• El Centro de Educación y Producción Radiofónica (CEPRA) demandó la regulación de los “excesos” en el contenido en medios de comunicación, en la reglamentación de la Ley de Telecomunicaciones que está en elaboración.

  Durante el taller organizado por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), la directora ejecutiva del CEPRA, María Dolores Arce, sostuvo que es necesario “revisar contenidos de los medios en el sentido de los excesos, sobre todo, en algunos horarios donde se difunden programas de violencia y crímenes por salud mental de la niñez y la adolescencia”.

  Remarcó que a diferencia de otras posturas contrarias a la fiscalización de los medios, no cree que la actuación de una entidad reguladora signifique intromisión. “Más bien sería una forma de obligar a los medios a cumplir ese verdadero rol que es educar, informar, pero no sin límites a la moral o faltar a la verdad”, dijo.

  Incluso “poner una programación bajo un criterio netamente comercial, porque lo que vende es el crimen, la violencia; ésta es la percepción que tenemos de la reglamentación a la ley”, manifestó.

  El director ejecutivo de la ATT, Clifford Paravicini, señaló que la reglamentación de la ley en mención se elaborará con todos los sectores y se tomarán en cuenta las propuestas de las organizaciones sociales para concluir en diciembre próximo.

  Sin embargo, la idea de CEPRA no sólo se rige en algunos contenidos que, a su criterio, tienen una pérdida de valores humanos, sino también “fomentar la difusión de la música autóctona” y “la posibilidad del uso de dos lenguas nativas en todas las empresas de comunicación y no sólo para las comunitarias”.

  Al respecto la Asociación de Radiodifusoras de Bolivia (Asbora) y la Asociación de Periodistas de La Paz afirmaron por separado que la propuesta de CEPRA va en contra de la libertad de expresión y que no se “puede permitir sensores a los medios”.

  Además que la única instancia que puede normar los contenidos es una entidad autónoma.

  La Ley de Telecomunicaciones ordena en su artículo 12 que el ministerio a cargo del sector podrá, entre otros aspectos, “promover y coordinar la participación de la sociedad civil organizada para el diseño de políticas públicas y efectivizar el control social a la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, así como del servicio postal”.

  Más datos de la Ley

  Objetivos La Ley de Telecomunicaciones tiene el objetivo de asegurar el ejercicio del derecho al acceso universal y equitativo a los servicios de telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación, así como del servicio postal en el país.

  Distribución La norma busca garantizar la distribución equitativa y el uso eficiente del recurso natural y limitado del espectro radioeléctrico.

  Principios El Estado promoverá el desarrollo de tecnología propia en el área de telecomunicaciones y tecnologías de información.

  Asbora rechaza la injerencia

  La Asociación de Radiodifusoras de Bolivia (Asbora) rechazó cualquier intromisión a los contenidos de los medios de comunicación como ya se lo hizo durante el tratamiento de la Ley de Telecomunicaciones en su momento.

  El presidente de Asbora, Raúl Novillo, señaló que el control que se pretende ejercer es una vulneración a la libertad de expresión.

  Recordó que cuando de analizaba la Ley de Telecomunicaciones en el Legislativo se hicieron más de 12 observaciones , pero de éstas muy pocas fueron tomados en cuenta por las autoridades y legisladores.

  “Obviamente ahora no van a modificar nada en el reglamento de la norma”, aseveró.

  Por eso es que Asbora no participa de la reglamentación, para no escuchar, precisamente, una posición “desorbitada”.

  “Poner sensores a los medios de comunicación, eso nunca ha existido, sólo se vieron en gobiernos dictatoriales y no en democráticos. Esto no es acorde a la libertad de expresión”, señaló Novillo.

  Los medios de comunicación desde sus inicios ya cumplen una función social que es informar.

  “Algo que logramos fue ampliar la licitación de 15 años para las empresas de comunicación; en la ATT se pretendía fijar diez años el uso del espectro. Esto no es posible porque una empresa privada requiere de mucho más tiempo”, añadió.

  Punto de vista

  “Contenidos no pueden confiarse a organizaciones”

  Antonio Vargas – Fiscal Asociación Periodistas

  La Asociación Nacional de Periodistas rechaza la intención de regular los contenidos de los medios de comunicación porque se va contra la libertad de expresión. Esto por la simple razón de quién será aquella persona o institución que dirá cuál es el exceso y lo justo y cabal. No puede confiarse la regulación de contenidos a ninguna organización social que no sea ésta la reunión de todos aquellos actores involucrados en la actividad periodística; por ejemplo, la conformación de un consejo consultivo nos parece una buena idea, pero que de ninguna manera se encuentre sometido a las órdenes del Órgano Ejecutivo.

  La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes nos ha demostrado a través de la norma de telecomunicaciones que tiene sujeción directa al Órgano Ejecutivo.

  La palabra exacta es autónomo del poder político constituido, de ninguna manera a través de organizaciones o movimientos sociales que en este momento son serviles al Gobierno de turno.

