La ley y la justicia del Estado pluribochorno – Susana Seleme Antelo – 19.6.2011
Este es el último atículo de esta temporada… Me voy dar un necesario descanso.
Hasta cualquier otro ratito, entonces, y gracias por haberme leído.
Saludos
susana
COMENTARIO
¡Esperamos que después del descanso volverás a la carga!
¡Deseamos pronta mejora de tu estado de salud!
En este país, bien haríamos en cantar como un himno a la impostura, el tangzoo argentino Cambalache: “ Hoy resulta que es lo mismo … ser un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón… ¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón! Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley…”
Y no exagero: un amigo afecto a la filosofía popular tan sabia como otras, dice que “en Bolivia la ley es osamenta que anda de cuenta de los suchas”. ¡Qué metáfora más brutal! Es decir, la osamenta -carne corrupta- sería la ley, sujeta a aves de rapiña ¿administradores de justicia manipulados por intereses políticos y personales? Son ellos quines la violan, la mal usan, le restan credibilidad y dejan a la ciudadanía en total indefensión frente a la manipulación, la delincuencia, los abusos sin pausas pero con mucha prisa, el avasallamiento de tierras y prestigios bien ganados, dejando a la sociedad al borde de la desagregación social y de los abismos de la condición humana.
En efecto, hay hechos jurídicos despreciables, como las guillotinas judiciales aplicadas solo a alcaldes, gobernadores, parlamentarios opositores y autonomistas, mientras los masistas se libran de cualquier sanción, a pesar de los delitos que ellos sí cometen, merced a las mayoría congresal de la que mal usan y de la que usufructúan. Procesados están muchos ex ministros de Sánchez de Losada, injustamente acusados de genocidas en octubre 2003; el ya patético caso del ex prefecto Leopoldo Fernández; los casos de ex funcionarios de anteriores gobiernos; el caso Rozsa-Sosa y su secuela de más de 39 presos, perseguidos y exiliados por terrorismo-separatismo inexistente.
Sin embargo, el gobierno de cambio hacia la degradación moral del país, dio protección al comprobado por la justicia argentina terrorista-genocida iraní, con mandamiento de apremio internacional, Mahmad Vahidi, que tuvo además, una “fuga asistida” –según la diputada Jessica Echeverría. Se fue, pero dejo tres conmilitones en la Escuela del Alba, en Warnes, donde se adoctrinará a los ciudadanos de sus países miembros –Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba, Nicaragua y algunas islas antillanas- doctrina antiimperialista. Vale la pena recodar que en el marco las vergüenzas judiciales, el oficialismo ha protegido a otros criminales como los asesinos de Cecilia Cuba, hija del ex presidente paraguayo Raúl Cuba, y no sabemos a cuantos de las FARC, ni de Senderos Luminoso, ni de otros movimientos subversivos y terroristas.
¡Mucha tela en el telar, muchos hilos sin terminar de tejer y varias agujas tejiendo al mismo tiempo, sobre el poder judicial y las leyes en Bolivia, la administración de justicia y quiénes la administran en este gobierno ‘de cambio’ al centralismo totalitario que desprecia la democracia, siempre perfectible, que puede ser más incluyente y equitativa, si se quiere. Como los del cambio no quieren, nada bueno podrá salir de la mascarada eleccionaria de octubre próximo para eligir a los magistrados de los cinco órganos del Poder Judicial: Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia, Órgano Electoral y Tribunal Agrario. Vamos a votar no para elegir, sino para cohonestar lo dispuesto por Evo Morales y su cohorte de centralistas anti-autonomistas, ahítos de aberraciones judiciales, abusos, atropellos y corrupciones a granel.
La estrategia, ya se sabe, es el control de todos los poderes para obtener el poder “total”, siendo el poder judicial, el más importante como mecanismo para eliminar de la arena política a los adversarios que obstaculizan aquella estrategia. Como dice Jorge Lazarte, “para que ello ocurra, sin parecer arbitrario, el voto democrático del pueblo soberano debe blindar los fallos judiciales de cualquier sospecha de parcialidad con el poder. Siempre se podrá alegar que ha sido la población la que ha elegido a los altos magistrados, y no el gobierno”. Esa es una muestra más de la manipulación de conciencias con la que nos conducen los impostores de la democracia, cada vez más descarnadamente autoritarios y totalitarios, en sus diversas manifestaciones, tanto éticas como estéticas de rasgos fascistoides.
Sin instituciones democráticas, no puede existir democracia, recuerda Fernando Mires, citando a Alexis de Tocqueville. Y a la vez, sin ejercicio democrático las instituciones son sólo un cascarón vacío. Para que el ejercicio de la democracia pueda ser realizado, se requiere dos condiciones elementales: la primera es la separación irrestricta de los poderes públicos, es decir el “poder que bloquea al poder”. Ese es el antídoto que impide que uno de esos poderes se erija de modo tiránico sobre los demás. “Quiere decir que allí donde parlamento y justicia se encuentran subordinados al ejecutivo, hay dictadura. Así de simple”, concluye Mires. Y le asiste toda la razón política conocida. Así va Bolivia.
