¿Educación o indoctrinación ideologizada? – P. Miguel Manzanera SJ / IGLESIA VIVA – 14.12.2010
Bajo el ambiguo eslogan de “descolonizar” se esconde la estrategia oficialista de controlar la educación y ponerla al servicio del proyecto político masista.
Iglesia Viva 13.12.10. No se puede negar que el proyecto de Ley de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez, actualmente en el parlamento, contiene puntos positivos para hacer que la educación sea universal y llegue a todos sin exclusiones. Según las declaraciones del Presidente de Bolivia “La educación es un derecho universal, gratuito y obligatorio hasta el bachillerato, por lo que hay que agilizar su aplicación e implementación de esta ley”. Este proyecto busca “promover la revolución de la educación que representará el nuevo modelo social pluricultural y complementaria descolonizadora que recupera los conocimientos originarios campesinos y de comunidades interculturales”.
Sin embargo, a pesar de los propósitos con los que se lo presenta, este proyecto tiene también puntos cuestionables, tanto en su enfoque filosófico como en su contenido. Por eso no nos parece correcta la afirmación del Presidente de Bolivia, Evo Morales. “Si alguien rechaza este proyecto, con cualquier pretexto, quiere decir que todavía mantiene la mentalidad de ser racista y no acepta una educación descolonizadora”.
Expresiones de este tipo no sólo coartan la legítima libertad de los parlamentarios y del pueblo en general para aportar modificaciones o correcciones, sino que además incurren en las mismas acusaciones que el oficialismo endilga a los opositores. Sería lamentable que, como consecuencia de esta consigna, la Ley de educación fuese aprobada sin modificaciones. Bajo el ambiguo eslogan de “descolonizar” se esconde la estrategia oficialista de controlar la educación y ponerla al servicio del proyecto político masista.
Tal como anunció el Vicepresidente, Álvaro García Linera, el gobierno pretende ampliar el actual control de los poderes políticos (ejecutivo, legislativo, judicial, electoral, policial y militar), a los ámbitos culturales, fundamentalmente la comunicación y la educación, para ponerlos al servicio de la ideología oficialista. El objetivo es implantar un modelo socialista totalitario, similar al existente en Cuba.
El marco filosófico de la Ley describe la educación como “descolonizador liberadora, revolucionaria, anti-imperialista, despatriarcalizadora y transformadora de las estructuras económicas y sociales; orientada a la reafirmación cultural de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afro bolivianas en la construcción del Estado Plurinacional y el Vivir Bien” (Art. 3). Estos calificativos muestran ya que en realidad esta ley trata de imponer una ideología, que puede ser calificada como un neocolonialismo indigenista socialista.
La indoctrinación ideológica está en las antípodas de la verdadera educación, que ya desde los tiempos de Aristóteles quedó definida como la pedagogía que ayuda al educando para que éste de acuerdo a su conciencia e inteligencia vaya despertando su sentido crítico y descubra la verdad, especialmente en las áreas de la religión y de las ciencias humanas y sociales.
La Ley, recoge el principio de la colaboración entre gobernantes y gobernados, expuesto en la CPE (art. 77. II) según el cual “el Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la educación superior de formación profesional” (art. 1, 3). Pero sin embargo, ese principio es aplicado de manera totalitaria en el área de la formación inicial de los futuros profesores. “La formación inicial se desarrolla a través de las Escuelas Superiores de Formación de Maestras y Maestros”, a las que considera como “instituciones de carácter fiscal y gratuito dependientes del Ministerio de Educación, constituidas como centros de excelencia académica” (art. 35).
Con ello quedan sentenciadas a desaparecer las normales no estatales, que actualmente son dos en funcionamiento: la Normal Católica con sede en Cochabamba y la Adventista en Vinto. Como un gesto “magnánimo” se indica que el cierre no será inmediato sino paulatino hasta que culminen sus estudios los estudiantes que actualmente estarán inscritos, cosa que sucederá previsiblemente en un lapso de unos tres años (Disposiciones Transitorias 7ª y 8ª).
Esta determinación es arbitraria e injusta, particularmente en el caso del Instituto Superior Normal Católico “Sedes Sapientiae”, institución que a lo largo de 65 años ha formado a 7.155 maestros en 10 especialidades diferentes, incluyendo la formación de profesores de religión católica, y que goza de un merecido prestigio habiendo recibido importantes reconocimientos como el Cóndor de los Andes en Educación y recientemente la Medalla de los Mártires y Héroes en el Bicentenario de Cochabamba. Al estar inspirada en la fe cristiana, se ha constituido en una garantía de que la educación no sea un instrumento ideológico sino que contribuya a la formación de la conciencia crítica de la sociedad.
Si bien el proyecto de Ley reconoce “el derecho de las madres y padres a elegir la educación que convenga para sus hijas e hijos” (art. 2, I y V), sin embargo, al monopolizar la formación de docentes y la fijación de los contenidos, se está violando el derecho fundamental de los educandos, ejercido cuando son menores de edad por sus padres y tutores, de elegir la educación de acuerdo a su propia conciencia y a sus convicciones éticas y morales según la libertad religiosa. Igualmente lesiva de ese derecho de elección de la educación sería la eliminación de la asignatura de “religión cristiana” que es la profesada por la gran mayoría de la población boliviana, tanto en el ámbito urbano como en el rural, formando parte esencial de las diversas culturas. Ojalá estos puntos se corrijan para que la educación fiscal no se convierta en indoctrinación ideologizada.
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