ASUNTOS DE FONDO – Carlos Herrera Echazú – 28.10.2010

Hay un par de verdades que todo político que llega a la presidencia de la Nación debiera tener claras, si tiene la honesta intención de llevar a su país a un puerto seguro. No son ideas extraídas de la teoría sino de la experiencia del último siglo de la historia humana. La primera es que la mejor forma de controlar los precios es a través de los mercados, nunca por oficio de los Estados.

En aquellos países con una economía abierta (donde los productores compiten con poca interferencia del Estado y donde la oferta y la demanda se regulan a sí mismas) el mecanismo más eficiente de regulación de precios es la competencia entre los productores, es decir, el  mercado. Se opera así una suerte de regulación natural de los precios porque nadie va a pagar más por un producto, si otro productor oferta lo mismo por un precio inferior. Los mercados tienen, además, la virtud de premiar a los que son eficientes, a aquellos que abaratan sus costos con imaginación e inversión en tecnología, de lo que deriva el beneficio de un mejor producto a menor precio para el consumidor.

Tienen también la cualidad de asignar los recursos (capital y trabajo) de forma mucho más eficiente que los gobiernos, por la sencilla razón que lo que determina el destino de los mismos lo dicta el consumo, es decir, lo que a la gente le gusta y quiere comprar.  El “precio justo”, entonces, es un asunto que determina mejor el mercado y sin interferir con el derecho de los productores a ganar dinero con el fruto de su inversión y trabajo, pero regulándolo de una forma natural y conveniente para los consumidores. Por el contrario, cuando por ignorancia o animadversión se acepta que el Estado se entrometa en la fijación de precios y en la regulación arbitraria de la economía (a título de hacer justicia con las clases empobrecidas) lo que experiencia muestra es que la economía se estanca, ya que las medidas que adopta suelen ser por lo general negadoras de las ideas de ganancia y acumulación de capital, medidas que más que hacer justicia terminan obligando a unos a subsidiar la ineficiencia de otros, o medidas que provocan un descenso en la producción, porque los burócratas nunca toman en cuenta los términos de rentabilidad y costos, que son la razón de fondo del trabajo productivo y comercial. Eso por un lado.

Por el otro, no hay posibilidad de construir un país estable y próspero si no se protege el valor de la moneda. Olvidarse de esto y jugar irresponsablemente con algo tan serio como el valor de la moneda es algo muy grave. Cuidar la moneda quiere decir por lo mismo evitar la inflación, porque aquella no es otra cosa que una devaluación de su  poder adquisitivo, una depreciación de la misma.

Tratemos de hacer clara la cosa. Como muestra Carlos Alberto Montaner en su libro “La libertad y sus enemigos” la moneda cumple tres funciones: es una “unidad de cuenta”, es decir, una referencia abstracta para fijar los precios; es un “medio de cambio” es decir, un instrumento para cambiar su trabajo o sus ahorros  por los bienes y servicios que la gente desea adquirir; y es también, como la cosa más importante, un “depósito de valor”, sirve para acumular los excedentes no consumidos que la gente ha obtenido, o, dicho en otras palabras, representa el ahorro de las personas. Por eso cuando un gobernante no protege el valor de la moneda lo que está haciendo es empobrecer a la gente, porque le quita algo que antes tenía. Es simple de verlo, si usted es un asalariado (como la inmensa mayoría nacional) y va a la tienda de la esquina y no puede comprar lo que compraba con los mismos diez pesos de antes, ciertamente que usted se ha empobrecido un poco. Y no sólo su dinero ha perdido capacidad adquisitiva, bien miradas las cosas, también su trabajo ha perdido algo de su valor.

La estabilidad del valor de la moneda tiene también otras implicaciones inmediatas, es clave para el desarrollo del comercio, porque la estabilidad que una moneda sana procura induce a una multiplicación del intercambio comercial, ya que las operaciones comerciales suelen tomar tiempo y a nadie le conviene que lo que se acordó inicialmente sufra en el camino una modificación imprevista de valor o de precio. Esta es, entre otras cosas, la razón de la vigencia y la importancia en el comercio mundial de las monedas “duras” (dólar, euro, libras) a las que sostienen casi exclusivamente la confiabilidad del orden económico y productivo de sus países de origen. Y de ahí la lógica de controlar la inflación, porque como se dijo implica un empobrecimiento a gran escala porque liquida los ahorros; debilita los salarios, esto es, devalúa el trabajo mismo; encarece los productos; incide en la producción y por ende en la generación del empleo, y termina minando lo que es la base de la prosperidad de las naciones, su sistema productivo.

La primera gran responsabilidad de un Presidente debiera ser entonces la preservación del valor de la moneda, un asunto que según la experiencia histórica acumulada, empieza por entender con lucidez la intrincada relación entre el trabajo en libertad y el fenómeno de la economía de mercado, habida cuenta, además, que solamente una actividad productiva y comercial dinámica, libre de regulaciones e interferencias caprichosas y corporativistas, puede garantizar un aceptable flujo de bienes y servicios, que es la única cosa que combate la inflación, que como se sabe consiste precisamente en un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Así que si de pobres y de justicia hablamos, entender esto debería ser lo primero, porque involucra a tirios y troyanos.

Carlos Herrera Echazú

Abogado

Enviado por el autor carlos Herrera [calinzell@hotmail.com]

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