En el período de cinco meses analizado en este informe se registró un total de 226 conflictos, superando en 44 la cifra registrada en el segundo semestre del año 2009. Esto muestra que la conflictividad en Bolivia presentó una tendencia ascendente que se incrementó mes a mes, habiendo llegado en mayo a su máxima expresión.

El informe presenta un análisis de los conflictos ocurridos en la primera parte del año en curso, a partir de la identificación de ciertos ejes de conflictividad que permiten ordenar el conjunto de los casos registrados, visualizando ciertas tendencias. Intenta plantear, a partir del material acumulado a lo largo de cinco meses y comparándolo con los datos correspondientes al año 2009, una lectura más analítica de la conflictividad boliviana considerando su vinculación con los factores estructurales y coyunturales que permiten comprenderla mejor.

Si bien en términos generales los niveles de violencia se han mantenido estables y relativamente bajos, en mayo se registró un significativo incremento de la violencia en algunos enfrentamientos con saldos de heridos y muertos.

La gran mayoría de los conflictos se dirigió hacia el Estado en sus distintos niveles, sobre todo hacia el gobierno central, pero no se han presentado casos que hayan puesto en riesgo la gobernabilidad ni la estabilidad democrática.

Sectores, actor más demandado y cobertura

Se han producido conflictos al interior de la sociedad civil, entre sectores gremiales, entre vecinos y comerciantes, padres de familia y maestros, propietarios de terrenos y ocupantes ilegales, campesinos, entre otros.  Varios de éstos llegaron a situaciones de enfrentamiento con altos índices de violencia.

El Estado fue el actor más demandado, con clara preeminencia del gobierno central que concentró 46,4% de los conflictos, seguido por el municipal con 19,3% y por el departamental con 8,2%.

La prestación de servicios públicos representa en el período 12% de la conflictividad nacional. Siendo el Estado el más demandado –con clara preeminencia del gobierno central– se hace patente la necesidad de una gestión pública coordinada entre los distintos niveles estatales a fin de asegurar eficiencia y oportunidad.

El protagonista de la mayor cantidad de conflictos durante  estos cinco meses fue el sector vecinal/comunal (vecinos de las áreas urbanas y pobladores de las áreas rurales), con 20,8%, que planteó demandas fundamentalmente vinculadas con la inexistente, insuficiente o inadecuada prestación de servicios públicos.

La conflictividad se concentró de manera clara en los departamentos del eje –manteniendo La Paz la preeminencia– y en Potosí. Los elevados índices de pobreza de este departamento y la existencia de recursos naturales estratégicos pueden ser algunas de las causas que expliquen la cantidad de conflictos. El Alto es la ciudad con el más alto índice de conflictividad del país, lo que podría deberse tanto a los problemas y carencias de esta urbe, como a la capacidad de movilización y protesta de su población.

Los conflictos más importantes

En el ámbito político, los conflictos más importantes fueron, por una parte, los vinculados con la aprobación de leyes en el marco de la aplicación de la nueva Constitución Política del Estado, que ha provocado el cuestionamiento de diferentes actores. Este proceso plantea importantes desafíos: responder adecuadamente a las elevadas expectativas que se han generado en una multiplicidad de actores; conciliar, a través de normas de alcance nacional, las visiones e intereses de diferentes sectores que pueden ser muchas veces contradictorios entre sí y que no suelen orientarse por una idea de bien común; construir un Estado y una sociedad genuinamente democráticos en un contexto en el que aparecen tendencias y acciones que parecieran encaminarse hacia el control total del poder del Estado. Por otra parte, se produjeron numerosos conflictos a partir de irregularidades en las elecciones municipales y departamentales.

Las pugnas políticas entre las regiones y el gobierno central, que fueron determinantes en la conflictividad de los años pasados, desde 2009 disminuyeron claramente, aunque se mantienen latentes y resurgen en algunas ocasiones; en el presente año se ha producido un rebrote por la judicialización de la política. Es probable que el proceso de aprobación de la ley de autonomías y su aplicación agudice nuevamente los conflictos.

Ejes de la conflictividad

La cultura política del país contribuye a la generación de conflictos puesto que hay poca tolerancia, la divergencia se trasforma fácilmente en conflicto, y la idea de pacto se encuentra desvalorizada. Por ello la importancia de desarrollar una noción de bien común y de revalorizar el acuerdo y el pacto como alternativas de solución de las diferencias.