País infeliz
Este es un “país infeliz” le oí decir a un ciudadano que comentaba entre incrédulo y molesto la nacionalización-perdonazo de autos indocumentados. Por principio reniego de llamarlos ‘chutos’, eufemismo simplón para tapar con vocablo de picaresca popular, tres delitos en uno: son autos robados, que entran de contrabando, de suyo ilegalmente y casi siempre son cambiados por droga. ¡En Bolivia hay un supermercado de la corrupción leí en Internet! Así es: la legalización del delito que corrompe con impunidad y beneplácito oficialista! ¿A eso nos ha llevado el gobierno ‘del cambio’?.
Los ilícitos cometidos por la informalidad delictiva a todo nivel -amparada en la brutal anomia de Estado, ausente no solo en las fronteras sino en la obligación gubernamental no cumplida de generar empleos productivos para vivir honestamente sin delinquir- han sido legalizados con otro delito por el gobierno de Morales y compañía nada santas, ya se sabe. Se ha dado luz verde para que sigan robando autos en otros países, los contrabandeen por sendas no impresas en mapas y los cambien por droga. Así avalan indirectamente –o sin querer queriendo- el crecimiento de las plantaciones de hoja de coca, materia prima de la economía política de la cocaína, crecimiento ya reconocido por el propio oficialismo, antes negado rotundamente. Podría decirse ‘más vale tarde que nunca’, pero con medidas como el ‘perdonazo’ a tres delitos en uno, ese tardío reconocimiento no tendrá efecto ni pondrá coto al millonario negocio de la droga y a los demás conexos a el, como el de los autos de marras.
¿La nacionalización es por una sola y última vez? El demagógico argumento de que “los pobres tienen derecho a tener un auto”, como dijo el Presidente, es otro infundio más del MAS, más populachero que populista.
Cómo señala el editorial “El quebranto moral de un país”, del periódico cruceño El Día “¿Qué puede venir después de esta orgía de ilegalidad auspiciada por el Estado Plurinacional. Qué tienen preparados los abogados del régimen para calmar las masas sedientas de indulgencia y permisividad, a cambio de apoyo a un Gobierno que ha perdido por completo la legitimidad y cuya credibilidad se sostiene únicamente con dosis cada vez mayores de populismo libertino”.
Como mercancía que se vende al mejor postor, aquí la administración de justicia es objeto-sujeto del regateo, de ‘hocicos’ como el de Fidel Surco y otros senadores mediante, del ‘te doy, me das o sino te fregás’.
La ley y la justicia del Estado pluribochorno
Susana Seleme Antelo
En este país, bien haríamos en cantar como un himno a la impostura, el tangzoo argentino Cambalache: “ Hoy resulta que es lo mismo … ser un burro que un gran profesor. No hay aplazaos ni escalafón… ¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón! Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley…”
Y no exagero: un amigo afecto a la filosofía popular tan sabia como otras, dice que “en Bolivia la ley es osamenta que anda de cuenta de los suchas”. ¡Qué metáfora más brutal! Es decir, la osamenta -carne corrupta- sería la ley, sujeta a aves de rapiña ¿administradores de justicia manipulados por intereses políticos y personales? Son ellos quines la violan, la mal usan, le restan credibilidad y dejan a la ciudadanía en total indefensión frente a la manipulación, la delincuencia, los abusos sin pausas pero con mucha prisa, el avasallamiento de tierras y prestigios bien ganados, dejando a la sociedad al borde de la desagregación social y de los abismos de la condición humana.
En efecto, hay hechos jurídicos despreciables, como las guillotinas judiciales aplicadas solo a alcaldes, gobernadores, parlamentarios opositores y autonomistas, mientras los masistas se libran de cualquier sanción, a pesar de los delitos que ellos sí cometen, merced a las mayoría congresal de la que mal usan y de la que usufructúan. Procesados están muchos ex ministros de Sánchez de Losada, injustamente acusados de genocidas en octubre 2003; el ya patético caso del ex prefecto Leopoldo Fernández; los casos de ex funcionarios de anteriores gobiernos; el caso Rozsa-Sosa y su secuela de más de 39 presos, perseguidos y exiliados por terrorismo-separatismo inexistente.
Sin embargo, el gobierno de cambio hacia la degradación moral del país, dio protección al comprobado por la justicia argentina terrorista-genocida iraní, con mandamiento de apremio internacional, Mahmad Vahidi, que tuvo además, una “fuga asistida” –según la diputada Jessica Echeverría. Se fue, pero dejo tres conmilitones en la Escuela del Alba, en Warnes, donde se adoctrinará a los ciudadanos de sus países miembros –Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba, Nicaragua y algunas islas antillanas- doctrina antiimperialista. Vale la pena recodar que en el marco las vergüenzas judiciales, el oficialismo ha protegido a otros criminales como los asesinos de Cecilia Cuba, hija del ex presidente paraguayo Raúl Cuba, y no sabemos a cuantos de las FARC, ni de Senderos Luminoso, ni de otros movimientos subversivos y terroristas.
