La Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) de Santa Cruz advirtió ayer de una pérdida superior a los $us 350 millones por las restricciones impuestas a las exportaciones de torta de soya y otros productos.

El lunes, el Gobierno emitió el Decreto 0725 que pone límites a la exportación de torta de soya para asegurar el abastecimiento de alimento balanceado a la industria avícola y porcina. La norma dispone que los exportadores deben recabar un certificado de suficiencia de abastecimiento interno y precio justo antes de vender al exterior.

“En el caso de la harina de torta (de soya) las exportaciones fueron de $us 364 millones y de aceites 167 millones y eso está en juego este año”, aseguró ayer a La Razón el presidente de la Anapo, Demetrio Pérez. Sostuvo que la medida “no es justificativa (ya que) nosotros tenemos garantizado el mercado interno, y el precio no es novedad porque ha subido también en el mercado internacional”.

Pérez informó que durante los últimos cinco años se han incrementado las exportaciones de soya. El 2005, las ventas alcanzaron los $us 385 millones; el 2006 hubo un leve descenso y se llegó a 376 millones: el 2007 fueron de 425 millones; el 2008 cerró en 524 millones; el 2009 subieron a 590 millones y en lo que va de este año las exportaciones alcanzan los $us 435 millones.

“Estamos en desacuerdo con la regulación de las exportaciones de la soya, porque el abastecimiento para el mercado interno está garantizado. (Además), el consumo no supera más del 30%”, afirmó el ejecutivo.

Asimismo, puso énfasis en que esta medida supone un riesgo sobre el normal flujo de las exportaciones. “Toda medida tiene su riesgo por la burocracia que existe en otorgar estos permisos dentro de la administración pública, como ha sucedido con el maíz, y ahora se tiene que importar”, dijo el presidente de los productores de oleaginosas.

El Decreto Supremo 0725

El Decreto 0725 regula la exportación de nueve productos entre los que se encuentra la torta de soya. Los otros son habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soya, incluso quebrantadas, para siembra y otros dos tipos más; harina de semillas o de frutos oleaginosos, excepto la harina de mostaza; harina de habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soya; torta y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, incluso molidos o en “pellets”; torta y demás residuos sólidos de la extracción de aceite de soya y torta de semillas de girasol. El artículo 2 indica: “El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (…) emitirá el certificado de suficiencia y abastecimiento interno y precio justo”.

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Por Agencia EFE – hace 20 minutos

La Paz, 9 dic (EFE).- Dirigentes de los productores agropecuarios bolivianos expresaron hoy preocupación por las “ambigüedades” de la nueva ley que sacraliza y otorga derechos a la “Madre Tierra” como si fuera una persona, porque, según dicen, podría restringir sus actividades.

El presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, Demetrio Pérez, dijo a Efe que ese sector está inquieto porque “el texto no está lo suficientemente claro” y se podrían aprobar normas complementarias que limiten, por ejemplo, el uso de semillas transgénicas.

La mayoría oficialista del parlamento boliviano aprobó el martes la ley de “derechos” de la “Madre Tierra” (Pachamama, en quechua) en un texto que mezcla conceptos religiosos andinos, panteísmo, animismo y ecologismo con una redacción confusa y plagada de faltas sintácticas.

“Está abierta la posibilidad de que haya interpretaciones o se creen normas que desfavorezcan a un sector que, más bien, necesita motivación y certidumbre e incorporar tecnología y financiación”, señaló Pérez.

Según este dirigente, los problemas para acceder a créditos, los fenómenos climáticos y la inseguridad jurídica ya dificultan la producción agropecuaria boliviana, “y encima viene este proyecto de ley que se ha aprobado en tiempo récord” y que, a juicio del sector, no parece que esté claro.

A su vez, el presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia, Christian Sattori, lamentó que el oficialismo haya apurado la aprobación de la ley sin consultar a los sectores involucrados y en momentos en que los productores dialogaban con el Gobierno del presidente Evo Morales para resolver sus problemas.

A juicio de Sattori, la norma profundiza la inseguridad jurídica y su diseño responde a la “cosmovisión del occidente” (las etnias indígenas del altiplano andino), que no se aplica a la zona oriental, la más rica y productiva del país.

La nueva norma “también rechaza la aplicación de la modernidad, por lo que nuestra duda es si eso significa que debemos volver a la época del buey y el arado, olvidarnos del uso de mecanismos que nos permitan ser más eficientes en la producción”, declaró Sattori a Efe.

La ley establece que “no pueden ser mercantilizados los sistemas de vida, ni los procesos que sustentan, ni formar parte del patrimonio privado de nadie”.

El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez, consideró correcta la intención de preservar la tierra, como “parte fundamental para el desarrollo de los países”, pero ve problemático que se pretenda darle derechos “incluso por encima de los del hombre”.

“La naturaleza es quien tiene que estar al servicio del hombre y no al revés (…) El escenario indeseado en el futuro sería aquel en que se haya endiosado a la tierra de tal forma que no se la utilice, que baje la producción y que, de ser un país agroexportador, Bolivia termine siendo un país importador de alimentos”, agregó.

Aunque la norma no lo incluye, el sector agropecuario teme que en la reglamentación se plasme una reciente propuesta oficialista de enviar a prisión hasta por diez años a quien cultive la tierra todos los años y no la deje descansar al menos dos de cada cuatro.

La nueva ley aún no ha sido promulgada, pero fuentes oficiales dijeron que Morales quiere presentarla esta semana en Cancún, en la cumbre de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el cambio climático.

Los agricultores buscan reunirse con el vicepresidente Álvaro García Linera y otras autoridades para que les aclaren los alcances de la ley, y harán sugerencias para que la reglamentación no perjudique a los productores.

Fuente: http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hiStW5D6IibK_NsZHt31hiU_goCg?docId=1422678