UN SALTO ATRÁS EN EL PROCESO AUTONÓMICO – Los Tiempos Editorial – 11.2.2011

Al poner en manos del poder central los presupuestos de 337 municipios, se asesta un golpe mortal a las autonomías municipales

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Representantes de los 337 municipios en los que está dividido el territorio nacional, aglutinados en la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), han alzado su vigorosa voz de protesta porque consideran que la autonomía municipal, uno de los pilares del proceso autonómico que supuestamente está en marcha en nuestro país, está siendo cercenada y condenada a desaparecer al ser absorbida por una de las medidas más centralistas de los últimos tiempos.

Se trata de una de las disposiciones de la Ley del Presupuesto General del Estado (Ley 062) aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional en diciembre pasado, mediante la que por primera vez se incorporan en las cuentas del Estado central los presupuestos de los 337 gobiernos autónomos municipales del país.

Según los reclamos de la FAM, la cuestionada ley obligaría a cada uno de los 337 municipios a mandar sus respectivos presupuestos a la Asamblea Legislativa, lo que, además de someterlos a la voluntad de los legisladores, dificultaría con innecesarios y engorrosos trámites burocráticos la ejecución de sus respectivos planes operativos anuales.

Peor aún, los municipios quedarían imposibilitados de realizar modificaciones o reformulaciones en sus presupuestos cuando existan recursos adicionales o éstos disminuyan, pues sería necesaria la promulgación de una nueva ley por parte de la Asamblea cada vez que algún municipio se proponga modificar su propio plan de gastos. Ese hecho, como es por demás evidente, atenta al pilar principal sobre el que se sostiene la autonomía municipal, como cualquier otra autonomía, que es la posibilidad de disponer de sus recursos económicos sin depender de la venia ni del Gobierno central ni del Órgano Legislativo.

A primera vista, y considerando que la inmensa mayoría de los 337 gobiernos municipales están bajo pleno control de alcaldes y concejales del Movimiento Al Socialismo, es posible descartar cualquier motivación política como inspiradora de la disposición legislativa. Así, podría suponerse que se trata de un error cometido por un descuido o por la inveterada tendencia a complicar burocráticamente cuanto asunto cae en manos de nuestros legisladores. Sin embargo, hay motivos para sospechar que no es involuntario ni inconsciente el enorme salto atrás que se pretende dar en el camino que conduce a la consolidación de un sistema autonómico.

Tal sospecha es avalada por la permanente falta de correspondencia entre los discursos gubernamentales y sus actos cuando de autonomías se trata. Es que mientras en el plano de las palabras abunda la fraseología autonomista, en el de los hechos lo que más se ve es una tendencia a reforzar el centralismo por todos los medios disponibles.

Muy esclarecedora al respecto es una reciente declaración del canciller del Estado Plurinacional, según quien la Ley de Participación Popular aprobada en 1994, la medida más descentralizadora de la historia republicana, fue una de las principales causas de corrupción.

Si así razonan quienes mandan en el Gobierno central, no resulta sorprendente que mediante la Ley 062 pretendan cercenar las autonomías municipales para volver a poner en sus manos el poder de decidir sobre los 337 gobiernos municipales.

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