Medios 76%; Gobierno 24% – Lupe Cajías / LA PRENSA – 23.1.2011

“…76 por ciento de bolivianos confían en los periodistas…”

Han pasados los meses desde el debate fuera del Parlamento sobre la Ley Contra al Racismo y Toda Forma de Discriminación y su reglamento, y ese tiempo transcurrido permite una aproximación a los primeros saldos de esa normativa.

El más notorio es el repunte de la confianza ciudadana en los medios de comunicación privados, el cual se refleja en diferentes encuestas. Hace un lustro, la confianza en éstos presentaba una tendencia a niveles de descenso históricos. La última encuesta del año, publicada por la revista Poder y Placer confirma que en la nueva década, la prensa recupera su primerísimo lugar. La cifra no deja de ser llamativa, 76 por ciento de bolivianos confían en los periodistas, número que abarca a citadinos y pueblerinos.

La misma encuesta consigna que sólo 24 por ciento de bolivianos aprueban la gestión del Gobierno, es decir, la cifra exactamente inversa. El resultado se da después de una amplísima campaña de organizaciones de prensa entre la ciudadanía para defender la libertad de pensamiento y de expresión. Campaña contrarrestada por el Gobierno con permanente publicidad pagada y con declaraciones del vocero Iván Canelas.

Otro saldo se expresa en dos figuras parlamentarias: un senador oficialista, Eduardo Maldonado, que expresó voluntad de diálogo, separado por ello de su cargo. Sin embargo, este congresista camina tranquilo por su pueblo y la gente lo saluda y apoya.

Al otro lado, un par de senadores, también oficialistas, que prefieren los métodos violentos y de enfrentamientos, ambos de La Paz, Eugenio Rojas y Fidel Surco, que son recibidos con silbidos en sus lugares de origen.

El primer anuncio oficial después de la aprobación de la ley fue la prohibición de leer determinadas obras nacionales en centros educativos. La idea provocó rechazo general entre los especialistas, los intelectuales y los ciudadanos. La misma autoridad, Félix Cárdenas, intentó varias veces organizar un matrimonio originario sin conseguir postulantes.

En Oruro, miembros del Concejo Municipal, apropiándose de la ley, anunciaron proceso con el matutino La Patria por llamarlos concejiles. Hubo que mostrar las líneas del diccionario para evitar que la palabreja en conflicto sea asumida como “discriminatoria”.

Un grupo de periodistas, varios de ellos con empleos en la administración pública, organizó una plataforma paralela para dividir a uno de los gremios que siempre lució su unidad. Fracasó. Además deberá responder a futuro por qué aceptó un reglamento que incluye el cierre de medios, así sea de forma temporal, y el enjuiciamiento penal de periodistas. Ese grupo no consiguió el respaldo de periodistas de la guardia vieja ni de los premios nacionales. Tenemos como saldo, igualmente, una federación paceña apócrifa, incapaz de convocar a una asamblea y sin rendición de cuentas de sus actividades.

La arremetida oficial contra los periodistas continúa, pero no debilita. Lastimosamente, distrae de las tareas pendientes que tienen los organismos de prensa para fomentar la autorregulación, el mayor control para que cada medio respete la intimidad de las personas y avance en un periodismo al servicio del bien común.

apoyomails@gmail.com

Periodista e historiadora

Lupe Cajías

1 comentario

  • By Luis Siles, 3 Febrero 2011 @ 23:09 pm

    Este sujeto R**** es un linchador que impidió hasta el dia de hoy que se investigue el linchamiento de ONCE personas, includas dos mujeres, una de ellas embarazada que ocurrio el 17 de noviembre de 2008 en Achacachi. Los linchados, dos de los cuales murieron, fueron rociados con gasolina y obligados a correr por la cancha de futbol del lugar como antorchas humanas. Este criminal que fungia de Alcalde dijo : “Yo personalmente voy a dar la cara por mi pueblo y voy a estar presente. Si quieren detener a alguien, me van a tener que detener a mí…”. . Luego organizo la resistencia de los pobladores a la entrada de los fiscales, decretando el “estado de sitio civil “amenazando con nuevos actos de violencia. Los linchados sobrevivientes fueron detenidos y puestos en prisión mientras que la investigación a los responsables de los salvajes asesinatos y torturas no pasó de anuncios. . El vice ministro de justicia justificó la barbarie, así como lo hicieron periodistas serviles al oficialismo.

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