Resignación frente a un nuevo desastre – EL DIA (Editorial) – 2.12.2010

Los ahorros de los trabajadores caerán en las mismas manos que manejaron sus aportes cuando se fueron a la quiebra hace un par de décadas, aunque esta vez el agravante es mayor, por el contexto de absoluta ausencia de control y fiscalización en el que se mueve este régimen, que al mismo tiempo que acumula poder, se vuelve insaciable para captar recursos y mantener su política de repartija que podría llevarnos a todos al descalabro.


La nacionalización del sistema que administra los aportes jubilatorios será posiblemente el único éxito que se anote el Gobierno en su proceso de estatización, que tan estrepitosamente ha fracasado en otros campos, principalmente en los hidrocarburos. Y va a ser un éxito no por los beneficios que obtendrá el trabajador o los futuros jubilados, sino porque será la primera vez desde mayo del 2006 que la burocracia estatal, los políticos y dirigentes del MAS no se verán en aprietos por mejorar niveles de eficiencia y tampoco enfrentarán amenazas de ninguna índole. Las compañías que están al mando de las AFPs han adelantado que no van a recurrir a arbitrajes y tampoco van a exigir compensaciones. Se descarta también la reacción de los aportantes y de las empresas que soportarán una recarga en sus obligaciones. La ciudadanía está demasiado adormecida y el régimen parece tener el camino libre para actuar sin temor a las consecuencias, por más descabelladas que sean sus decisiones.

La nueva Ley de Pensiones, cuya aprobación es inminente en la Cámara de Senadores, se constituye en un golpe más contra la economía formal, esa que paga impuestos  y que sostiene el aparato estatal. A las numerosas reformas laborales que ha introducido el populismo del MAS, las empresas y los trabajadores asalariados tendrán que hacer un aporte extraordinario para que –a nombre de una falsa solidaridad-, los bolivianos que no “cotizan” reciban una suerte de renta-bono “de yapa”. Los siempre huidizos informales quedarán exentos de este pago, lo que –viveza criolla de por medio-, inducirá a muchos asalariados a tratar de escaparle a esa obligación, lo que automáticamente significará un paso a la informalidad.

Si hay algo que necesita Bolivia es generar empleo digno y reducir en parte la economía informal que representa el 70 por ciento del total. Si bien este problema no es sólo responsabilidad de este Gobierno, la administración del MAS ha sido favorable a la informalidad, no sólo porque fomenta y tolera numerosas actividades por cuestiones políticas, sino principalmente por el despiadado ataque acometido contra las empresas legalmente establecidas, a lo que se debe sumar la inseguridad jurídica y el pésimo clima para las inversiones “legales”.

En el tema de las pensiones, el golpe será furibundo y la finalidad es simplemente usar el sistema previsional como instrumento demagógico y al mismo tiempo tener a mano una nueva herramienta para la financiación de las aventuras estatales, tal como está sucediendo con el Banco Central. Los ahorros de los trabajadores caerán en las mismas manos que manejaron sus aportes cuando se fueron a la quiebra hace un par de décadas, aunque esta vez el agravante es mayor, por el contexto de absoluta ausencia de control y fiscalización en el que se mueve este régimen, que al mismo tiempo que acumula poder, se vuelve insaciable para captar recursos y mantener su política de repartija que podría llevarnos a todos al descalabro.

Lamentable por los trabajadores, los verdaderos dueños de los aportes que nunca fueron consultados y que se han quedado totalmente inertes. Ese es el peor saldo que dejar la ausencia de democracia. La COB no es garantía de transparencia, ya que se ha convertido en cómplice del asalto a los ahorros de la gente. En Argentina, el Gobierno acaba de sacarle 125 millones de dólares al PAMI, el fondo de los jubilados. Muy pronto veremos fenómenos parecidos en Bolivia.

Los ahorros de los trabajadores caerán en las mismas manos que manejaron sus aportes cuando se fueron a la quiebra hace un par de décadas, aunque esta vez el agravante es mayor, por el contexto de absoluta ausencia de control y fiscalización en el que se mueve este régimen, que al mismo tiempo que acumula poder, se vuelve insaciable para captar recursos y mantener su política de repartija que podría llevarnos a todos al descalabro.

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