Al presidente del Estado Plurinacional no le ha de pasar desapercibido que la violencia se ha incrementado en los últimos años, fenómeno de múltiples vertientes, pero que se identifican principalmente con el incremento de la delincuencia organizada y otra, no menor, que responde a una comprensión equívoca sobre la incorporación de protección constitucional  a la justicia comunitaria. El primero va aparejado al aumento del tráfico de drogas ilegales en el país, ya es productor a gran escala de cocaína y marihuana, y sirve como  centro para el acopio y tránsito desde otros países productores hacia los mercados en países limítrofes. La segunda, por rescatar y promover el respeto a las culturas y prácticas ancestrales u originarias de un país definitivamente pluricultural, se está convirtiendo en un dolor de cabeza, aunque era previsible. En ambos casos el Estado debe ejercer la autoridad necesaria para poner la casa en orden, antes de que se salgan de toda posibilidad de control, sin dudar, el Estado combate a la delincuencia.

Es la declaración de un Estado de Derecho. En Watallami (Tapacarí, Cochabamba) tres hermanos Espinoza Flores han sido torturados y asesinados sin respeto a ninguna norma legal ni civilizada, menos aún han estado presentes elementales sentimientos de compasión humana. Se suman a la ya larga lista de linchamientos  iniciada “antes” de ser incluida la justicia comunitaria en la CPE, pero sin duda se han hecho casi rutina desde entonces. El ministerio público no necesita ninguna orden superior, y menos escrita, para intervenir de oficio y con prontitud en estos casos. Lo contrario sembraría dudas sobre complicidades antes que sobre ineptitudes, y el presidente bien podría analizar en este contexto su frase, “estoy rodeado de traidores”, porque estas omisiones sin duda van en contra de su gestión.
El Presidente hizo gala en su momento de “meterle nomás” cuando le acosaban las dudas si alguno de sus propósitos era legal o no. Desde la óptica del político puede ser  justificable, para demostrar iniciativa, liderazgo, y para demostrar quién es el que manda –como cuando le torció el brazo a C. Mesa. Pero eso tiene límites legales y, principalmente, éticos. Tarde o temprano al gobernante se le exige una conducta regida por valores universales, independiente de si estos son parte de tratados y declaraciones.  La intuición de la sociedad civil marcará con el voto  sus preferencias, mostrando su  aprobación o rechazo a una gestión. Recientes sondeos de empresas especializadas ya apuntan al bajón en el apoyo al gobierno y al presidente, y más sugerente es el comentario directo, a través de los medios de comunicación, el rechazo de muchos ciudadanos que simultáneamente se declaran militantes del partido gobernante. Son  elementos suficientes para un análisis crítico sobre los aspectos urticantes de su gestión.
Sin duda el mal ejemplo incentiva el delito. El Gobierno en primer lugar debe  apegarse  a la ley, a la CPE, sobre todo  respecto a los derechos humanos, en especial, a la vida, a la libertad, al trabajo, a la presunción de inocencia, será un freno poderoso a toda actividad delincuencial. No debe estar cuestionada permanentemente la independencia de poderes, la garantía del Estado de Derecho, dejando a un lado disquisiciones bizantinas en las que se ampara muchas veces la retórica oficial descolonizadora del proyecto oficialista. El uso indebido de artimañas para meter de contrabando una y otra medida “legal” que puede ser utilizada contra opositores reales o imaginarios es censurable. Y grave, porque debilita la conciencia de relación entre sociedad y Estado, y las consecuencias las pagamos todos.
Más allá de los éxitos académicos de un proyecto político la ciudadanía pasa factura y los extremistas quedarán una vez más fuera de juego. La política como actividad electoralista permanente, con propaganda como sustento, con información para fines  coyunturales,  al final genera rechazo y hastío. Pronto se pone en evidencia que la mentira tiene patas cortas. El gobierno ya va para su quinto año de gobierno, con uso y abuso de casi todo el poder, y aunque en política sea ese el objetivo a corto plazo, la ciudadanía con el paso de los días tiende a calificar los resultados de la gestión,  pues la  mayoría no se apunta a  derechas ni a izquierdas, distingue  el celofán.
Y es que los grandes problemas sólo se atenderán eficientemente coordinando los distintos niveles de gobierno, un equilibrado ejercicio del poder,  y ahora, en especial, poniendo  en marcha los gobiernos departamentales autonómicos. Si la prisa por legislar contra viento y marea del nivel central es censurable, también lo es el ritmo de molusco, los familiares “turos”,  de las Asambleas y Brigadas Departamentales, que deben asumir con mayor responsabilidad los problemas cotidianos de la sociedad. Centralistas, federalistas, autonomistas, todos en definitiva tienen que preguntarse qué están haciendo por crear condiciones para erradicar la miseria en el país, disminuir la pobreza creando empleos, garantizar las inversiones nacionales y extranjeras, quitándose complejos, pues  lo único que nos esclaviza y facilita la explotación son la ignorancia y la pobreza. Hay que insistir con honestidad, dónde están las inversiones públicas, si se mencionan  ingresos históricos, la cantidad en reservas, la estabilidad macro,  la honestidad y la transparencia en la administración de la cosa pública.  Siguen indígenas y no indígenas mendigando en las calles, ¿será por flojos o por que no tienen orientación laboral? Esto no puede seguir eternamente y menos con un gobierno que gasta tiempo, recursos y saliva como adalid de los pobres. El presidente tiene que recordar a B. Disraeli “hay mentiras, malditas mentiras, y estadísticas”;  conviene mirar a la calle, al campo, en este país, y hacer oídos sordos a los muy próximos para acercarse al Estado que todos anhelamos.