La crisis y las peligrosas expectativas inflacionarias no son producto de ningún “imperialismo”, sino de la incapacidad del régimen vigente…

Desde el frustrado “gasolinazo” de fines de diciembre, la situación económica ha ido de peor en peor. Ya venía en declive, pero todavía no afloraba en su verdadera magnitud. A partir de esa malhadada decisión gubernamental —que luego de crear conmoción fue revertida—, el proceso se aceleró. Nos encontramos ahora con precios en alza incontenible y desabastecimiento de bienes esenciales. No se puede negar la magnitud de esta crisis que afecta hoy a toda Bolivia, generando descontento popular y convulsión social.

Los sociólogos definen al efecto perverso como un resultado contrario al esperado y ello, como producto involuntario de una decisión o de múltiples decisiones por separado. Tomemos como ejemplo un embotellamiento de tránsito. Si la circulación está bloqueada no es porque los automovilistas han elegido molestarse mutuamente en forma deliberada. Simplemente deciden, todos, al mismo tiempo, emprender un mismo itinerario y terminan también todos perjudicados por la suma de sus comportamientos. En la base de la noción de efecto perverso existe la ausencia de intención, es un resultado independiente de la voluntad de los actores.

Nadie duda de las buenas intenciones que motivaron el intervencionismo estatal y los controles de precios impuestos por el Gobierno, pero es un hecho que involuntariamente se ha creado un efecto perverso, un efecto contrario al esperado. En lugar de solucionar el problema, lo está agigantando.

No es la primera vez que esto sucede en el mundo. Los casos de manipulación oficial de precios y controles de exportaciones son numerosos. Se han dado en nuestro país en el pasado y en varios países sudamericanos, siempre con resultados desastrosos. Una de las razones del derrumbe de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) fue justamente el nefasto manejo estatal de los sistemas de precios, lo que terminó —entre otros factores— creando desbarajustes que precipitaron el colapso del comunismo y la extinción de la otrora súper potencia. El caso actual de Cuba —con sus cupones de racionamiento— es típico también. Y ya vemos en Venezuela lo negativo de esa política.

Para expresarlo sin ambages: la crisis presente y las peligrosas expectativas inflacionarias no son producto de ningún “imperialismo”, sino de la incapacidad del régimen vigente para administrar la economía y tomar previsiones ante la coyuntura internacional en materia alimentaria. No basta con la estabilidad macroeconómica, importante en sí, hace falta algo más. A lo largo de cinco años se ha castigado injustamente a los productores agropecuarios con diversas medidas que redundaron en una drástica disminución de la oferta de alimentos.

Por otro lado, durante estos recientes años de bonanza se ha desperdiciado una oportunidad única para generar inversiones en la minería y en el sector energético e impulsar mecanismos de crecimiento. El populismo y las prebendas pudieron más que la simple lógica. Ahora nos encontramos en una difícil situación, pero ésta aún podría revertirse si se deja de lado tanto intervencionismo estatal y el Estado más bien se dedica a lo suyo: controlar prudentemente los procesos, estimulando la libertad económica y regulando eficazmente lo que corresponda sin meterse tanto en campos que no le competen.