Sus ingresos les daba para financiar bonos de todo tipo a favor de los sectores más necesitados de la población. Se creó el subsidio de desocupación laboral para los que carecían de fuentes de trabajo y se flexibilizaron los regímenes de jubilación y seguridad social, ampliando, a la vez, los servicios de educación y salud. Objetivo final: que todos, particularmente los menos favorecidos, recibieran lo suyo a fin de acortar hasta donde fuese posible las asimetrías económico–sociales.

El régimen sigue vigente en Europa y en algunos países desarrollados de otros continentes (Japón, por ejemplo), aunque con variaciones y restricciones impuestas por coyunturas de crisis en la economía mundial, entre las que cabe mencionar recortes drásticos en el gasto corriente y endurecimiento de las normas en materia de seguridad social.

El Estado de Bienestar Social es una cosa y otra muy distinta el “Asistencialismo Social” de orientación neopopulista. El primero reparte entre la gente el porcentaje disponible del excedente que realmente se tiene, en lo que hace a recursos nacionales, con fines de equidad. El segundo busca solamente afianzarse en el poder. Cree que los bonos y otros beneficios afianzarán su imagen en la gente común. No le interesa para nada que se carezca de la suficiente base financiera para esta forma de incremento del gasto público. El asistencialismo social asume así funcionalidad de anzuelo político–electoral.

El Gobierno enganchó al de sus predecesores una serie de bonos y subsidios cuya sostenibilidad en el tiempo queda en veremos, si se toma en cuenta una probable baja en los ingresos nacionales, a futuro más o menos mediato, pues no otra cosa anticipa un casi seguro descenso de nuestras exportaciones de hidrocarburos, así como un horizonte de inseguridad alimentaria que ya obliga al Órgano Ejecutivo a importar ciertos productos básicos de la canasta familiar, factores negativos a los que se agrega un crecimiento ostensible del gasto burocrático.

Lo peor es que tal asistencialismo recarga las espaldas de los sectores empresariales del país, retardando o inmovilizando su marcha al incremento de la producción. El caso de la nueva Ley de Pensiones es bastante ilustrativo al respecto.

A fin de financiar el denominado Fondo Solidario de Pensiones, se incrementa en más del doble (del 3% al 6,7%) el aporte patronal al nuevo régimen. No tendrá que pasar mucho tiempo para que empecemos a percibir los efectos negativos de la medida. Como tal incremento encarecerá los costos, los empresarios se verán forzados a restringir sus operaciones. Es decir, reducirán sus inversiones y el número de empleados y trabajadores.

Menos producción y mayor desempleo. Tal será la indeseable consecuencia.

Ante escasez y alza de precios, Gobierno planificará producción de alimentos desde 2011