La marcha indígena por su autonomía – OPINION (Editorial) – 23.6.2010
Las demandas de los pueblos amazónicos indígenas que han iniciado una marcha de 1.400 kilómetros hasta la La Paz para reclamar al Gobierno del presidente Evo Morales mayores competencias autónomas y recursos económicos merece diferentes respuestas de parte del oficialismo.Llama la atención la expresada por el presidente Morales y el ministro de Autonomías, Carlos Romero, en sentido que las demandas son “inconstitucionales” y que están siendo promovidas por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid) y algunas organizaciones no gubernamentales financiadas por entidades norteamericanas y europeas, que buscan la ruptura entre los pueblos indígenas y el Gobierno.Los esfuerzos gubernamentales de contrarrestar la marcha mediante la división han fracasado y la larga caminata parece que llegará a la ciudad de La Paz. Lo cierto en este movimiento radica en que estos pueblos están analizando lo que señala precisamente la Constitución Política del Estado en lo que concierne a las autonomías indígenas, que les da potestad para el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígena originarios. Esta autonomía se basa en los territorios ancestrales, actualmente habitados por esos pueblos y naciones.La autonomía indígena interpreta el precepto constitucional en su derecho de tener competencias e ingresos económicos. Esto quiere decir que la demanda pretende que la Ley Marco deAutonomías y Descentralización que estudia el Gobierno, les otorgue las competencias necesarias para llevar adelante su autonomía y su gobierno. Consideran que con la ley marco no percibirán recursos del Estado y por ello mismo quieren que la autonomía indígena esté regida por sus propios estatutos aprobados por usos y costumbres y no por votación vigilada por el Órgano Electoral, como plantea el Gobierno.Otra petición de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (Cidob), es que les reconozcan como territorios autónomos las tierras donde viven los indígenas desde tiempos ancestrales y que en algunos casos trasponen límites departamentales lo que, a decir del Gobierno, podría ocasionar un conflicto limítrofe entre cinco regiones del país.Las peticiones en relación a la autonomía y libre determinación, territorio y recursos económicos, no están fuera del marco constitucional, o cuando menos pueden plantear diferentes interpretaciones, incluso en aquello de la aprobación de estatutos por usos y costumbres.Lo que la norma constitucional tiene aprobado debe ser compatible con otras normas, en este caso la Ley Marco de Autonomías, o sea con leyes regulatorias del proceso constitucional, pero tampoco pueden ingresar en contradicciones con la norma fundamental.El Gobierno o más propiamente los que impulsaron las reformas constitucionales y establecieron los diferentes niveles de la autonomía en Bolivia, entre ellas la indígena, deben estar conscientes que el reconocimiento constitucional originará una serie de problemas y hasta vacíos jurídicos. ¿Qué hacer, por ejemplo, con los territorios ancestrales que traspasan los límites departamentales, si la misma Constitución reconoce ese derecho a los pueblos indígenas? O en el caso del poder y las competencias plenas para esas autonomías y la percepción de dinero por la explotación de recursos naturales?Estos son los primeros problemas que van más allá del discurso político y que ingresan a una realidad que tiene que ser analizada con cuidado y prudencia, para evitar el caos institucional y territorial del país.
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