MÉTODOS DICTATORIALES EN DEMOCRACIA – LOS TIEMPOS Editorial – 27.4.2011
Ojalá que la lección sirva para que las autoridades dejen de ver al Ministerio Público como una agencia de control político y venganza
La renuncia del fiscal Marcelo Soza a seguir dirigiendo el proceso en contra de una serie de personas presuntamente vinculadas con Eduardo Rózsa por terrorismo e intentos de secesión y magnicidio, no parece ser sino el reconocimiento del fracaso del Ministerio Público en procesar dicho caso por los senderos del estado de derecho, dando cumplimento a los principios constitucionales del debido proceso y la presunción de inocencia.
De nada valieron las advertencias y recomendaciones que desde varios ámbitos se hicieron en las sucesivas etapas de este escabroso proceso, advirtiendo sobre las negativas consecuencias que tendría que el representante del Ministerio Público, mostrando una soberbia sin respaldo profesional alguno, actuara más como agente policial amedrentando ciudadanos que cumpliendo su papel de defensor de la sociedad. Se recordaba –como en otros casos que aún se ventilan en la justicia– que andar por ese camino no sólo que deslegitimaba el proceso sino que no podía culminar en la dictación de una justa sentencia.
Así, llegado el momento de la audiencia conclusiva, el juez de la causa tuvo que exigirle al Fiscal seguir las normas de derecho y en su dictamen final personalizar las acusaciones y presentar las pruebas que respalden esas acusaciones. Es decir, todo aquello que se había ido advirtiendo conforme avanzaba el proceso y se aplacaban los efectos de las declaraciones altisonantes, se comprobó llegado el momento de la adopción de decisiones. Es más, si el caso no tuviera la relevancia que ostenta y que el propio Gobierno se ha encargado de darle, probablemente el proceso jurídico culminaba en la audiencia conclusiva por la serie de errores e irregularidades que el Ministerio Público cometió y que fueron avaladas –cuando no aplaudidas– por autoridades de Gobierno.
Sin embargo, el juez dio un plazo más al Fiscal para que adecúe a derecho su acusación, lo que parece que significó -tanto por la renuncia como por el apresuramiento en presentar las acusaciones (que aún no se conocen) y el rechazo de la renuncia por parte del Fiscal General del Estado– la prueba definitiva que no ha podido superar el fiscal Soza.
Es que, más allá de la falta de idoneidad profesional como tal, lo único que puede explicar que se haya llegado a esta situación es que las actuales autoridades (del ámbito de los mecanismos de inteligencia, del Ejecutivo y Legislativo y del Ministerio Público) optaron por actuar como si se viviera en un país sin ley y que bastaba la decisión política para proceder como se hizo pese a los reclamos y advertencias, hasta que se tuvo que acatar el marco legal vigente en el país y sobre el cual mañana pueden ser procesados quienes lo violen.
Esta situación y la gravedad del caso obligan a que por el bien del país y de su precaria institucionalidad se analice seriamente la conveniencia de rectificar errores y dejar que las autoridades pertinentes actúen conforme a ley. Pero, esto exige, de una vez por todas, que las autoridades del Gobierno dejen de ver al Ministerio Público como una agencia de control político y venganza, y a la justicia como un espacio de absoluta discrecionalidad. Es decir, que comprendan que el poder, en democracia, tiene controles que se debe respetar.
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Sin categoría | Willi Noack 27 Abril 2011
