DOS VERGÜENZAS PARA LA JUSTICIA – LOS TIEMPOS (Editorial) – 19.11.2010

Con algunos operadores de justicia que actúan como comisarios políticos, es incierto el futuro que se cierne sobre los derechos democráticos


La semana que concluye se convertirá en baldón para la justicia porque de manera casi simultánea se han consumado sendos golpes, a cual más artero, contra dos de los alcaldes que más apoyo popular recibieron al ser elegidos en abril pasado para conducir el gobierno municipal de Sucre y Potosí, sus respectivas ciudades.

Se trata, como han coincidido en señalar los más importantes jurisconsultos de nuestro país, de dos decisiones judiciales sobre cuya legalidad pesan muchísimas dudas. Ambas conllevan, además, la agravante de reavivar heridas, negativos sentimientos, resentimientos, odios incluso en dos regiones que si algo necesitan es reforzar los vínculos de solidaridad y entendimiento consigo mismas y con el resto de nuestro país y sus instituciones.

En el caso de la sentencia condenatoria contra René Joaquino, el partido en función de gobierno decidió hacer prevalecer su afán de acaparar todo el poder aún a costa de cometer una enorme injusticia. Se condenó al alcalde suspendido y seis ex concejales por un caso en el que sólo recurriendo a muy retorcidos argumentos y con extraordinaria mala fe se puede hallar culpabilidad que justifique una sentencia como la que se le impuso.

La detención preventiva del ex alcalde de Sucre Jaime Barrón no es menos cuestionable. Como lo han señalado expertos en materia jurídica, la misma se basa en un principio antijurídico y anticonstitucional como es la presunción de culpabilidad, y en el aparente riesgo de fuga del imputado por el simple hecho de poseer un pasaporte.

Como en el caso de Joaquino, salta a la vista que el apresamiento de la ex autoridad sucrense no es sino producto de una forzada argumentación legal que parece responder a otras directrices que no son precisamente las que mandan la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes.

Si no fuera así, si fueran sinceros los motivos que los acusadores y juzgadores alegan para defenestrar primero y encarcelar después al ex alcalde Barrón, el proceso que se le sigue habría ido acompañado de algún esfuerzo para identificar y detener a los vándalos que ese 24 de mayo condujeron a un grupo de campesinos hasta la plaza 25 de Mayo para someterlos a irreproducibles humillaciones.

No es para nadie desconocido que tanto Joaquino como Barrón, y con ellos muchas otras autoridades electas en municipios a lo largo y ancho del país, han sido y aún son los blancos contra los que la hegemonía política que controla el poder se propuso actuar de manera implacable, tal como lo anunciaron en más de una oportunidad con una franqueza lindante en el cinismo diversas autoridades gubernamentales.

Así, con algunos operadores de justicia que parecen estar obrando como comisarios políticos antes que como hombres de derecho que han jurado cumplir y hacer cumplir la ley, es incierto el futuro que se cierne sobre los derechos democráticos, civiles y políticos constitucionalmente reconocidos pero sistemáticamente violentados

http://www.lostiempos.com/diario/opiniones/editorial/20101119/dos-verg%C3%BCenzas-para-la-justicia_99749_193658.html

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