La Alta Comisionada de Naciones Unidas – EL DIARIO (Editorial) – 16.11.2010
actualizado: La misión de la ONU en Bolivia EL DIA (Editorial) 18.11.2010
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El hecho de que el Gobierno boliviano hubiese dictado una ley para anular la libertad de expresión de la ciudadanía, así como censurar a la prensa, so capa de combatir al racismo y la discriminación, ha determinado de manera inmediata la reacción masiva de toda la población, …..
……expresada en el pronunciamiento de cerca de un millón de personas a lo largo y ancho de todo el país. Asimismo, se destaca la reacción de rechazo de todos los sectores intelectuales, los periodistas, organizaciones de prensa, instituciones culturales, cívicas, etc. a esa medida.
No sólo eso. Tan enérgica reacción contra esas medidas antidemocráticas no tuvo únicamente carácter interno, sino se extendió a nivel internacional, cuyos organismos escucharon los argumentos de los sectores afectados, produciéndose la lógica respuesta en sentido de que estaba siendo pisoteado uno de los principales principios de la libertad humana así como de los derechos esenciales del hombre, como la libertad de expresión y el derecho a pensar o, en otras palabras, reducir el nivel del hombre al estado de animalidad.Ese problema fue creado por los artículos 16 y 23 de la Ley 045, denominada “Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación”. En sus principios generales, dicha norma no fue objeto de oposición, sin embargo, al habérsele agregado los artículos 16 y 23, quedó establecido que la disposición quedaba totalmente desvirtuada y únicamente era un pretexto para anular las libertades de expresión y prensa.
En efecto, el Artículo 16 viola la libertad de expresión al establecer: “El medio de comunicación que autorizare y publicare ideas (¡¡) racistas y discriminatorias será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación”, (Los signos de admiración son nuestros). Por otro lado, el Artículo 23, además de prohibir la difusión de ideas, establece una serie de sanciones con la pena privativa de libertad por varios años, prestaciones de trabajo, multas, etc., disposiciones cuyos alcances afectan sustancialmente a la libertad de expresión.
El malestar en el interior del país estalló de inmediato y se tradujo en la recolección de 800.000 firmas que expresan el rechazo de la ciudadanía a la ley mordaza. Pero agravando la situación, el problema tuvo proyección internacional, al extremo de que, entre otros, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conoció el asunto y la Sociedad Interamericana de Prensa emitió un pronunciamiento concreto. Pero hay más, ahora Naciones Unidas también ha expresado su inquietud y ha enviado a Bolivia a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, para que investigue los alcances de las denuncias que atentan contra la libertad de expresión y de prensa.
El hecho de que los aludidos artículos 16 y 23 de la ley hubiesen creado un estado de malestar, inquietud y rechazo generales, tanto a nivel nacional como internacional, revela con nitidez que ellos tienen carácter antidemocrático. Ambos artículos atentan contra las libertades democráticas elementales de la población boliviana, por lo que, después de la evaluación realizada por el pueblo boliviano, deberán ser objeto de análisis por parte de los organismos internacionales y cuya apreciación servirá para que esos dos artículos sean abrogados en su integridad, como demanda la opinión pública, para que recupere, en esa forma, su inalienable e imprescriptible derecho a las libertades de expresión y de prensa.
http://www.eldiario.net/noticias/2010/2010_11/nt101116/0_01edt.php
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EL DIA (Editorial) 18.11.2010.- Bolivia tuvo el privilegio de recibir la visita de una gran personalidad mundial del derecho internacional en estos días. Más allá del cargo que ostenta hoy la Alta Comisionada de onU para los Derechos Humanos, la sudafricana Nayanethem Pillay es una de las juristas más destacadas del mundo…