El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones – Los Tiempos (Editorial) – 12.9.2010

NUESTRA PALABRA

Lo que acaban de aprobar los diputados puede convertirse en un instrumento de violación de la libertad de información y opinión

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En el camino hacia el establecimiento de un sistema autoritario en el país, la Cámara de Diputados ha aprobado un proyecto de ley contra el racismo que ha sido aprovechado para atacar en forma abierta la libertad de expresión y opinión. De un plumazo, los diputados del oficialismo -al parecer con la aquiescencia de algunos periodistas alineados con el Gobierno– han vulnerado importantes principios universalmente reconocidos sobre este delicado tema y están por lograr lo que el viejo sistema de partidos políticos no lo pudo hacer: que los periodistas sean procesados, por su oficio, en el marco del Código Penal.

¿Qué establece el proyecto de ley? Que “los medios de comunicación públicos y privados deberán proveerse de mecanismos internos que garanticen la eliminación del racismo y toda forma de discriminación en relación con su responsabilidad de generar opinión pública” y dispone “que los medios de comunicación radiales, televisivos, escritos y las nuevas tecnologías de la información y comunicación, como la Internet, eliminen de sus programaciones lenguajes, expresiones y manifestaciones racistas, xenófobas y otros de contenido discriminatorio” (Art. 6/III, Incs. c y d). El artículo 16, que el “medio de comunicación que autorizare o publicare ideas racistas y de discriminación será pasible de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación”. Y el artículo 25 dispone la incorporación al Código Penal de un capítulo  “denominado ‘delitos contra la dignidad humana’, con las siguientes penas. Racismo, con pena de tres a siete años. Discriminación, de uno a cinco años. Difusión e incitación al racismo o la discriminación, de uno a cinco años. Organizaciones o asociaciones racistas, de uno a cuatro años. Insultos y agresiones verbales racistas, trabajo hasta 18 meses y multa de 150 días”.

Como en muchos otros casos, alguna gente considera, de buena fe, que hay abusos que cometemos en el oficio de la información que no son debidamente procesados, por lo que hace falta que la regulación y la autorregulación funcionen en forma debida. Pero, está claro que ése no es el propósito que anima a los diputados del MAS. Esos artículos muestran que el objetivo es infundir temor a los operadores de medios para que asuman una posición pasiva en su compleja labor de informar correctamente a la ciudadanía. Además, las sanciones previstas retrotraen a tiempos medievales al reponer castigos de privación de libertad (cárcel) a los presuntos delitos de opinión que serán procesados como dispone el Código Penal, es decir, a través del Ministerio Público, que ha sido convertido en una agencia de represión política en el país, y un sistema judicial que, como también se observa en los últimos años, se ha rendido a las presiones provenientes del Órgano Ejecutivo y el MAS.

En ese contexto, lo que acaban de aprobar los diputados es una norma que presuntamente está dirigida a un bien mayor (la lucha contra el racismo) pero que fácilmente se puede convertir en un instrumento de violación de la libertad de información y opinión. Es de esperar que los senadores, recogiendo el pedido que los periodistas han hecho a través de sus diversas organizaciones gremiales, eliminen este intento de sancionar la opinión.

http://eju.tv/2010/09/el-camino-al-infierno-est-empedrado-de-buenas-intenciones/#2

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