Fuerza y soberbia contra la libertad de expresión – EL DIARIO (Editorial) – 13.1.2011
El Gobierno, pese a las múltiples condenas del país en defensa de la libertad de pensamiento, de la que deriva la libertad de expresión -bien que es propiedad indiscutible de todo ser humano-, aprobó un reglamento por el cual aplicará el derecho de la fuerza y la soberbia para imponer lo que cree que debe ser la conducta de los medios, de los periodistas, editorialistas, analistas y escritores que cumplen la labor diaria de informar y orientar a la colectividad nacional.
La aprobación de dicho reglamento resulta, en la práctica, una especie de castigo por haber protestado contra la ley antirracismo y discriminación que en sus artículos 16 y 23, impone condiciones de vida y existencia de periodistas y medios de comunicación; un castigo que seguramente el Gobierno considera que será “ejemplarizador” (término utilizado por muchos dictadores en la historia del mundo).
¿Quiénes serán los “analistas” y juzgadores de la comunicación social, de la conducta de profesionales que dedican su vida y tiempo a servir al país? ¿Qué preparación y autoridad moral tendrán los que impongan normas de conducta a la comunicación social? ¿Qué será publicable o no en criterio de “sabios por reglamento” que asumirán las funciones de violadores constantes o censores de las libertades de prensa y comunicación?
El futuro se oscurece cada vez más frente a disposiciones del Gobierno que hacen temer todo y dejan en la indefensión a empresas periodísticas, televisivas y radiales conjuntamente periodistas que saben lo que es la libertad, que viven y entienden la extensión de estos beneficios para toda la comunidad y para el mismo Gobierno que dicta las medidas restrictivas.
Dada la situación planteada, surgen incógnitas difíciles de entender y menos responder: ¿no es posible comprender que la libertad de pensamiento es algo inalienable, incuestionable, indestructible, absolutamente personal, irremplazable, importante, prioritaria para la vigencia de las libertades que consagra la Constitución Política del Estado y la Declaración de Derechos Humanos, ambas aceptadas y propugnadas por el régimen que trata de violarlos en toda forma?
Si en el país se está supeditado al juicio, personal y arbitrario, de empleados que respondan sólo al régimen y sus razones, ¿cuál puede ser el futuro de la Democracia en que se supone vivimos, de las libertades que practicamos, de las esperanzas que precisamos mantener en mejores días para el país? ¿Cuál será la seguridad y tranquilidad del propio régimen si atenta contra un principio que es de su propia conveniencia?
Conforme se producen los hechos siempre contrarios a la libertad de expresión, surge la impresión de que se busca, con el estilo netamente comunista, implantar sólo medios de comunicación que respondan a los intereses del Gobierno y su partido; que nadie pueda publicar nota, comentario, análisis o artículo sobre cualquier tema si éste no ha sido aprobado por los dueños de la libertad suprimida. ¿Se va al cierre de muchos medios de comunicación con miras a implantar sólo la comunicación en empresas dependientes del régimen político?
El momento es preocupante y angustiante; es, además, imprevisible y contrario a toda lógica que justifique las medidas aprobadas. Anulada la libertad de expresión, se anulan todas las libertades, y la democracia en que vivimos dejará de serlo, porque se habrá pasado, de hecho, a un régimen netamente dictatorial.
http://www.eldiario.net/noticias/2011/2011_01/nt110113/0_01edt.php
Sin categoría | Willi Noack 13 Enero 2011