¡Mucha tela en el telar, muchos hilos sin terminar de tejer y varias agujas tejiendo al mismo tiempo, sobre el poder judicial y las leyes en Bolivia, la administración de justicia y quiénes la administran en este gobierno ‘de cambio’ al centralismo totalitario que desprecia la democracia, siempre perfectible, que puede ser más incluyente y equitativa, si se quiere. Como los del cambio no quieren, nada bueno podrá salir de la mascarada eleccionaria de octubre próximo para eligir a los magistrados de los cinco órganos del Poder Judicial: Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura, Corte Suprema de Justicia, Órgano Electoral y Tribunal Agrario. Vamos a votar no para elegir, sino para cohonestar lo dispuesto por Evo Morales y su cohorte de centralistas anti-autonomistas, ahítos de aberraciones judiciales, abusos, atropellos y corrupciones a granel.
La estrategia, ya se sabe, es el control de todos los poderes para obtener el poder “total”, siendo el poder judicial, el más importante como mecanismo para eliminar de la arena política a los adversarios que obstaculizan aquella estrategia. Como dice Jorge Lazarte, “para que ello ocurra, sin parecer arbitrario, el voto democrático del pueblo soberano debe blindar los fallos judiciales de cualquier sospecha de parcialidad con el poder. Siempre se podrá alegar que ha sido la población la que ha elegido a los altos magistrados, y no el gobierno”. Esa es una muestra más de la manipulación de conciencias con la que nos conducen los impostores de la democracia, cada vez más descarnadamente autoritarios y totalitarios, en sus diversas manifestaciones, tanto éticas como estéticas de rasgos fascistoides.
Sin instituciones democráticas, no puede existir democracia, recuerda Fernando Mires, citando a Alexis de Tocqueville. Y a la vez, sin ejercicio democrático las instituciones son sólo un cascarón vacío. Para que el ejercicio de la democracia pueda ser realizado, se requiere dos condiciones elementales: la primera es la separación irrestricta de los poderes públicos, es decir el “poder que bloquea al poder”. Ese es el antídoto que impide que uno de esos poderes se erija de modo tiránico sobre los demás. “Quiere decir que allí donde parlamento y justicia se encuentran subordinados al ejecutivo, hay dictadura. Así de simple”, concluye Mires. Y le asiste toda la razón política conocida. Así va Bolivia.
País infeliz
Este es un “país infeliz” le oí decir a un ciudadano que comentaba entre incrédulo y molesto la nacionalización-perdonazo de autos indocumentados. Por principio reniego de llamarlos ‘chutos’, eufemismo simplón para tapar con vocablo de picaresca popular, tres delitos en uno: son autos robados, que entran de contrabando, de suyo ilegalmente y casi siempre son cambiados por droga. ¡En Bolivia hay un supermercado de la corrupción leí en Internet! Así es: la legalización del delito que corrompe con impunidad y beneplácito oficialista! ¿A eso nos ha llevado el gobierno ‘del cambio’?.
Los ilícitos cometidos por la informalidad delictiva a todo nivel -amparada en la brutal anomia de Estado, ausente no solo en las fronteras sino en la obligación gubernamental no cumplida de generar empleos productivos para vivir honestamente sin delinquir- han sido legalizados con otro delito por el gobierno de Morales y compañía nada santas, ya se sabe. Se ha dado luz verde para que sigan robando autos en otros países, los contrabandeen por sendas no impresas en mapas y los cambien por droga. Así avalan indirectamente –o sin querer queriendo- el crecimiento de las plantaciones de hoja de coca, materia prima de la economía política de la cocaína, crecimiento ya reconocido por el propio oficialismo, antes negado rotundamente. Podría decirse ‘más vale tarde que nunca’, pero con medidas como el ‘perdonazo’ a tres delitos en uno, ese tardío reconocimiento no tendrá efecto ni pondrá coto al millonario negocio de la droga y a los demás conexos a el, como el de los autos de marras.
¿La nacionalización es por una sola y última vez? El demagógico argumento de que “los pobres tienen derecho a tener un auto”, como dijo el Presidente, es otro infundio más del MAS, más populachero que populista.
Cómo señala el editorial “El quebranto moral de un país”, del periódico cruceño El Día “¿Qué puede venir después de esta orgía de ilegalidad auspiciada por el Estado Plurinacional. Qué tienen preparados los abogados del régimen para calmar las masas sedientas de indulgencia y permisividad, a cambio de apoyo a un Gobierno que ha perdido por completo la legitimidad y cuya credibilidad se sostiene únicamente con dosis cada vez mayores de populismo libertino”.
Como mercancía que se vende al mejor postor, aquí la administración de justicia es objeto-sujeto del regateo, de ‘hocicos’ como el de Fidel Surco y otros senadores mediante, del ‘te doy, me das o sino te fregás’.
Autor, Susana Seleme Antelo | Willi Noack 19 Junio 2011
