MAS alista ley de espionaje a funcionarios del Estado; Control Social será un “suprapoder” vinculado al gobierno – eju.tv – 18.8.2010
Proyecto legaliza espionaje sobre los servidores públicos. Consejo fiscalizará a los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, Tribunal Constitucional y gobernaciones. 69 organizaciones autoconvocadas forman parte del ente fiscalizador, varias son del MAS. “Es un control exagerado y paralizará al Estado y a la gestión pública”, advierte constitucionalista Alarcón.
Control Social: Clemente Gutiérrez (al medio) entre comunarios de Achocalla
La Prensa
El Control Social surge como un “suprapoder” vinculado al MAS
Fiscalización: El proyecto confiere inmunidad a los consejeros, con quienes los entes fiscalizadores deberán coordinar su trabajo.
El anteproyecto de Ley Orgánica del Consejo de Participación y Control Social, presentado ayer por sus propios integrantes, define a este mecanismo como un suprapoder estatal, figura no regulada por la Constitución, que tendrá atribuciones de fiscalizar, investigar e iniciar procesos legales a autoridades y funcionarios de todos los órganos del Estado, empresas financiadas con recursos públicos o compañías privadas que presten servicios públicos. Además, las organizaciones sociales que lo componen son afines al Movimiento Al Socialismo (MAS).
Según el proyecto, “vigilar es observar y espiar el comportamiento de los servidores públicos y custodiar bien los bienes públicos”, y fiscalizar es “inspeccionar y vigilar los bienes públicos”.
Los directivos de este Consejo Nacional presentaron ayer ese documento a la Presidencia de la Cámara de Diputados, representada por su primera vicepresidenta, Adriana Arias, del MAS, en un acto que se cumplió en el vestíbulo del Ministerio de Culturas.
El secretario ejecutivo nacional de la nueva institución, Clemente Gutiérrez, sostuvo ayer que se trata de “un suprapoder, el quinto poder de la sociedad civil organizada es el soberano, el pueblo es el que decide”.
Gutiérrez fue elegido el pasado 4 de mayo por los dirigentes autoconvocados y el directorio fue posesionado de inmediato por el vicepresidente Álvaro García Linera, quien le dio la misión de elaborar el mencionado anteproyecto.
El Consejo está conformado por 69 instituciones, 41 de las cuales son del departamento de La Paz y, de éstas, al menos 10 forman parte formalmente de las organizaciones sociales que componen el MAS, pero Gutiérrez negó que tanto él como el instrumento tengan filiación masista o exista la idea de prestar apoyo al Gobierno.
Sin embargo, a tiempo de entonar el Himno Nacional, al menos dos integrantes del directorio se llevaron la mano derecha al pecho y levantaron el puño izquierdo, señal que institucionalizó el presidente Morales para los masistas.
El dirigente atribuyó el hecho a “creencias religiosas” y recordó que el anteproyecto prohíbe a militantes de partidos y organizaciones políticas formar parte de los cuadros de dirección.
El documento propone que los consejeros gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones. No podrán ser procesados ni siquiera después de la conclusión de su mandato.
De igual manera, se determina que la Contraloría, el Defensor del Pueblo, Ministerio de Transparencia, Consejo de la Magistratura y otras entidades fiscalizadoras deberán coordinar sus actividades con el nuevo mecanismo.
“No muchos van a estar conformes (…). Sabemos que muchas instituciones se van a oponer porque existe en algunos sectores algo de corrupción”, afirmó Gutiérrez.
El documento señala la creación de consejos departamentales, consejos regionales, consejos municipales y consejos indígena originario campesinos para desarrollar sus labores. Según su área de control, estos organismos podrán pedir informes de gestión, escritos u orales, al Presidente y Vicepresidente, autoridades de los Órganos Judicial y Electoral, fiscales, gobernadores, alcaldes, asambleístas nacionales y departamentales, y concejales.
En otro acápite, estipula que los controladores podrán requerir toda la información que consideren necesaria y los servidores públicos dispondrán de 48 horas para entregar lo solicitado o, de lo contrario, “se presumirá la existencia de hechos de corrupción y se procederá a la investigación e inicio del proceso penal que hubiere lugar”.
Por consiguiente, se presentará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público o la Contraloría, actualmente en manos del MAS.
Para el cumplimiento de su trabajo, y si fuera necesario, los consejos podrán “requerir el apoyo de la fuerza pública”.
Otras potestades que tendrán esos consejos incluyen su participación en procesos de licitación y contratación de bienes y servicios.
También podrán participar, aunque no se menciona cómo, en la designación de funcionarios públicos y controlar su actuación.
El documento señala que los recursos económicos de la cooperación internacional destinados a programas de apoyo también serán objeto de fiscalización, así como la calidad de servicios públicos ofrecidos a los ciudadanos.
El Control Social se aplicará también sobre la Asamblea Legislativa Plurinacional. Senadores y diputados serán objeto de fiscalización incluso por su comportamiento en las sesiones o cuando designen autoridades.
Los consejeros impulsarán acciones legales cuando lo consideren conveniente y sus informes “tendrán validez probatoria en las causas que se instauren como consecuencia de sus investigaciones”.
Para ser consejero será necesario hablar por lo menos dos idiomas oficiales del país e integrar una organización social. No podrán serlo quienes hayan sido funcionarios públicos en gobiernos de facto.
Bajo la lupa
El Consejo fiscalizará a los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, Tribunal Constitucional y gobernaciones.
También las empresas públicas y mixtas, entidades públicas descentralizadas, desconcentradas, autárquicas, autónomas.
El Ministerio Público, Defensor del Pueblo, Contraloría y Procuraduría serán igualmente objeto del control social.
Fuerzas Armadas, Policía, universidades, empresas privadas socias o contratistas del Estado serán fiscalizadas.
Proyecto legaliza espionaje sobre los servidores públicos
El proyecto de Ley Orgánica del Consejo de Participación y Control Social da pie a que se efectúen labores de espionaje sobre los funcionarios públicos.
En el capítulo I “Disposiciones y principios fundamentales” del proyecto, su artículo 9 establece el concepto de “vigilar”, que define como “observar y espiar el comportamiento de los servidores públicos y custodiar bien los bienes del Estado”.
Fiscalizar es, según el mismo proyecto, “inspeccionar, vigilar y cuidar los bienes públicos.
El jurista Carlos Alarcón explicó que la atribución de espiar plantea una negativa a la presunción de inocencia y abre la sospecha generalizada de que todos los funcionarios públicos son delincuentes y corruptos, personas que, por tanto, tienen que ser objeto de vigilancia por parte de un grupo que, en el plano moral, se encuentra por encima de ellos.
El Código Penal sanciona el espionaje como parte de los delitos contra la seguridad externa del Estado y solamente admite la figura de los agentes encubiertos o la entrega vigilada para investigar, con autorización judicial, los delitos de narcotráfico.
Alarcón alertó de que el espionaje implica riesgos de que esa actividad derive en procesos con penas agravadas para los funcionarios públicos.
“Esto hará que sea insalubre la gestión pública, contribuyendo a su paralización e ineficiencia”.
Organizaciones autoconvocadas forman parte del ente fiscalizador
Por decisión propia, 69 organizaciones cívicas, sociales, gremiales y sindicales forman el Consejo Nacional de Participación y Control Social, admitió ayer el secretario ejecutivo del organismo, Clemente Gutiérrez, ex dirigente de los campesinos de La Paz.
“El Control Social se ha conformado a la cabeza de todas las organizaciones sociales nacionales, departamentales y provinciales, por una autoconvocatoria. Por iniciativa de todos los movimientos, nos reunimos el 4 de mayo y elegimos a nuestros representantes”.
Lamentó no haber recibido apoyo del Gobierno, por lo que muchas reuniones debieron llevarse a cabo en domicilios particulares y sedes sindicales, si bien los dirigentes fueron posesionados en la Vicepresidencia del Estado.
Gutiérrez se identificó como militante del “verdadero proceso de cambio” y por lo tanto negó que tenga alguna simpatía política definida, lo que le ha valido, según él, el reconocimiento de la sociedad civil para el Consejo Nacional de Participación y Control Social.
Durante cuatro meses y medio, los representantes de los diversos organismos debatieron y elaboraron el proyecto de ley. Uno de los principales lineamientos, a decir de Gutiérrez, es que sus miembros sean personas idóneas y carentes de compromisos políticos, pues la sociedad civil les exigirá transparencia y un comportamiento intachable.
Gutiérrez apuntó que la ejecución del Control Social permitirá la correcta aplicación de las leyes Marco de Autonomías y de Lucha Contra la Corrupción, ya que todavía “hay muchos infiltrados” de los partidos tradicionales en la administración pública y que son quienes cometen actos de corrupción.
El Control Social, anotó, permitirá sancionar los hechos de corrupción al someter a quienes incurran en actos de este tipo a la acción de la justicia.
“Es un control exagerado y paralizará al Estado y a la gestión pública”
En criterio del constitucionalista y ex ministro de Justicia Carlos Alarcón, el proyecto de Ley Orgánica del Consejo de Participación y Control Social plantea un control desproporcionado, desorbitado y exagerado que generaría una “parálisis del Estado y de la gestión pública”.
El jurista cuestionó a los proyectistas porque no provinieron de organizaciones sociales neutras, pues están contaminadas por intereses políticos. “El propio Gobierno se vanagloria de que gobierna con los movimientos sociales”.
La mencionada parálisis será producto de las acciones de amparo de cumplimiento que frenarán proyectos, programas, resoluciones y actos administrativos, es decir, determinará una total ineficiencia estatal.
Los consejeros del Control Social intervendrán desde la planificación de las políticas públicas hasta la gestión de las políticas, lo que generará instancias que retardarán la ejecución de planes o proyectos, de acuerdo con el interés político del momento.
El jurista cree que el Control Social propuesto interferirá en instituciones que deben ser independientes pero complementarias, como el Ministerio Público o los órganos Judicial y Electoral, además de que superpone funciones con la Contraloría General del Estado.
Alarcón considera que no puede establecerse este tipo de controles a entidades que no los pueden admitir, como la Corte Electoral o la Contraloría.
Otro efecto colateral, dijo, será el perjuicio que ocasionará a la cooperación internacional y a las empresas extranjeras, pues éstas no invertirán porque considerarán a esa norma otro factor de riesgo que incide sobre la inseguridad jurídica.
Por eso, el Control Social podrá convertirse en un instrumento de manipulación política del Gobierno de turno, de concentración y conservación del poder y no de un control independiente.
Dada la extralimitación de atribuciones propuesta, Alarcón hizo un paragón histórico de esta propuesta con los “comités populares” de los regímentes totalitarios y autoritarios.
“Se trataba de ejercer el control policiaco desde el Estado sobre toda la sociedad y el país a través de instrumentos corporativos que tienen fines políticos antes que sociales”.
Ese fenómeno es consecuencia, anotó, de que se cree que hay sectores absolutamente impolutos que pueden ejercer tal control.
Miembros del Directorio del Control Social
1. Clemente Gutiérrez
2. Demetrio Ibáñez
3. Dámaso Tristán
4. Amanda Palacios
5. Ángel Rojas
6. Víctor Cansaya
7. Wilson García
8. Demóstenes Sanabria
9. Julio Avilés
Carlos Alarcón Analista
http://eju.tv/2010/08/mas-alista-ley-de-espionaje-a-funcionarios-del-estado-control-social-ser-un-suprapoder-vinculado-al-gobierno/
Sin categoría | Willi Noack 18 Agosto 2010
