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Alertan riesgo por un millonario aporte fijado en proyecto de ley – EL DEBER – 12.7.2011

Norma. Las cooperativas de telecomunicaciones temen una quiebra porque deben tributar el 34% de los ingresos. Sus activos alcanzan los Bs 6.000 millones y emplean a 7.000 personas

COMENTARIO:

Nuevamente la ejecución de una política anunciada en el PROGRAMA DE GOBIERNO del MAS que los votantes aprobaron con su voto. ?Llorar sobre leche derramada? ‘Vaya!

Carla Paz Vargas

Las 15 cooperativas de telefonía fija que operan en el país expresaron su preocupación porque, en el marco del proyecto de ley de telecomunicaciones, deberán aportar más de Bs 95 millones anuales. Es decir, un 34% de sus ingresos brutos, que en 2010 alcanzaron a Bs 318 millones, según manifestó Jorge González, gerente de la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones de Bolivia (Fecotel).
La inversión realizada por las cooperativas se estima en Bs 6.000 millones y sus ingresos brutos, tomando en cuenta servicios como televisión por cable y transmisión de datos, superan los Bs 1.000 millones, pero los costos son similares, según González. “Se dice que hay un margen de explotación, pero en la memoria anual de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transporte (ATT) tal cosa se descarta”, precisó el ejecutivo.
Consultado sobre el origen de 34% que deberán aportar, precisó que un 25% es por el cargo de interconexión, porque hay un método de cálculo para fomentar la telefonía celular, el mismo que se mantiene en la nueva ley, afectando las utilidades de las cooperativas. Un 6% es por el pulso que se paga cuando se llama a un móvil, pero que la nueva norma no lo contempla.
Asimismo, el proyecto de ley obliga a que los informes de guía telefónica sean gratuitos para los usuarios, lo que equivale a un 1% de los ingresos (artículo 53). Y el 2% de los ingresos se destina para el Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social (Prontis).
“En estas condiciones, las cooperativas estarán al borde de la quiebra, y son como 7.000 personas las que dependen directamente. También se trata de las acciones de medio millón de ciudadanos”, precisó González.
Otro reclamo de las cooperativas es que no se les otorga el derecho a convertirse en el cuarto operador de telefonía móvil, donde está el negocio, porque en Bolivia hay más de 8 millones de usuarios.
Se consultó a cooperativas representativas sobre el impacto de la norma en sus proyectos de inversión, pero indicaron que acordaron que su portavoz sea su ente federativo, Fecotel.
Al respecto, en la ATT señalaron que la actual Ley de Telecomunicaciones no niega la posibilidad de brindar un servicio ni tampoco delega tal opción. “La nueva ley del sector, que se promulgará en los próximos días o semanas, tampoco delega ni niega la posibilidad de brindar un servicio de telecomunicaciones. Cualquier persona natural o jurídica tiene el derecho de ofrecer un servicio en el marco de la normativa vigente”, precisa un informe oficial enviado a EL DEBER.
A su vez Marcelo Elío, presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, indicó que la ley que está por promulgarse establece los derechos de los usuarios y proveedores de servicios, que serán supervisados por la ATT. “Estamos construyendo un Estado que sea tomado en cuenta y tenga acceso a la modernidad en sus comunicaciones, como visión fundamental de esta ley, traducido en resultados y calidad en cada uno de los sistemas”, remarcó.
Entre las sugerencias de algunos sectores sociales, dijo el diputado, pidieron que los operadores brinden calidad en cada uno de sus servicios ya sea en telefonía, radiodifusión y otras áreas.
Marcelo Elío agregó que otra de las ventajas de esa ley es que declara al espacio electromagnético como un recurso natural que será protegido por el Estado Plurinacional, en apego a la Carta Magna vigente desde febrero de 2009.
Para el asambleísta de Convergencia Nacional, Andrés Ortega, la norma permitirá una mayor intervención estatal y no significa mayor eficiencia. “La filosofía de fondo es el intervencionismo estatal en las telecomunicaciones, pero vemos la experiencia de Entel estatizada, que ahora está endeudada”, aseveró.
Se llamó al viceministro de Telecomunicaciones, Wilber Flores, para obtener su versión, pero su asistente dijo que estaba ocupado y no atendería a los periodistas.

Deberían aliarse para competir
René Bustillos | Exsúper de telecomunicaciones
Las cooperativas funcionan en su propia región, pero las empresas de telefonía móvil crecen. Con el teléfono fijo, pese a generar bastante tráfico, la tendencia es que siga bajando, lo que ocurrirá a futuro es que brinden otros servicios.
En este sentido, vemos que ofertan televisión por cable, Internet, transmisión de datos, convirtiéndose en un operador multiservicio, Cotas es un buen ejemplo de ello. Además, hay un problema que se analizó hace tiempo y es que los operadores de telefonía fija deberían tener condiciones para brindar sus servicios en comunidades rurales, pero para ello las entidades deberían unirse y formar una sola empresa; esa es una dificultad que se tuvo desde siempre. Si trabajaran de forma conjunta en todo el país pueden lograr mejores resultados, pero hasta ahora no hay una solución. Por ejemplo, Cotas solo tiene licencia para Santa Cruz y no puede competir en otros departamentos, incluso gestionó una alianza con las otras, pero no lo consiguió.

Algunos artículos observados

Art. 20-II y 351-I. Las condiciones exigidas por un operador para el acceso y uso compartido de infraestructura en sus redes de telecomunicaciones, no podrán ser menos ventajosas que las exigidas a otros operadores o terceros en condiciones iguales o equivalentes. Dicho operador tendrá derecho a recibir una contraprestación razonable, orientada a costos, la misma que será establecida por la ATT. (Pone a todos los operadores al mismo nivel, por lo que considera y trata a las inversiones de las cooperativas igual que a las inversiones extranjeras).

Art 61. Los operadores y proveedores que cuenten con licencias, pagarán por la asignación de frecuencias y por uso de frecuencias del espectro radioeléctrico. Estos pagos son independientes de la tasa de fiscalización y regulación.

Art. 65. Los operadores y proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, con excepción de los proveedores de radiodifusión, aportarán obligatoriamente el 2% de sus ingresos brutos emergente de la provisión de los servicios prestados. Esta obligación remplazará las metas de expansión en el área rural del servicio local, de larga distancia nacional e internacional y de telefonía pública.