La Ley 045 ya empieza a coartar la libertad de expresión – OPININ.bo – 7.11.2010
A menos de un mes de su promulgación y sin reglamento, la Ley 045, de lucha contra el racismo y la discriminación, que incluye artículos que sancionan a periodistas y medios de comunicación, ya demuestra eficacia en coartar la libertad de expresión, denunció el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Pedro Glasinovic.
“Se está cumpliendo lo que habíamos dicho. Esa ley es un eficaz instrumento para coartar la libertad de expresión y los ejemplos están a la luz”, dijo Glasinovic, quien citó como ejemplos el despido de un periodista y cierre de un programa de televisión en Potosí, por presión de una concejal del MAS y las amenazas que recibe el matutino La Patria de Oruro por parte de un ex presidente de la Corte Departamental Electoral.
“Se aluden supuestos delitos que estarían enmarcados en esta ley que está cumpliendo el objetivo del Gobierno”, enfatizó el dirigente.
Agregó que quienes promueven los juicios invocan la Ley 045, en todos los casos, por hechos que sucedieron antes de la vigencia de la ley. “Se está utilizando como un instrumento de amedrentamiento en contra de los
medios y de los periodistas antes de que salga la reglamentación”.
Glasinovic reiteró que las organizaciones de periodistas, trabajadores de la prensa y propietarios de medios de comunicación, no participarán de la reglamentación de la ley porque “la reglamentación no va a modificar absolutamente nada. No vamos a reglamentar derechos que son universalmente reconocidos”.
Definió como “propaganda mentirosa” la campaña gubernamental que afirma que la Ley 045 no afecta el derecho a la libre expresión y al trabajo de los periodistas. Recordó que en los primeros mensajes gubernamentales se presentaba incluso a personas que a través de medios de comunicación han proferido expresiones racistas, pero no se aclara que esos sujetos no son periodistas. “El Gobierno debería juzgarlos en la justicia ordinaria y no utilizarlos como base de una propaganda mentirosa”, agregó.
Anunció que las organizaciones vinculadas a los medios de comunicación continuarán con la campaña de denuncia de las restricciones que impone la polémica ley. Las organizaciones de periodistas y trabajadores de la prensa ya sentaron denuncia ante la Organización de Estados Americanos (OEA). Se espera el pronunciamiento oficial de esa instancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Además se tiene previsto acudir ante las Naciones Unidas y otras organizaciones que velan por los derechos humanos en Europa.
En Bolivia, entretanto, continúa la campaña de recolección de firmas de ciudadanos y ciudadanas que piden a la Asamblea Legislativa Plurinacional modificar uno de los artículos y suprimir otro, ambos considerados atentatorios contra el derecho ciudadano a la libre expresión. Esa campaña concluye el 15 de este mes (se estima que ya se recolectaron 700.000 firmas).
Glasinovic rechazó la afirmación gubernamental en sentido de que esas firmas no sirven porque en unos libros se pediría referéndum y en otros iniciativa legislativa ciudadana. “Jamás, por lo menos las cinco organizaciones, han dicho referéndum. Desde el inicio hemos dicho que es iniciativa legislativa ciudadana enmarcada en la Constitución en su artículo 11”, enfatizó.
Aclaró que todos los libros de recolección de firmas llevan el proyecto de ley con su exposición de motivos y el texto para modificar el artículo 23 y eliminar el artículo 16.
“Si la Asamblea lo aprueba o no es cuestión de ellos. Nosotros acudimos a un principio que está en nuestra Constitución y que es de cumplimiento obligatorio”.
Respecto de la acción de un grupo de periodistas que decidió participar de la reglamentación de la ley, Glasinovic dijo que no considera que sea una organización paralela sino que están ejerciendo su derecho a organizarse para fines lícitos, como dice la Constitución. “Son libres de asistir en forma personal, pero nunca a nombre de nuestras instituciones”, añadió.
”La 045 es utilizada políticamente”
Carlos Cordero
analista
La Ley 045, de lucha contra el racismo y la discriminación, ya es utilizada políticamente contra periodistas y medios de comunicación, afirma el analista político Carlos Cordero.
Explicó que la norma se presta a la discrecionalidad, lo que da lugar a que cualquier persona, plantee o amenace con procesos, lo que llevará a una espiral de juicios y demandas que, en última instancia judicializan la opinión pública y generará un proceso de autocensura.
“Tiene su aspecto positivo porque la gente en general, comunicadores, opinadores, tendrán cuidado para expresar sus opiniones, pero un mal uso de la norma hace que ingresemos en una espiral de demandas, inclusive sin contar con un reglamento. Son advertencias que desvalorizan la autoridad de la ley”.
“El gran resultado es que los medios de comunicación y los periodistas están sujetos a lo que es la interpretación de un juez y no es la ley en sí misma la que limita la libertad de expresión, sino que es el juez que interpreta la denuncia. Finalmente todos estamos en esta espiral de juicios que no van a llevar a cambiar comportamientos en la ciudadanía, sino a sacar los aspectos más negativos para utilizar políticamente una ley que en sí misma no es mala”.
Comisión espera que periodistas participen en la reglamentación
La Comisión del Poder Ejecutivo encargada de redactar el reglamento de la Ley 045 (de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación), aún no empezó su trabajo sobre la aplicación de sanciones contra periodistas y medios de comunicación y sólo se limitó a definir aspectos metodológicos.
