Hacia el control total del poder – LA PRENSA (Editorial) – 23.8.2010

El principio jurídico universal de presunción de inocencia ha desaparecido. Hoy todos los ciudadanos parecen culpables de cualquier delito…


En nuestro país, que marcha aceleradamente a un profundo cambio dejando atrás las estructuras de las políticas neoliberales, los bolivianos que no comparten la ideología gubernamental están atravesando por momentos difíciles.

Como nunca antes en democracia, se ha desatado una persecución contra parte de esos ciudadanos, tratando de defenestrarlos, en algunos casos, de los cargos para los que fueron elegidos o buscándoles cualquier presunto delito para apresarlos o, cuando menos, amedrentarlos.

En unos casos, como el de cinco alcaldes elegidos por voto popular, fueron las mayorías oficialistas de sus concejos las artífices de esos virtuales derrocamientos. Usando una cuestionada y abusiva “ley corta”, se defenestró a esos alcaldes, todos ellos, coincidentemente, representantes de partidos políticos no oficialistas, para ser reemplazados por los del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Con esa misma ley se busca también descabezar a los tres gobernadores opositores y, así, copar todas las gobernaciones del país para no tener un solo escollo en el camino al cambio que se propuso el Gobierno después de tomar el control de los cuatro órganos del Estado Plurinacional y otras instituciones públicas, como la Aduana, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo.

En otros casos, el ministerio público asumió la función de verdugo contra los opositores políticos, contra críticos del Gobierno o contra quienes, habiendo sido oficialistas, exigieron con bloqueos y protestas el cumplimiento de promesas electorales que el Gobierno había olvidado.

Fue así que con relación al supuesto tristemente famoso caso de terrorismo de Santa Cruz se llamó a declarar a decenas de personas. El inclemente fiscal asignado al caso, Marcelo Soza, en algunas parece haber encontrado indicios de complicidad y las mantiene detenidas y, en otras, no halló nada comprometedor y las dejó en libertad.

Por ese medio se arremetió también contra bloqueadores y ex oficialistas, como sucedió con los casos de Caranavi y Potosí, y contra Félix Patzi o Gustavo Torrico y su contratado ayudante alemán Dirk Schmidt, a quienes se les busca y parece que no se les encuentra todavía ningún delito. Por si acaso, al alemán se lo mantiene preso. A ver si se le encuentra indicios de alzamiento armado, extorsión a menonitas, alianzas con presuntos terroristas o vínculos con la endiablada embajada estadounidense y sus organismos de cooperación.

El principio jurídico universal de presunción de inocencia ha desaparecido. Ahora todos los ciudadanos son o parecen culpables de cualquier delito hasta que prueben lo contrario. Los únicos inocentes son los que se someten incondicionalmente al mandatario o a aquellos poderosos ministros que le han creado un impenetrable cerco. Aquellos que para granjearse la voluntad del gran jefe firman decretos para autorizar adquisiciones directas, como las del millonario avión presidencial, violando la Ley Safco, porque están seguros de que nada les pasará.

Entretanto, la ciudadanía vive temiendo que en cualquier momento cualquier fiscal servil le quite injustamente su preciada libertad.

http://www.laprensa.com.bo/noticias/22-8-2010/noticias/22-08-2010_2777.php

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