La pobreza es indudablemente el motor de una gran parte de la conflictividad del país. La mitad de los conflictos del período se originó en la situación económica en que se encuentra la población; es claro, por tanto, que la construcción de una cultura de paz está estrechamente relacionada con la atención de problemas socioeconómicos estructurales.

Una cuarta parte de los conflictos está vinculada a la problemática del empleo y salarial. Los factores desencadenantes de este tipo de conflictos son al menos tres: la existencia de altas tasas de desempleo, la precarización laboral y salarial, y la excesiva informalización de la economía, que generan gran malestar en la población.

Otro de los ejes de conflictividad más relevantes en el período es el referido a la explotación y control de recursos naturales como instrumento de desarrollo económico local y regional, no sólo por la cantidad de conflictos que generó, sino por los niveles de violencia registrados. Es posible señalar que, en una coyuntura de ausencia de un marco legal que establezca principios y normas claras y coherentes en este campo, este tema puede originar una importante conflictividad de carácter violento.

Educación, salud, DDHH y pueblos indígenas

La gestión educativa es un escenario bastante conflictivo que presenta características cíclicas. Durante el lapso que comprende este informe se evidenció una reactivación de los conflictos protagonizados por el magisterio en 2009 en torno a dos demandas centrales: aumento salarial e inclusión en la formulación del nuevo proyecto de ley de educación. Asimismo se movilizaron otros actores de este sector, como postulantes a las escuelas normales y padres de familia, con distintas demandas, no siempre de carácter educativo.

A pesar de que los índices en salud en Bolivia no son los óptimos, la conflictividad referida a este tema se mantuvo en niveles bajos. Los principales demandantes no fueron los usuarios del servicio de salud, sino los trabajadores del sector que se movilizaron exigiendo ítems, insumos de trabajo y mejores condiciones laborales.

En el tema de derec hos humanos destacaron los conflictos protagonizados por víctimas de los regímenes de facto y sus familiares demandando el cumplimiento de órdenes judiciales para la desclasificación de documentación de las Fuerzas Armadas y el resarcimiento económico establecido por ley.

Como no había ocurrido desde hacía mucho tiempo, los pueblos indígenas, especialmente los de tierras bajas, se movilizaron en demanda de tierra, territorio, participación en la toma de decisiones públicas, y autonomía indígena plena. Es notable que la interpelación indígena al gobierno se haga a partir del tema identitario en el contexto de implementación de un Estado plurinacional en que dicho elemento juega un rol central; esto probablemente se explique por el choque entre las grandes expectativas que ha generado éste y los avances en su materialización que distan de lo contemplado en la Constitución Política del Estado y de lo imaginado.

Límites territoriales y tierra

Si bien no fue significativa, la problemática de límites continuó generando conflictos entre pobladores que se sienten con derec hos sobre un mismo territorio. En el período, los protagonistas fueron representantes departamentales y comunales del occidente del país.

La problemática de acceso y tenencia de la tierra es una de las más importantes y complejas del país; pese a su significación para el desarrollo socioeconómico y al lugar central que ocupa en la agenda política, permanece irresuelta. Por ello seguirá siendo un importante eje de conflictividad en el país.

La mayoría de las situaciones contenciosas vinculadas a territorios indígenas quedó a nivel de amenaza de movilización sin llegar a concretarse, esto no significa que se hayan desactivado; es previsible que el proceso de aplicación de las autonomías genere situaciones de conflicto a partir de las demandas y expectativas existentes en relación con el funcionamiento pleno de los territorios.

Mujer, conflictos y problemática ambiental

La participación de la mujer en los conflictos no fue visibilizada por los medios, salvo en algunas controversias de carácter económico. Los conflictos sociales relacionados con la problemática de equidad de género no fueron frecuentes entre enero y mayo.

La problemática ambiental también es generadora de conflictos, especialmente el fenómeno de la contaminación. Pobladores de diferentes regiones del país se movilizaron para protestar por los impactos negativos que la actividad minera tiene sobre su salud y economía, así como para cuestionar el funcionamiento de botaderos de basura en las proximidades de áreas de vivienda. En general, es posible afirmar que estos conflictos se originan porque el deterioro ambiental afecta los intereses y la salud de los grupos movilizados, pero no significa necesariamente que dichos actores hayan tomado conciencia respecto a la problemática ambiental.

INFORME UNIR

Fuente: http://eju.tv/2010/09/informe-de-la-fundacion-unir-sobre-conflictividad-en-bolivia/