La frase del epígrafe fue pronunciada por el embajador del Japón para explicar la necesidad de que nuestro país reconozca que “falta seguridad jurídica” y que ello genera dudas a nivel internacional, lo que perjudica a las inversiones.

El problema es de larga data; llega, como política del gobierno, la supresión de garantías o, por lo menos, permitir un “status quo” que deje la situación y sus consecuencias como las determinadas contra el empresariado privado, la prohibición de exportar y la decisión de “nacionalizar” empresas para que sea el Gobierno, en nombre del Estado, el que las administre.

Fueron atinadas y correctas las afirmaciones del diplomático japonés que, además, es un convencido de que su país “está dispuesto a realizar grandes inversiones en Bolivia”, pero con la seguridad jurídica necesaria. Esa espera retrasa el que nuestro país pueda contar con nuevas fuentes que generen riqueza y que, a su vez, impliquen creación de empleo.

Si se tuviese datos precisos, se podría mostrar cuánto las inversiones extranjeras en los países vecinos: Brasil, Argentina, Chile, Perú y Paraguay han significado para el desarrollo y progreso de esos pueblos cuyos gobiernos han sabido respetar y mejorar las garantías y seguridades jurídicas para tres capitales importantes: financiero, tecnológico y humano con miras a que sean invertidos en diversas actividades de producción.

Es preciso reconocer que los coqueteos a socialismos estilo ex–URSS y Cuba no permiten al Gobierno reconocer que, previo a los “socializantes”, seguimos en la órbita capitalista, que los socialismos anunciados no pueden ser y que el pueblo en todos sus estratos sociales, políticos, económicos y culturales es ajeno a políticas donde la “economía de Estado” pueda imponerse porque el pueblo conoce y tiene experiencias de la mala administración de los gobiernos para manejar la economía de empresas y conseguir que crezcan, se desarrollen, diversifiquen su producción, creen efectivamente empleo y contribuyan al desarrollo. Muchos intentos fracasados del pasado son contundentes y terminantes al respecto.

Insistir en una “economía de Estado”, sabiendo las limitaciones del Gobierno para un manejo económico responsable y productivo, es irresponsable. Lo que corresponde es reconocer los equívocos habidos y empezar a corregir, inclusive teniendo en cuenta que las labores correctivas tardarán mucho tiempo en ser efectivas; pero mientras más se tarde en tomar medidas que permitan anular malas políticas, seguiremos en la vertiente del atraso, mayor pobreza y aumento de la dependencia. Seguiremos implorando a los países ricos y desarrollados que se nos “comprenda” y ayude para paliar nuestras necesidades.

Es muy importante que el Gobierno, que normalmente desconoce lo que internamente se cree, siente y opina en relación con nuestra situación, tome en cuenta criterios, opiniones e ideas de embajadores -en este caso el del Japón- y personeros de organismos internacionales que aconsejan y piden cambiar políticas negativas por las que, de todas maneras, serán siempre más positivas que las cumplidas hasta ahora. No entender realidades y seguir empeñados en senderos que conducen más a la ruina nacional, es deshonesto, insensible e irresponsable.

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