Sectores defienden la privatización – EL DEBER – 13.9.2010

Producción. La industria Guabirá procesa azúcar, alcohol, ron, alimento para ganado vacuno y tiene una planta que abastece de energía eléctrica al Sistema Integrado Nacional

Posición. Atribuyen que la apuesta por tecnología, gestión democrática y transparente y generación de empleos marca el éxito

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Evo garantiza inversión privada y de cooperativas OPINION, 13.9.2010

Fernando Rojas /Corresponsales

Sectores productivos y analistas defienden la privatización de empresas cruceñas, particularmente el Ingenio Azucarero Guabirá (IAG), PIL Andina S.A. y la Planta Elaboradora de Queso (PEQ) San Javier, que son un referente de éxito empresarial en el presente.
En el caso de PIL Andina, el titular de la Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple), Javier Velarde, señaló que cuando los productores compraron la planta a los trabajadores -eran dueños  del ‘paquete accionario’- se dieron cuenta de que para hacer sostenible el proyecto había que inyectar capital para ser competitivos en el mercado interno.
En ese marco, Velarde dijo que los productores se vieron obligados a vender el 100% de las acciones al grupo  empresarial peruano Gloria, que en la década de los 90 pagó buen precio por la planta.
Posteriormente, Gloria apostó por invertir en tecnológia, lo que permitió aumentar la capacidad de producción en fábrica, diversificar la oferta de productos y generar empleos para miles de familias bolivianas incluido los 900 socios de Fedeple dispersos en la Cuenca Lechera (Norte Integrado, provincia Andrés Ibañez y Pailón) que entregan el 100% de su producción (200.000 litros por día) a la planta PIL Warnes.
“La PIL es una industria líder en el país en la producción de lácteos”, señaló Velarde a tiempo de criticar el anuncio del Ejecutivo en sentido de recuperar las acciones de las empresas privatizadas. “El Estado fue administrador y demostró ineficiencia”, apuntó.
En la misma línea, Piedades Roca, presidenta de la Federación Departamental de Cañeros, destacó el éxito alcanzado por las privatizadas, particularmente, el IAG que, según ella, está marcado por la eficiente administración de la sociedad entre ejecutivos y productores cañeros, lo que ha permitido dosificar capitales ‘frescos’ para aumentar la capacidad de producción de azúcar y alcohol e implementar una planta generadora de energía eléctrica a base de bagazo y hace poco una empresa que produce alimento para ganado vacuno.
Otra fortaleza de Guabirá, en criterio de Roca, es haber generado empleos para miles de familias del norte cruceño. “Por eso la idea de que las empresas que en su momento fueron privatizadas vuelvan a manos del Gobierno no tiene coherencia, porque cuando fueron administradas por el Estado se volvieron deficitarias y se manejaban políticamente, eso las llevó al fracaso”, manifestó.
Para el presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Waldo López, la posición que plantea el Ejecutivo de recuperar las acciones de las empresas que fueron privatizadas o capitalizadas no tiene lógica.
A su juicio, las empresas privatizadas que aún sobreviven están funcionando de una manera eficiente, generando empleos y desarrollando competitividad, lo que no justifica una reversión por una visión política. “Se debería hacer un análisis económico del efecto que ocasionaría la sustitución de una empresa privada con dinero del Estado, esos recursos podrían ser destinados para salud, educación, infraestructura vial y para ejecutar proyectos sociales.
Para el Centro Boliviano de Economía (Cebec) de Cainco, el país necesita de mayores inversiones para generar más empleo y así lograr resultados efectivos en la reducción de la pobreza. En ese marco, el Cebec sugiere afianzar las políticas jurídicas y económicas para generar confianza del inversionista. “Tomar medidas imprevisibles genera preocupación e incertidumbre para el empresariado nacional y extranjero, trayendo como consecuencias que las inversiones se retraigan”, dice el Cebec.
A su turno, Gabriel Dabdoub, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc), señaló que el mayor éxito de las empresas que fueron privatizadas, caso IAG, PIL Andina y PEQ San Javier, fue haber tenido una gestión administrativa eficiente, triplicando la generación de empleos sostenibles y lograr la despolitización de las empresas.
“En ese contexto, creemos que no debe reemplazar a empresas que tienen trayectoria de éxito, en todo caso, lo que tiene que hacer el Estado es buscar los nichos donde se necesita generar trabajo y no así los emprendimientos privados que están funcionando bien”, apuntó Dabdoub.
Cabe hacer notar que de las seis empresas privatizadas en Santa Cruz, cuatro mantienen una regularidad productiva: IAG, PEQ San Javier PIL Andina y Cerámica Roja de Camiri.
La PEQ San Javier, actualmente, procesa 12.000 litros de leche para desarrollar una surtida oferta de quesos, yogur, mantequillas, dulce de leche, entre otros productos que destina al mercado de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.
PIL Andina tiene una de las cadenas productivas más grandes del país, involucra 9.000 familias de productores de leche a escala nacional, 2.300 proveedores nacionales de insumos y más de 50 proveedores internacionales. Trabaja con 200 grandes distribuidores, alrededor de 60 mayoristas y más de 40.000 puntos de venta, llegando a generar más de 80.000 empleos directos e indirectos a escala nacional.
Por su parte, Guabirá es una industria referente a escala nacional e internacional por la producción de azúcar, alcohol, ron, alimento para bovino, además produce energía eléctrica para el Sistema Integrado Nacional (SIN).
Cabe hacer notar que en las últimas horas el vicepresidente Álvaro García Linera anunció que el Gobierno nacionalizará las empresas que en anteriores gestiones fueron privatizadas.
Al respecto, el viceministro de Desarrollo Rural, Víctor Hugo Vásquez, dijo que no se pensó eso.

