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La nueva Ley de Aduanas, el empleo y la producción – OPINION (Editorial) – 11.8.2010

Un plan social. El Gobierno tiene que tener un plan para contrarrestar los efectos en la sobrevivencia informal. No se trata de entregar bonos, sino de dar empleo y seguridad laboral.

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Nueva Ley de Aduanas confisca hasta aviones

EL DÍA, 11.8.2010
Aviones, avionetas, propiedades, depósitos, recintos, vehículos y lanchas implicados en casos de contrabando serán incautados, según una ley aprobada por la Asamblea Legislativa y que reforma la norma aduanera y el Código Tributario.

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http://www.opinion.com.bo/08/08/2010/informe-especial-08-agosto-2010/

Un precepto aceptado universalmente es aquél que las leyes deben partir de realidades concretas para que tengan los efectos esperados por el legislador, o sea, que sean aplicadas en el tiempo, porque una ley que no tiene vigencia concreta corre el riesgo de deteriorarse y finalmente caducar por falta de aplicación.

El país está frente a un cambio radical con la anunciada nueva Ley de Aduanas que pretende establecer normas y sanciones que endurecerán las penas para funcionarios aduaneros, para comerciantes que ingresen mercaderías por cualquier medio de transporte y para los transportistas. Las penas de cárcel serán hasta de quince años y los bienes de los contrabandistas serán decomisados en un procedimiento sumario. Se compara esta futura ley con la vigente para el narcotráfico, conocida como la Ley 1008, donde primero se apresa al sindicado del presunto delito y se le decomisan sus bienes para luego procesarlo, pasando por alto el principio de la presunción de inocencia.

En materia aduanera no se puede desconocer que miles de personas son parte de la informalidad, desde los que lucran con cantidades enormes de mercadería de contrabando, hasta los vendedores callejeros que comercian cantidades pequeñas. Las calles de la mayoría de las ciudades del país están llenas de vendedores que sobreviven con lo que ganan al día de la venta de toda clase de objetos que provienen casi todos del contrabando.

Por un lado el Estado a través del Gobierno tiene la obligación de poner freno a la actividad del contrabando que le cuesta al país una sangría millonaria por concepto de evasión de impuestos y a la industria nacional centenares de puestos de trabajo y su debilitamiento paulatino. Todos saben que el contrabando es una actividad ilícita que ha generando enormes fortunas particulares y de grupos delictivos organizados y que es una fuente de corrupción en el aparato de la administración aduanera. Es en Bolivia o cualquier otro país una distorsión en la administración gubernamental y fiscal. Pero por otro lado, en un país como el nuestro de estructuras productivas tan débiles, tiene connotaciones sociales muy delicadas.

Por ello mismo, el Gobierno que impulsa la nueva ley aduanera, tiene que tener un plan para contrarrestar los efectos sociales que con toda seguridad ocasionará la nueva ley en el empleo informal de miles de personas, y en ese sentido, dar facilidades para la reactivación del aparato productivo nacional.

No se trata únicamente de planes coyunturales como la entrega de bonos gubernamentales mensuales o anuales a las personas afectadas, pues los bonos no resuelven el desempleo ni otorgan seguridad laboral, ni beneficios sociales y de seguridad social a las personas. Los bonos tienen la dudosa categoría de estar en el plano paternalista y de convertirse en mecanismos de presión política.

La aplicación de una ley de los alcances que pretende el Gobierno, tiene que resolver los aspectos señalados, porque a la gente que se le reste o anule su pequeño puesto de venta, ilegal cierto, hay que darle oportunidades de vida. Del mismo modo, la ley tiene que estar acompañada de acciones que garanticen una reestructuración absoluta del sistema de administración aduanera. De lo contrario funcionará un tiempo, con un alto costo social, y luego, ingresará al círculo de siempre.

Cualquier cambio que se realice en la legislación nacional y en leyes que implican efectos sociales y económicos tiene necesariamente que estar adecuado a una determinada realidad nacional y prever, en ese sentido, las reacciones sociales y económicas que sobrevienen.Un precepto aceptado universalmente es aquél que las leyes deben partir de realidades concretas para que tengan los efectos esperados por el legislador, o sea, que sean aplicadas en el tiempo, porque una ley que no tiene vigencia concreta corre el riesgo de deteriorarse y finalmente caducar por falta de aplicación.El país está frente a un cambio radical con la anunciada nueva Ley de Aduanas que pretende establecer normas y sanciones que endurecerán las penas para funcionarios aduaneros, para comerciantes que ingresen mercaderías por cualquier medio de transporte y para los transportistas. Las penas de cárcel serán hasta de quince años y los bienes de los contrabandistas serán decomisados en un procedimiento sumario. Se compara esta futura ley con la vigente para el narcotráfico, conocida como la Ley 1008, donde primero se apresa al sindicado del presunto delito y se le decomisan sus bienes para luego procesarlo, pasando por alto el principio de la presunción de inocencia.En materia aduanera no se puede desconocer que miles de personas son parte de la informalidad, desde los que lucran con cantidades enormes de mercadería de contrabando, hasta los vendedores callejeros que comercian cantidades pequeñas. Las calles de la mayoría de las ciudades del país están llenas de vendedores que sobreviven con lo que ganan al día de la venta de toda clase de objetos que provienen casi todos del contrabando.Por un lado el Estado a través del Gobierno tiene la obligación de poner freno a la actividad del contrabando que le cuesta al país una sangría millonaria por concepto de evasión de impuestos y a la industria nacional centenares de puestos de trabajo y su debilitamiento paulatino. Todos saben que el contrabando es una actividad ilícita que ha generando enormes fortunas particulares y de grupos delictivos organizados y que es una fuente de corrupción en el aparato de la administración aduanera. Es en Bolivia o cualquier otro país una distorsión en la administración gubernamental y fiscal. Pero por otro lado, en un país como el nuestro de estructuras productivas tan débiles, tiene connotaciones sociales muy delicadas.Por ello mismo, el Gobierno que impulsa la nueva ley aduanera, tiene que tener un plan para contrarrestar los efectos sociales que con toda seguridad ocasionará la nueva ley en el empleo informal de miles de personas, y en ese sentido, dar facilidades para la reactivación del aparato productivo nacional.No se trata únicamente de planes coyunturales como la entrega de bonos gubernamentales mensuales o anuales a las personas afectadas, pues los bonos no resuelven el desempleo ni otorgan seguridad laboral, ni beneficios sociales y de seguridad social a las personas. Los bonos tienen la dudosa categoría de estar en el plano paternalista y de convertirse en mecanismos de presión política.La aplicación de una ley de los alcances que pretende el Gobierno, tiene que resolver los aspectos señalados, porque a la gente que se le reste o anule su pequeño puesto de venta, ilegal cierto, hay que darle oportunidades de vida. Del mismo modo, la ley tiene que estar acompañada de acciones que garanticen una reestructuración absoluta del sistema de administración aduanera. De lo contrario funcionará un tiempo, con un alto costo social, y luego, ingresará al círculo de siempre.

http://www.opinion.com.bo/11/08/2010/la-nueva-ley-de-aduanas-el-empleo-y-la-produccion/

Sin categoría | Willi Noack 11 Agosto 2010