidad y la corrupción.
  • Implementar la carrera del funcionario público.
  • Aprobar y Promulgar la Ley de Necesidad de Reforma a la Constitución Política  del Estado, conjuntamente con una Ley Diálogo Nacional que incluya los reales mandatos de la sociedad boliviana.

En caso de que las autoridades gubernamentales continúen relegando los mandatos emanados del Diálogo y largamente propiciados por el Movimiento Cívico del país, nos veremos obligados a denunciar ante la comunidad internacional, incluyendo a los países acreedores, el incumplimiento de las condiciones imprescindibles para condonar nuestra deuda externa. Por ello nuevamente llamamos a la reflexión al Poder Ejecutivo para que enmiende y corrija los errores cometidos, con señales claras que demuestren su voluntad de cambio.

El Comité pro Santa Cruz, en procura del fortalecimiento de la democracia y como organización cívica representativa de las fuerzas vivas del departamento, demanda se revise la versión oficial del Gobierno en torno a las referidas conclusiones, la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza, el Anteproyecto de Ley del Diálogo Nacional 2000, y la Propuesta de 50 reformas a la Constitución.

El Directorio del Comité pro Santa Cruz emplaza al Poder Ejecutivo, a partir de la fecha y hasta el próximo jueves 19 a horas 18:00, a establecer un compromiso irrevocable de cumplir con los mandatos del pueblo boliviano.

Santa Cruz de la Sierra, 11 de abril de 2001.

Nota: Aducimos pruebas en documento “Manifiesto del CPSC sobre la EBRP y el DN2000” adjunto, el cual forma parte de esta declaración expuesta.


Carta enviada a los Directores del CPSC el 9 de abril de 2001

Santa Cruz de la Sierra, 9 de abril de 2001

OF. CPSC Nº 085/2001

Señoras y señores

DIRECTORES DEL COMITÉ PRO SANTA CRUZ

Ciudad.-

De nuestra consideración:

Conforme a lo solicitado en la reunión de Directorio realizada el jueves 5 de abril de 2001, cumplimos en hacerles conocer el proyecto de Manifiesto del Comité Pro Santa Cruz (CPSC) sobre la Estrategia Boliviana de Reducción a la Pobreza (EBRP) y el Dialogo Nacional (DN) 2000.

Les pedimos, por favor, que envíen, al CPSC, sus sugerencias escritas sólo hasta mañana martes 10 del presente, a horas 12:00 del día. Si no tuviesen ninguna objeción, les agradeceremos que también nos los hagan saber por escrito hasta la fecha indicada, ya que se trata de un asunto muy importante que requiere su aprobación explícita. La omisión de respuesta escrita será considerada como de aprobación tácita al manifiesto.

Queremos aprovechar este espacio para invitarlos a reflexionar sobre lo siguiente:

Nuestra Comisión de Asuntos Políticos, recién formada, al analizar el tema, inmediatamente constató que la sociedad civil boliviana, y no sólo el CPSC, exige un cambio estructural del sistema político vigente. Así quedó reconfirmado en el Diálogo Nacional 2000.

El actuar en esta coyuntura es un deber cívico enmarcado en nuestra constante lucha por el fortalecimiento de los derechos democráticos. Nuestras instituciones, y los ciudadanos representados por ellas, nos han confiado el liderazgo del Gobierno Moral del departamento, y la defensa de sus intereses.

Por otro lado, en esta confusión de valores, donde moralmente la excepción se ha convertido en regla, y donde la crisis económica y social son resultantes, en gran medida, del vigente “sistema político perverso”, el CPSC debe levantar nuevamente la bandera, debe liderar las fuerzas que luchen por más democracia.

El momento es excepcionalmente favorable para superar la falta de voluntad política, pues el Gobierno está obligado a producir una EBRP que sea aprobada por el pueblo, a través de una Ley de Diálogo Nacional 2000. Si se deja pasar esta oportunidad, en los próximos 15 años tendremos que sufrir las consecuencias.

El CPSC tiene que luchar a favor de la reforma a la CPE, un tema grande y similar en importancia a la lucha por las regalías. Es una tarea histórica, una entrada en el libro de oro de la historia cruceña, pues no hay institución cruceña, ni nacional, que tenga esta misión y, tal vez, la fuerza para ganarla.

