Penalizarán el contrabando a partir de más de $us 11.000 – hidrocarburosbolivia.com – 6.4.2011

Contrabando Según datos oficiales, Bolivia gasta más de $us 500 millones al año en la subvención de combustibles para el mercado interno, pero una gran cantidad de esos carburantes salen de contrabando a los países limítrofes, donde el precio es mayor, causando un daño económico de al menos $us 300 millones, por tanto la norma endurece las penas contra las estaciones de servicio en las fronteras.

El Gobierno promulgó ayer la Ley de Desarrollo Fronterizo que ratifica que el contrabando será tipificado penalmente a partir de 50.000 UFV (más de 11.000 dólares).

Además que penaliza la salida ilegal de alimentos y combustibles y confirma la expropiación de surtidores que están a 50 kilómetros de la frontera.

En el caso de las estaciones de servicios de gasolina, diésel y GLP, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, anunció duras sanciones como la expropiación.

“Van a suspenderse los trámites de las licencias de las estaciones de servicio en las fronteras e YPFB se convertirá en el único minorista, previo pago de un justo precio y el proceso de expropiación municipal”, señaló.

Asimismo, la norma impone la obligación de facturación bajo pena de clausura definitiva de la estación de servicio.

La norma establece que cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía objeto de contrabando sea igual o menor a las 50.000 UFV (más de 11.000 dólares), la conducta será considerada como delito de contrabando sobre el total de las mercancías, así sea que la declaración de importación respalde parcialmente las mismas.

Hasta antes de la ley se consideraba delito cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía ilícita era de 200.000 UFV (más de 45.000 dólares)

Según Chávez, la norma asume “medidas de prevención y control” como una fase nueva de la política de lucha contra la criminalidad en fronteras. “La ley establece sanciones penales, incorporar delitos para que esa lucha sea efectiva. Sancionará la comercialización y compra ilegal de diésel, gasolina y GLP con cárcel de tres a seis años de detención y la confiscación de los bienes. A quien adquiera esos bienes, de dos a cuatro años de reclusión”, recordó.

En este marco, las autoridades que están en función pública y aprovechan su cargo para facilitar ilícitos tendrán una pena de cinco a diez años.

En el caso del contrabando de alimentos y carburantes, la nueva norma ajusta el Código Tributario y se toman medidas adicionales en materia aduanera para evitar que haya una exportación indebida en los casos que se hubiese prohibido su salida, por ejemplo azúcar u otros productos de primera necesidad.

Antecedentes
# Contrabando Según datos oficiales, Bolivia gasta más de $us 500 millones al año en la subvención de combustibles para el mercado interno, pero una gran cantidad de esos carburantes salen de contrabando a los países limítrofes, donde el precio es mayor, causando un daño económico de al menos $us 300 millones, por tanto la norma endurece las penas contra las estaciones de servicio en las fronteras.

# Repercusiones Al respecto, los representantes de la Asociaciones de Surtidores (Asosur) pusieron a disposición del Gobierno sus licencias de funcionamiento, considerando a la normativa un atentado.

# Seguridad alimentaria Por otro lado, la norma prevé implementar medidas dirigidas a la seguridad alimentaria y energética y de lucha contra el tráfico ilegal de mercancías. Para este fin se conformará en los siguientes días el Consejo para el Desarrollo Fronterizo y Seguridad conformado por los ministerios de Defensa, Presidencia, Gobierno, Planificación del Desarrollo, y Economía y Finanzas Públicas

# Controles La norma también prevé ampliar el control en las aduanas, agrupando efectivos de la Policía, Fuerzas Armadas, Migración, Aduana e incluso el Servicio de Impuestos para evitar el contrabando en el territorio. La Aduana anunció que fortalecerá su personal para que en caso de operativos en zonas fronterizas, incluso se realicen allanamientos en las casas de personas involucradas en actividad de contrabando.

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