Evo revierte acciones de Fancesa y siembra dudas
El 2 de septiembre, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 0616, mediante el cual revirtió de manera sorpresiva el 33,34% de las acciones de la Fábrica Nacional de Cemento Sociedad Anónima (Fancesa) a favor de la Gobernación de Chuquisaca.
Cabe recordar que el ‘paquete accionario’ estaba en manos de  la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), cuyo accionista mayoritario es el empresario y líder de la fuerza opositora UN, Samuel Doria Medina, además del grupo inversor mexicano Chihuahua.
En la oportunidad, el primer mandatario, Evo Morales, afirmó que Soboce obtuvo de una forma ilegal su paquete accionario en Fancesa en un proceso de privatización de 1999, por lo que muchos sectores sociales le demandaron que las acciones sean nacionalizadas y entregadas a la Gobernación de esa región.
En criterio de Morales, a partir de la reversión de estas acciones el departamento de Chuquisaca recibirá $us 4,5 millones al año por concepto de utilidades que dejará la producción de cemento.
Soboce pagó $us 26 millones por las acciones hace diez años. Sin embargo, a la fecha, según el empresario Samuel Doria Medina, ascienden a unos $us 80 millones, cifra que tendría que pagar el Estado. Posterior al decreto emitido por Evo Morales, en Soboce se informó que analizan las medidas de defensa a asumir.
A su turno, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Daniel Sánchez, indicó que aguardan la evaluación que haga la consultora sobre el costo de las acciones de Soboce y afirmó que debe haber equilibrio, transparencia e imparcialidad en el trabajo. “La Confederación defiende los principios que en este caso han sido vulnerados contra uno de nuestros afiliados; asumimos los principios de defensa, el respeto a las leyes y a la inversión directa”, sostuvo.
Para el presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (Feplp), Enrique García, la posición del Ejecutivo desincentiva la inversión extranjera y nacional cuando el país requiere desarrollarse económicamente, para generar empleos.

Punto de vista

“La suma cero no ayuda al país”
Gary Rodríguez. Gte del IBCE
Bolivia no es pobre. Más bien es un país empobrecido debido a las deficientes políticas públicas aplicadas históricamente. Y si bien cuenta con abundantes recursos naturales, estando éstos dormidos por falta de inversión resulta peor que si no los tuviera.
Países como Japón o los ‘tigres asiáticos’ -sin muchos recursos naturales- se han desarrollado gracias a su inteligencia para atraer capital y tecnología. Así, ni tener recursos naturales, ni adolecer de ellos, importa.
Lo que marca la diferencia son las políticas públicas. Que Bolivia crezca un 3% ó 4% por año es insuficiente para abatir la pobreza. La Meta del Milenio establecía que debíamos crecer por lo menos al 6% anual desde los años ´90, solo para bajar un 50% la pobreza hasta el 2015. Como esto no ha ocurrido, 6 de cada 10 bolivianos son pobres y 3 millones de bolivianos son extremadamente pobres. Si la actual CPE garantiza una ‘economía plural’ donde debería haber espacio para la producción privada, comunitaria, cooperativa y estatal, lo recomendable sería que todos sumen esfuerzos para invertir y producir más.
Reestatizar no es ni original, ni una buena idea, y tampoco que el Estado quiera hacerlo todo. La sustitución de actores económicos no sirve, no suma. El riesgo es que el resultado sea ‘suma cero’, pues si se desestimula la inversión privada, el remedio podría resultar peor que la enfermedad.

Opinión

“Estatizar para crear entes de empleos”
Napoleón Pacheco. Economista
La línea política asumida por el Gobierno en términos de conformar un sector estatal fuerte para dirigir la economía es irracional porque la experiencia histórica nos demostró que las empresas estatales no son eficientes en su administración, siendo este factor el ‘común denominador’.
En la medida en que el Gobierno recupere las acciones de aquellas empresas privadas exitosas que tiene en la mira y bajo el patrón de funcionamiento estatal se perderá información, la gestión de las empresas no va a ser transparente y, lo peor, es que se  convertirán en agencias de empleos, de manera tal que el esfuerzo productivo realizado por emprendedores privados que apostaron por modernizarlas para ofrecer al mercado productos de calidad se irá esfumando en el tiempo y quien pierde es el país, porque lamentablemente el control gubernamental sobre las empresas no significa progreso sino retroceso en términos de crecimiento y desarrollo económico.
Hay una paradoja del discurso oficial del Gobierno. Habla que hay garantías para la inversión, que hay seguridad jurídica en el país, pero en los hechos las continuas estatizaciones nos muestra que la realidad es otra. En ese marco, la prueba es que no hay seguridad jurídica y por tanto la inversión privada va a seguir contraída mientras el Estado continúe con esas señales negativas de decir una cosa y en los hechos asumir una posición contraria.

