Jueces ciudadanos testimonian su independencia – EL DIARIO Editorial – 11.3.2011
El Órgano Judicial acaba de dar una nueva muestra de sumisión y obediencia al Órgano Ejecutivo ….
…….a través del juez César Portocarrero, Presidente del Tribunal que tiene a su cargo el procesamiento de Leopoldo Fernández, ex prefecto del departamento de Pando. En efecto, en la audiencia para tratar el pedido de retorno a la cárcel de San Pedro formulado por la defensa, el indicado juez técnico votó por la permanencia de Fernández en el penal de Chonchocoro, pero los tres jueces-ciudadanos votaron por la procedencia del pedido, dando testimonio de independencia y ecuanimidad de parte de quienes como ciudadanos comunes actúan con espíritu de justicia, en contraste con la obsecuencia política que viene caracterizando a los Tribunales de Justicia, sobre todo de la Sede de Gobierno.
Como es de conocimiento público, el Director de Régimen Penitenciario dispuso el traslado de la ex autoridad de Pando a la cárcel de Máxima Seguridad de Chonchocoro, por supuestos motivos de seguridad y aduciendo un pedido de un sector de reos de San Pedro. Lo fútil de dicha argumentación se hizo trizas cuando los reclusos exigieron el inmediato regreso del detenido, prestándole su respaldo.
El Director de Penitenciarías se valió de un decreto supremo emitido antes del 24 de febrero, fecha del traslado, que le autoriza a tomar tales medidas cuando la vida o la seguridad de los detenidos puedan correr peligro. Además de que tal decreto conduce a sospechar que su objetivo era concreto al caso que nos ocupa, es claro que invade la jurisdicción y competencia propia de los jueces y tribunales en la materia. Son estas autoridades quienes tienen tuición sobre sus detenidos y sólo ellos deben decidir sobre el destino y seguridad de los mismos.
Se trata también de otra forma de sustituir las medidas judiciales por otras de carácter administrativo, para hacerlas más duras o más benignas según el mayor o menor grado de preferencia política que se trate. Pero, en el fondo, si la mencionada autoridad de Penitenciarias depende directamente del Ministerio de Gobierno, la autoría y responsabilidad de cuanto se refiere al sistema carcelario recae con plenitud en los titulares de turno de dicha cartera gubernamental. Sabida es la prevención que guarda el aparato oficial contra el señor Fernández antes de que la Justicia pueda establecer su grado de responsabilidad en los trágicos sucesos del Porvenir de hace poco más de dos años. No otra cosa significa que por presión oficial, sin que aun hubiera empezado la etapa procesal propiamente dicha, el nombrado guarde detención por dos años y medio y que el Ministerio Público y los jueces hubieran desconocido las disposiciones determinantes en cuanto a que si un proceso no se formaliza en el plazo máximo de 18 meses, procede la libertad del detenido, situación efectivamente producida en el señalado caso, pudiendo continuar la tramitación del juicio.
El afán de complacer los designios foráneos a los Tribunales no se ha detenido ni en lo ridículo, cuando precisamente el día de la audiencia planteada por los abogados de Fernández, con gran aspaviento se denunció la supuesta colocación de una bomba en las instalaciones judiciales, lo que fue suficiente para postergar la indicada audiencia. Por supuesto, la denuncia resultó falsa. Pero es más, conocido el fallo en la forma relatada, el Juez Portocarrero postergó el regreso del detenido a San Pedro hasta después del Carnaval, pese a que este tipo de fallos reviste urgencia.
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Sin categoría | Willi Noack 11 Marzo 2011