El periodista Rafael Archondo, quien forma parte de una llamada “Plataforma de periodistas contra el racismo”, que participa en esa comisión, dijo a OPINIÓN que “el proceso apenas ha comenzado y recién se discute la metodología”.
Explicó que “la Plataforma”, intenta que “nuestros dirigentes cambien de posición y permitan la participación del gremio periodístico en este proceso. Nosotros no somos dirigentes de ningún sector, no tenemos legitimidad para hacerlo.
Intentamos discutir entre periodistas lo que podría ser un reglamento para tratar de que esa propuesta en algún momento sea llevada adelante por las dirigencias de los periodistas, que no sea algo aislado, marginal, o de un grupo que no tiene representatividad”.
Señaló que se han hecho ya algunas conversaciones a título personal. Esas gestiones también se desarrollan en Santa Cruz “donde hay un grupo que trata de seguir la misma orientación”.
En criterio de esos periodistas, la reglamentación es tan importante como la ley porque va a fijar las sanciones de manera expresa, de acuerdo a la gravedad de la falta. Citó como ejemplo la diferencia entre una sanción económica y la clausura definitiva de un medio. “Hay un criterio equivocado al pensar que con el reglamento se convalida la ley. Lo que se está haciendo es dar forma a la aplicación de la ley y eso no es irrelevante”.
El periodista Archondo afirma que “discutir el reglamento implica reconocer que el racismo es un delito y al ser un delito necesita tener sanciones. Si uno desconoce ese hecho no tiene nada que debatir en cuanto a un reglamento. Nosotros aceptamos desde un principio, como correcto, el haber tipificado al racismo como un delito que no tiene amparo en la Ley de Imprenta, sino un delito como la calumnia, la injuria, la difamación”.
Refiriéndose a sus dirigentes, Archondo agregó que, “si ellos consideran que el racismo no debe ser considerado delito atribuible a los periodistas, la discusión del reglamento no tiene sentido.
El primer paso es reconocer la legitimidad que tiene el Estado para sancionar el racismo como delito y también debe hacerlo a personas jurídicas y a personas naturales. Si se reconoce eso, el reglamento tiene vía libre”.
Se le recordó a Archondo que ninguna de las organizaciones vinculadas a los medios de comunicación han expresado rechazo a que se sancione el racismo y la discriminación.
El rechazo es a medidas contra periodistas y medios por delitos que pueden cometer terceras personas, bajo el argumento de que el medio “autorizó”.
Explicó que la ley dice que si el medio autoriza que un tercero utilice mal los micrófonos será sancionado “y autorizar es una acción pro activa que no implica engaño ni omisión”.
“Si uno autoriza convalida lo que se va a decir. Eso implica una participación activa del medio en ese proceso. Ahí sí debe haber sanción. Si se trata de una afirmación totalmente al margen de la autorización del medio no tiene por qué ser castigado”, señaló Carvajal.
Las primeras consecuencias de su aplicación
Leopoldo Ibarra, periodista de Radio FM FEJUVE El Alto, fue despedido días después de entrar en vigencia la Ley 045. Según su testimonio, realizó huelga de hambre y campaña a favor de colectar firmas para solicitar al Legislativo el cambio de los dos artículos cuestionados por las organizaciones de periodistas. El encargado de la radio le dijo que recibía amenazas de dirigentes de la Central Obrera Regional (COR), algunos de ellos identificados con el MAS, quienes habrían advertido incluso con la toma de la emisora. Ibarra dijo que aceptó la “solicitud” de dejar su trabajo de conductor del noticiero central. No recibió el respaldo de su organización sindical que, según afirma, está controlada por dirigentes afines al partido en función de Gobierno.
LA PATRIA El matutino La Patria de Oruro es amenazado con cinco procesos por el ex presidente de la Corte Departamental Electoral de Oruro, David Apaza. El gerente de La Patria, Marcelo Miralles, dijo a OPINIÓN, que “no existe ninguna denuncia formal hecha en la Fiscalía. No sabemos siquiera de qué nos amenaza, pero en notas de ERBOL habla de cinco procesos por discriminación y racismo en contra del periódico y por ello pedirá cárcel para la familia Miralles y, cuando salga la reglamentación, pedirá el cierre del medio”.
La Patria también fue amenazada con proceso judicial por haber utilizado la palabra “concejiles” en una nota que informaba sobre la actividad de los Concejales. (Concejil, adj. Relativo al Concejo. Común a los vecinos de un pueblo. Diccionario Enciclopédica. Larousse. 2009)
OTRO DESPEDIDO El periodista José Luis Acapani fue despedido en los primeros días de noviembre y cerrado su programa en una televisora de la ciudad de Potosí, por la amenaza de la concejal del Movimiento Al Socialismo y ex dirigente de la Federación de Campesinos, Antonia Largo. El 6 de octubre (dos días antes de la promulgación de la Ley 045), Acapani había entrevistado a la concejal Largo por la polémica sobre la destitución del senador Eduardo Maldonado como presidente de la Comisión de Constitución, quien abrió la posibilidad de consensuar el proyecto de Ley 045.
Durante los llamados telefónicos un ciudadano dijo palabras ofensivas contra la concejal del MAS, quien ahora amenaza con aplicar la Ley 045 contra el periodista a quien le exige identificar a la persona que la ofendió. El propietario del canal optó por cerrar el programa y despedir al periodista.
http://www.opinion.com.bo/06/11/2010/%EF%BB%BFla-ley-045-ya-empieza-a-coartar-la-libertad-de-expresion/
Sin categoría | Willi Noack 7 Noviembre 2010