Por todos estos argumentos y otros, que ustedes tendrán oportunidad de profundizar en la lectura del adjunto de borrador de manifiesto institucional, la Comisión de Asuntos Políticos del CPSC insiste en la conveniencia de adoptar medidas de presión, a partir de la declaratoria de estado de emergencia.

El futuro de nuestro sistema político y de nuestra sociedad puede cambiar positivamente. Tomemos la bandera, y pasemos a la acción. “¡Arriba, cruceños, hagamos historia!…”

Con este motivo, les expresamos nuestros cordiales saludos.

Comisión de Asuntos Políticos

del Comité pro Santa Cruz

(Presidida por el Dr. Germán Antelo Vaca, e integrada por la Dra. Daly Meneses de Baldivieso, Ing. Ernesto Justiniano Urenda, y los asesores Dr. Willi Noack y Lic. Adolfo Aponte Zambrana).

Anexo I. Tabla de comparación sinóptica de la Agenda Política DN 2000.

El Comité pro Santa Cruz, asumiendo la defensa de los intereses colectivos, con la visión de consolidar la democracia, y como representante de las fuerzas vivas del departamento, rechaza la respuesta del Poder Ejecutivo a los insumos de la Sociedad Boliviana, y propone un manifiesto de reformas a la CPE:

Propósito: Resumen de la comparación sinóptica de la Agenda Política DN2000 Responsable: Comisión Política CPSC
INSUMOS SOCIEDAD BOLIVIANA RESPUESTA DEL GOBIERNO CPSC
N Condiciones HIPCII Mandatos SC DN Demanda Soc. Civil CPSC97 Solicitud Blattmann Foro Jubileo Sol. Nación Camba DN2000 Resumen Gob. EBRP Gob. Central Proyecto Ley DN Gob. 50 Reformas CPE. Banzer Manifiesto CPSC a reformas CPE
1 Perfeccionar el proceso de descentralización adm. Fortalecimiento de las atribuciones decisorias de los departamentos Fortalecer el proceso de descentralización administrativa. Estado de las autonomías departamentales, perfeccionar la institucionalidad estatal, y democratizar el poder en sus instancias nac., departam., y munic. Profundizacion de la desc. Administrativa.
Reformas a la Ley de Descentralización.
Descentralización Política y Administrativa Prefectural.
Revisión de competencias y atribuciones entre Gob. Munic., Prefecturas, y Gob. Nac. Ordenamiento territorial No dice nada No dice nada Lograr una real Descentralización Política y Administrativa
2 La EBRP debe ser participativa, contemplando las demandas y necesidades de la sociedad. Debe ser integral, atacando todos los aspectos posibles de las causas de la pobreza. Debe contar con mecanismos de asignacion y monitoreo. Participación insuficiente de la comunidad.
Permitir por lo menos a nivel municipal candidatos de la Soc. Civil
Garantizar la participación ciudadana real y directa en la definición de políticas públicas Mecanismos de incorporación de la Soc. Civil a procesos electorales. Mecanismos de participación democrática en las decisiones públicas y su institucionalización.
Elección del 100% de diputados por circunscripciones uninominales.
Incorporar representantes de la Soc. Civil en el DUF, INE, y Consejos Departam. Fortalecimiento de los Consejos Consultivos con representantes de las org. sociales.
Control Social desde los Consejos Departamentales. (Idem 2)
No dice nada No dice nada Lograr una Democracia Participativa incorporando a la Sociedad Civil
3 Elecciones democráticas en forma directa de los Cons. Departamentales. Autonomía de Gestión. 84,78% de 185000 ciudadanos afirma que el Prefecto, Cons. Departam., Subprefectos, y corregidores deben ser elegidos por voto popular Elección directa del Presidente, Vicepresidente, Prefectos y Alcaldes. Convertir a Santa Cruz en una región autónoma, dotada de gobierno propio y amparada por un estatuto especial de autonomía. Descentralización y Representatividad en la elección de Consejeros Departam. y de Prefectos.
Elección de Prefectos y Cons. Departam. por voto popular directo
Recomponer los Consejos Departamentales.
