Entierra un 40% del litio mundial y el mayor yacimiento de hierro del mundo; aún no sabe cómo ultimar una Ley de Minas para el Potosí

Sólo sus demoras salvan a REE e Iberdrola de la nacionalización eléctrica y le fían más larga a BBVA y Zurich la del sistema de pensiones

Ana Zarzuela.- Se aferra al ‘sólo míos’ o de nadie. Y por ahora, para los recursos naturales bolivianos y sus mayores empresas, ha sido lo segundo. Con la partitura de Hugo Chávez como brújula, Evo Morales prometía hacer de Bolivia “la Arabia Saudita andina”. Tenía en una mano, entre otras cosas, las primeras reservas de gas del continente, el 40% del litio mundial y la mayor mina de hierro y manganeso del planeta. El Gobierno es ya la mayor empresa, administra 14.000 millones de dólares en servicios, energía e infraestructuras. Pero en el cuarto aniversario de la estatalización de la petrolera YPFB, hasta Morales se asusta: no ha conseguido explotar un gramo de litio de Uyuni, ni acero de la mina de El Mutun; no hay infraestructuras ni vías de transporte mineras y a pesar de que sus regalías se han incrementado un 120% en 2009, no hay planes de industrialización; ha conseguido ‘ayudar’ a la quiebra de la aerolínea LAB y dejar en rojos, en sólo dos años, a la telefónica ENTEL. Ya la inversión internacional cayó un 49% en 2009. La sugerencia de García Lineras y los asesores de Presidencia es retrasar la estatalización de las distribuidoras eléctricas (de REE e Iberdrola) y repensar la Ley de Pensiones que elimina a las aseguradoras de BBVA y Zurich. Pero Chávez quiere sitio en el litio boliviano, ha sellado un acuerdo para explotar el hierro del Mutún, acelera la estatalización del sistema eléctrico a imagen del venezolano, con sitio para Pdvsa y Corpoelec, y sugiere un modelo de Ley de Minas con obligación de reinversión de los beneficios.

Al presidente boliviano le ha subido la ‘fiebre del oro’. El país andino se mira al ombligo de los primeros depósitos mundiales de litio -más del 40% del total- pero el mantra soberanista repite en sí mismo la maldición del quiero y no puedo y la orfandad de las inversiones. Ni las promesas de una planta de industrialización de litio que requiere 400 millones de dólares en Uyuni, ni el vencimiento de la fecha en la que el Gobierno boliviano esperaba tener concluida su prospección de laboratorio -hoy aún al 70% de su funcionamiento- han sido suficientes. Bolivia aún hoy, dos años después de proclamar su ‘revolución del litio’ de mayo de 2008, no tiene ni un plan de explotación, ni menos aún de industrialización. En cinco años de ‘revolución bolivariana’, sólo ha conseguido enterrar el salar de Uyuni y sus 9 millones de toneladas de reservas y las mayores reservas del mundo de hierro. Con la ‘fiebre del litio’ en máximos -es la piedra de toque del coche eléctrico y de sus baterías- y con la ventaja geológica de ser uno de los tres países -junto con Argentina y Chile- que concentran en un triángulo de 2.000 km2 el 90% del litio mundial, no parecía difícil hacerse con sitio.

Por eso, Morales se hacía de rogar con la expectativa de comenzar la explotación en solitario. Nada de ceder derechos de propiedad, ni sitio a las empresas extranjeras si no llevan adelante el proceso de industrialización. Pero tres años después, ahora que Afganistán compite en las carreras por el mineral, las líneas rojas de su nueva constitución y el matrimonio forzoso con la estatal Comibol -al 60%- han espantado a sus futuros socios. Ni la firma de tres memorandums de entendimiento con Irán, