Vivimos una época de profundas incertidumbres en la que los términos se han confundido y enrevesado hasta el punto que ahora, la “sociedad civil” y el “pueblo” son única y exclusivamente las “organizaciones sociales” afines al partido gobernante que exigen un supuesto derecho a erigirse en un “quinto poder” en esencia un suprapoder, es decir un poder que estará por encima de todos el Legislativo, el Judicial y el Electoral pero no del Ejecutivo porque no será más que un instrumento de este.

Este “Consejo” también aplicará el control social sobre las Fuerzas Armadas, la Policía, las Universidades y hasta se inmiscuirá en empresas del sector privado, según un absurdo proyecto que se encuentra en la lista de la leyes a ser aprobadas en la presente gestión.

Con esta ley lo que se pretende es que el poder sea ejercido exclusivamente por el oficialismo a través de  “organizaciones sociales” de testaferros, salvando cualquier traba institucional o legal, y esto responde muy bien al criterio del vicepresidente Alvaro García cuando anuncia el advenimiento de la “quinta etapa del proceso de cambio” que consiste en la toma directa de todas las instituciones del Estado nacionales y departamentales al margen de cualquier formalismo.

El proyecto no puede menos que asustar tanto por su forma como por su contenido. Que se diga abiertamente que una las funciones de este “control social” será espiar a los funcionarios públicos no es para menos. Aunque en los hechos este “espionaje” ya se está aplicando en todas las entidades públicas y los funcionarios deben cuidarse de lo que dicen, el dar una cualidad legal a esta práctica implica una flagrante vulneración de los derechos individuales.

Es claro que este “control social” tendrá un sentido esencialmente político. No es que nos opongamos a que se ejerza un severo control sobre los funcionarios para garantizar un adecuado manejo de la cosa pública pero existen las instituciones llamadas al efecto, por lo que es preciso remarcar que las intenciones de este proyecto de ley van mucho más allá de una simple fiscalización para evitar la corrupción…de los otros pero no de los que pisan fuerte en el gobierno.

Todas las acciones del MAS ya lo han demostrado. De lo que se trata no es de asegurar la eficiencia y la honestidad en el manejo del Estado sino de ajustar las clavijas para impedir cualquier atisbo de disidencia o discrepancia.

Mediante esta ley, las “organizaciones sociales” afines al MAS tendrán la atribución de acusar y exigir la destitución de cualquier funcionario público, incluidos los de gobernaciones y municipios; los miembros de este “Consejo” serán los nuevos inquisidores del “proceso de cambio” concebido a la medida de un gobierno autoritario.

Está presente también el componente de la corrupción. Es evidente que hasta ahora los dirigentes de las “organizaciones sociales” no se han caracterizado por su honradez y probidad. Lo reconoció el propio presidente Evo Morales cuando denunció que, por ejemplo, la Aduana Nacional se convirtió en la fuente de enriquecimiento para muchos de ellos. No sabemos por qué no volvió a tocar el tema.

Que se pretenda que ahora participen en procesos de licitación y contratación de bienes y servicios significa, en los hechos, darles acceso a nuevas fuentes de enriquecimiento a parte de las que ya tienen.

Seguramente se afirmará que quienes se oponen a este “control social” son los corruptos pero esto no es más que un vulgar chantaje. Que en las esferas del Estado siempre existió corrupción y que ahora ésta se ha diversificado y aumentado no es un secreto, pero sin duda la solución no es que corruptos controlen a los corruptos.

http://eju.tv/2010/08/espionaje-entre-maosos/