  Los contenidos de los medios están siendo regulados de manera inconstitucional en la Ley 026 de Régimen Electoral donde se prohíbe que los medios de comunicación formulen preguntas a candidatos para las elecciones judiciales; también se vulnera la libertad de expresión y prensa a través de la pluralidad que se pide en la Constitución Política del Estado al trabajo periodístico. La Asociación no participa de la discusión de la reglamentación a la Ley de Telecomunicaciones porque considera que la norma vulnera la libertad de expresión que está respaldada por la Constitución y no podemos prestarnos de ninguna manera al manipuleo que se pretende hacer de las consultas que bajo pretexto de darle mayor amplitud, lo que se hace es introducir cuerpos serviles al Gobierno.

Fuente: http://www.paginasiete.bo/2011-10-05/Economia/NoticiaPrincipal/10eco-001-1005.aspx

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El cuarto poder

El cuarto poder

Autor: Willi Noack

Publicado: La Gaceta del Norte, No. 25, 3era semana de febrero de 1993

Cuando en el siglo XVII, luego de una larga época maquiavélica, el filósofo inglés John Locke (1632 – 1704) desarrolló su teoría del Estado, formulando la demanda por la tolerancia y nuevas formas de convivencia, organización social y política (soberanía del pueblo, sistema de representación), las mismas que tuvieron un gran impacto en la sociedad, algunos de estos enunciados formaron parte de la Constitución Política de los Estados Unidos, y empezó una nueva era de la humanidad, la “era de la libertad”.

Charles de Montesquieu (1689 – 1755), el ilustre filósofo francés de la época del “esclarecimiento” profundizó los pensamientos de Locke en su teoría de la división o separación de los poderes, orientado y guiado por su fe en el razonamiento del ser humano (“L Esprit des Lois”, El Espíritu de las Leyes, 1748, con 22 ediciones en dos años).

Estas ideas revolucionarias llegaron a Latinoamérica a través de J.J. Rousseau (1712 – 1778), otro impulsor de la “ilustración” como se llama también este complejo movimiento intelectual, cuando el gran libertador de América, Simón Bolívar, tuvo por maestro a Simón Rodríguez, un auténtico discípulo de Rousseau.

La mencionada separación de los tres poderes es el principio básico de la Constitución Política de un estado democrático, el cual protege al individuo contra el Estado cuando éste se convierte en absolutista y abusivo.

Así, el Estado tiene tres tareas y éstas son: la legislación, la ejecución y la jurisdicción, las cuales están a cargo de tres organismos independientes uno del otro, que son: el parlamento, el gobierno y las cortes de justicia.

La democrácia representa no solamente una forma de organización de la comunidad estatal, sino también una manera de convivencia general.

Condición sine qua non es el derecho de las minorías a opinar sin perjuicios u obstáculos. Existen reglas democráticas del juego que no deben ser violadas bajo ningún concepto.

Las ideas democráticas están sujetas a la evolución, por ejemplo en el afán de las masas por la superación social y codeterminación política.

Gracias al derecho de la libertad de prensa y opinión, garantizado en la Constitución Política del Estado, como la máxima orientación, se ha establecido un poder adicional: el Cuarto Poder, en forma de prensa libre y medios de comunicación masiva.

Ellos controlan con un criterio de alerta el cumplimiento de las reglas democráticas y descubren los atropellos sin temor y con un gran valor cívico, para advertir a la opinión pública sobre hechos ilícitos que van en desmedro de la sociedad. Para que el público, o sea los ciudadanos, reaccionen, en muchos casos se necesita concientizar a la opinión pública de la gravedad de los atropellos contra los principios más nobles y fundamentales de la democracia.

Instituciones como universidades, colegios, asosiaciones y otros entes públicos están en países democráticos generalmente organizados bajo el mismo principio de la separación de poderes.

Lamentablemente, se abre la brecha entre la teoría y la práctica: estamos acostumbrados a que, por ejemplo, el Poder Ejecutivo confraterniza estrechamente con el órgano de control, debido al “espíritu de corps”, al espíritu de grupo, cuando los lazos del establishment son más fuertes que la obligación para el cargo público, o sea, cumplimiento con una función democrática del control.

Si esto ocurre, la idea democrática sufre un abuso, pues los abusivos la utilizan como pantalla justificativa para desarrollar sus actividades ilícitas. La existencia de organismos democráticos, pero así desnaturalizados, se convierten en una estructura que favorece más bien al desenvolvimiento de la fuerza egoísta del establishment: en nombre y bajo la protección de la democracia, se impone el poder sin control.

Los ejemplos para el exitoso desempeño de su rol de vigilancia del Cuarto Poder son bien conocidos (Watergate, Irangate, etc.). Gracias al coraje de los representantes del Cuarto Poder se ha podido descubrir grandes engaños, con la posibilidad de rehabilitar el orden democrático.

La existencia del Cuarto Poder es ineludible, su deber y rol de cumplimiento también, para evitar que los poderosos asuman más poder del que los gobernadores les han concedido.