Cuatro perseguidos políticos del Gobierno boliviano acaban de obtener asilo en Paraguay y Brasil, hecho que ratifica la pérdida de legitimidad del régimen que conduce Evo Morales, ante la ausencia de garantías legales para un juicio justo y la evidente manipulación política de las leyes y la administración de justicia.

OPINIÓN Editorial, 20.1.2011

Mucha gente se pregunta si en un sistema democrático se puede dar la figura de que ciudadanos de un determinado país busquen refugio político en otros países, aduciendo que son perseguidos políticos por el Gobierno democráticamente elegido.

En Paraguay, la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) se pronunció de forma unánime a favor del refugio al gobernador de Tarija, Mario Cossío, a quien el Gobierno nacional acusa de corrupción y cuyo alejamiento del cargo se produjo a través de oscuras maniobras orquestadas por los operadores del MAS, autores de una serie de leyes destinadas a eliminar el pluralismo político en el país. La acusación contra el líder tarijeño ha sido fraguada por autoridades judiciales con evidente sesgo partidario, que conducen sus acciones en coordinación con dirigentes oficialistas. Las instituciones paraguayas pudieron comprobar en carne propia lo que está sucediendo en Bolivia, donde la prepotencia gubernamental –que se trasladó hasta Asunción para ejercer presión-, impide a los acusados hacer uso de su legítima defensa y donde se violan principios elementales como la presunción de inocencia.

En Paraguay ha quedado claro que en Bolivia se ha desencadenado una tenaz persecución contra líderes opositores y si bien el asilo a Cossío no es una declaración de inocencia a su favor, marca la pauta de la imagen que hoy proyecta Evo Morales a nivel internacional. Las declaraciones del presidente Fernando Lugo, quien se refirió a este caso como un asunto de acecho político, confirma el grave deterioro que atraviesa el régimen boliviano.

Casi al mismo tiempo, en Brasil, la misma Conare ha concedido el asilo político al juez boliviano Luis Tapia Pachi y a dos ex dirigentes cívicos relacionados con el proceso Rózsa. Este caso es todavía mucho más delicado que el que atañe al gobernador tarijeño, pues se trata de una acusación vinculada al terrorismo, causa que hoy en día no suele admitir miradas complacientes en el mundo occidental. Sin embargo y tal como lo ha podido reflejar la prensa internacional, las sindicaciones de terrorismo que hace el régimen de Evo Morales contra decenas de empresarios, líderes cívicos y políticos, no sólo adolecen de los mismos defectos señalados arriba, sino que están basados en un complot gubernamental, cuyos detalles han dado la vuelta al mundo y han dejado boquiabierta a la comunidad internacional.

Con lo sucedido en Paraguay y Brasil, (y que también ocurrió en Perú el 2009 con tres ex ministros) no sólo se resquebraja la imagen de Evo Morales y su gobierno, sino que se deslegitima la supuesta lucha contra la corrupción que encabeza y se desdibuja el proceso de cambio que tantas expectativas ha creado en distintas partes del mundo.  En los hechos, el mensaje que están enviando estos países en relación a Bolivia, está vinculada a la ausencia de justicia, al deterioro del estado de derecho y al peligro en el que se encuentra el sistema democrático. Se trata de denuncias que han venido haciendo con insistencia, justamente las personas que hoy están perseguidas. El asilo que reciben hoy estos ciudadanos es en cierta forma un triunfo y una luz de esperanza para los que luchan por la vigencia del sistema democrático en el país.

En Paraguay quedó claro que en Bolivia se ha desencadenado una tenaz persecución contra los opositores y si bien el asilo a Cossío no es una declaración de su inocencia, marca la pauta de la imagen que hoy proyecta Evo Morales a nivel internacional. La versión de Fernando Lugo confirma el deterioro que atraviesa el régimen boliviano.

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