Se plantea la socialización de los bienes urbanos – EL DIARIO (Editorial) – 2.9.2010
En conferencia de prensa el presidente del Estado en ejercicio, Álvaro García Linera, en reciente fecha desmintió que exista un proyecto de ley “oficial” de regularización de la propiedad urbana, aunque éste fue sostenidamente informado en sentido contrario por los medios de prensa desde mediados del pasado mes, ….
…..haciendo inclusive citas concretas de su articulado, lo que se confirma cuando un medio escrito asegura que el Viceministro de Vivienda le “hizo llegar la propuesta (…) el 12 de junio…”. La alta autoridad mencionada denominó como una falsa campaña política la versión de una ley de tal género, pero admitió que se trata de regularizar la propiedad urbana de quienes la ocupan por 5, 10 o 15 años sin la respectiva documentación legal.
Ante la alarma que cundió por el proyecto de Ley de Regulación de la Propiedad Urbana y Regularización del Derecho Propietario de Inmuebles Urbanos y como un desmentido final el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, publicó una solicitada el día 29 de agosto donde por su parte niega la existencia del referido proyecto, mas anuncia que con la participación de los gobiernos municipales, departamentales y la sociedad civil se construirá una “futura ley consensuada, sobre regularización de la propiedad urbana”, cuya significación no puede ser otra que, de todos modos, se realizará la regularización.
Las afirmaciones y negaciones a este respecto han abundado, pero lo cierto es que dicho proyecto no surgió del Viceministerio de Vivienda, sino de las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, es decir, con un indudable sello político, comisiones que lo enviaron al Ministerio de Obras Públicas y Vivienda para su revisión “técnica”. Es más, la presidenta de la Comisión de Autonomías de Diputados, Betty Tejada (MAS), aseguró que la aprobación de la Ley dependía de los resultados del censo señalado para el 2011, lo que deja entrever que se buscaría el respaldo estadístico de un presunto déficit habitacional para la aprobación de la norma en perjuicio de los propietarios.
Es de conocimiento público que el proyecto -o los tres lanzados a modo de “globos de ensayo”, según cierta versión- determina que los predios urbanos se reducirán a 500 metros cuadrados y que su excedente deberá ser expropiado por las alcaldías municipales para fines habitacionales u otros de uso público, medida que incluye a las asociaciones y empresas. Asimismo, que las organizaciones sociales tendrán prioridad en la adjudicación y que los inquilinos que habitan un inmueble por más de cinco años accederán a la propiedad previo trámite de usucapión, la cual podrá ser también colectiva. Por otra parte, se creará un impuesto especial para los propietarios de dos o más inmuebles, es decir, un gravamen impositivo expropiatorio de neto carácter socialista.
Sobre las aseveraciones del comunicado oficial en sentido de que la propiedad privada está garantizada por la Constitución, como lo dispone su artículo 56, se calla que el artículo 57 establece la expropiación de un bien por necesidad y utilidad pública o cuando no cumple una función social, lo cual abre un camino al “control social” que, en definitiva, calificará dichos aspectos.
Las conclusiones del indicado entredicho son que, según experiencias anteriores, cuando un Gobierno insiste en desmentir alguna decisión es cuando más se la debe esperar como segura. Está visto que los designios que informan al actual Gobierno no son otros que la meta socialista. Esta norma y las que pudieran sucederle apuntan a dicha finalidad, sin reparar en que afectarán al conjunto de una sociedad propietarista como la nacional y que en una buena proporción sobrevive gracias al auxilio económico de algún inmueble. Indudablemente, es un golpe que se alista contra las clases urbanas, pese al descontento que sería de esperar, pero que al igual de otros casos no reviste importancia para el oficialismo, teniendo en cuenta que ni los propietarios ni las clases medias cuentan con organizaciones que puedan expresar su descontento ni ejercer presiones, a diferencia de los llamados “movimientos sociales”.
Lo propio viene ocurriendo con la reforma del sistema de renta o jubilación para el cual se toma la palabra de dichos sectores, pero no de los actuales aportantes, también directamente afectados. El proyecto en cuestión ha sido socializado inclusive en talleres efectuados en Santa Cruz, Cochabamba, El Alto y Sucre, con la concurrencia sólo de los movimientos sociales, pero no de los propietarios vistos desde ahora como inminentes víctimas de un proceso socialista. Entonces se trata de una socialización limitada y, a la vez, excluyente.
http://www.eldiario.net/noticias/2010/2010_09/nt100902/0_01edt.php
Tags: propiedad urbana
Sin categoría | Willi Noack 2 Septiembre 2010