Desarrollar contra el Sistema Perverso, Ambigüedad de Gob. Central-Prefecto y Gob. Municipales-Consejeros Departamentales, el Control Social desde los Consejos Departamentales. 1/3 Gob. Munic., 1/3 Com. Vigilancia, 1/3 Soc. Civil
Los Concejales Municipales designarán a los Consejeros Departamentales El Prefecto preside el Consejo Departamental. Elegir mediante voto directo a las autoridades políticas superiores
4 Monopolio en los canales, partidos, partidos para los ciudadanos Eliminación del monopolio de representación de los partidos políticos Despartidizar y mejorar el control social Eliminar el monopolio de la representación pública de los partidos políticos Parlamento unicamaral con representación territorial, igualitario.
Eliminar monopolios de partidos en elecciones municipales.
Democratización de Partidos Políticos.
Eliminacion del monopolio de los partidos políticos para el acceso a los Gob. Munic. No dice nada El Consejo Departamental esta conformado por los senadores y diputados uninominales del Dpto. Eliminar el Monopolio de los partidos políticos
5 Crear instrumentos de democracia directa: referéndum, plebiscito, consulta. 82,63% de 185000 ciudadanos afirma que debe incluirse el Referéndum en la CPE como mecanismo de decisión del pueblo Incorporación del Referéndum como mecanismo de reforma constitucional Institucionalización de mecanismos de consultas nac. (referéndum, plebiscito, consulta popular) Principio de Subsidiaridad,.,.mientras…en condiciones y posibilidades de resolverla No dice nada Crear instrumentos de democracia directa: Referéndum
6 Mejorar la transparencia, y reducir la corrupción. Corrupción penada levemente Desafuero autómatico de legisladores…y restricción de inmunidades parlamentarias y de privilegios de altas autoridades del Estado y de los jueces. El modelo político…ha agigantado los desequilibrios regionales, la desigualdad, la corrupción, y la marginalidad social. Establecer mecanismos de control para la lucha contra la corrupción Regulación del derecho de inmunidad parlamentaria. No dice nada No dice nada Eliminar la impunidad y la corrupción
7 Aplicación del estatuto del funcionario público.
Crear la carrera del servidor público.
Estatuto del Funcionario Público Implementar la carrera administrativa en el marco del Estatuto del Funcionario Público. No dice nada No dice nada Implementar la carrera del funcionario público
8 Realizar reformas constitucionales.
Modelo autónomico con capacidad ejecutiva, legislativa y judicial.
Modificación de la CPE referente al grado de responsabilidad y representatividad.
Incorporar en la CPE: Referéndum, consulta popular, plebiscito, iniciativa legislativa popular.
No dice nada No dice nada Aprobar y Promulgar la Ley de Necesidad de Reforma a la CPE


Anexo II. Sistema Diálogo Nacional 2000 – Agenda Política

Causa Demandas de la sociedad civil boliviana Respuesta del Gobierno nacional
· Pobreza
· Condiciones HIPCII
· Mandatos Soc. civil DN departamental SC
· Consulta CPSC a la Soc. Civil, 1997.
· Propuesta ex Ministro de Justicia, René Blattmann
· Foro Jubileo 2000
· 6 objetivos Movimiento Autonomista Nación Camba
· Misión del CPSC
· Diálogo Nacional 2000
· EBRP
· Anteproyecto Ley DN
· 50 reformas Pdte. Bánzer
· Condiciones HIPCI: sistema transparente y no corrupto.

· Participativa.
· Integral.
· Con mecanismos de asignación y monitoreo

· Lograr una real Descentralización Política y Administrativa.
· Elegir, mediante votación directa, a las autoridades políticas superiores.
· Eliminar el monopolio de los partidos políticos.
· Crear instrumentos de democracia directa, como el Referéndum.
· Eliminar la impunidad y la corrupción.
· Implementar la carrera del funcionario público.
· Aprobar y Promulgar la Ley de Necesidad de Reforma a la Constitución Política  del Estado, conjuntamente con una Ley Diálogo Nacional que incluya los reales mandatos de la sociedad boliviana.
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[1] Negrillo por CPSC

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