Escenario de las privatizadas en Santa Cruz

PIL Andina S.A.
- Privatización. Lecheros y trabajadores fueron copropietarios de la PIL en 1995 pagando $us 4 millones a Cordecruz. En 1996 el Grupo Gloria compró la planta en $us 10 millones.
- Trabajadores. Antes de la privatización empleaba a 240 trabajadores, ahora son 1.300 que figuran en planilla.
- Productos. Procesa leches fluidas, leche en polvo, leches saborizadas, yogures (naturales, ligths, bebibles, con frutas, sin frutas), además de jugos lácteos, mantequillas, dulces de leche y otros.
- Mercados. Cubre la demanda nacional, además exporta productos a Perú, Ecuador, Venezuela y África.

Hilandería Santa Cruz
- Privatización. Surgió en los años ’70, administrada por el Estado se instaló con $us 56 millones. En 1996 fue comprada en $us 4 millones.
- Trabajadores. El 30 de marzo de 2010, la firma Santa Mónica Cotton por una situación de estrechamiento financiero, atribuida a la crisis mundial y a la pérdida del beneficio de la Ley Atpdea, el directorio de la empresa resolvió liquidar a sus trabajadores.
- Producción. Santa Mónica Cotton, en su momento, tenía unos 361 funcionarios y una capacidad de producción de 600 toneladas de hilo por mes.
- Mercados. Sus principales mercados de exportación eran Venezuela, Colombia y Perú.

Alimentos Balanceados de Portachuelo (Albapor)
- Privatización. La fábrica Albapor fue cerrada en 1986, durante la hiperinflación del Gobierno de la UDP. Fue vendida en una subasta pública a la familia Aguilera en 1997.
- Trabajadores. Hasta 2003 siete personas trabajan en esta empresa. Mariano Aguilera, ex propietario del emprendimiento, en contacto telefónico, manifestó que desconoce el estado actual de la fábrica, dado que transfirió esa iniciativa empresarial a uno de sus hermanos.
- Estacional. En julio de 2003, la producción dependía de la demanda de los clientes, es decir que el consumo se eleva en época de sequía.
- Mercado. No se conoce sobre la producción.

Ingenio azucarero guabirá (IAG)
➠ Privatización. Fue transferido el 5 de julio de 1993. Cuando se inauguró en 1956 tenía una capacidad de molienda de 1.000 toneladas por día y cuando se privatizó 4.500 toneladas. Ahora procesa 16.000 toneladas por día.
➠ Trabajadores. Son más de 1.000 fabriles que trabajan en la industria y un promedio de 1.450 cañeros entrega materia prima a la factoría.
➠ Producción. Tiene una oferta diversificada de productos que incluye varias clases de azúcar, ron, alimento para ganado y energía eléctrica.
➠ Mercado. La oferta de Guabirá se destina al mercado interno y Europa, Asia, EEUU, Perú, Chile y Colombia.

PEQ San Javier
➠ Privatización. La Planta Elaboradora de Queso (PEQ) San Javier fue instalada en 1997 con una inversión de $us 1,2 millones. Fue vendida en una subasta pública en 1990 en $us 260.000.
➠ Trabajadores. Al presente, cuenta con 27 trabajadores en planta, dos en administración y uno en mantenimiento.
➠ Producción. Antes procesaba 10.000 litros diarios de leche. Actualmente, 12.000 litros para producir queso dambo y dietético, criollo, cheddar, edan, ricota, saint paulín, yogur, mantequillas, dulce de leche, refrescos y pizzas.
➠ Mercado. Destina su producción a Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

Cerámica roja Camiri
➠ Privatización. La administración de la fábrica de Cerámica Roja Camiri (Cerocsam) pasó a manos de operadores privados que integran Tenta. Cordecruz la transfirió a la Alcaldía de Camiri.
➠ Trabajadores. Tiene 18 trabajadores que se abocan a desarrollar actividades en el área operativa y productiva.
➠ Producción. Estuvo paralizada durante diez años por mal manejo administrativo y cuoteo político, pero ahora tiene una capacidad instalada para producir mensualmente 250.000 ladrillos.
➠ Mercado. Cubre la demanda local y abastece a los municipios de Monteagudo y Gutiérrez.

Fuente: http://www.eldeber.com.bo/vernotaeconomia.php?id=100911194343

Sin Comentarios

Aún no hay comentarios.

Escribe tu comentario: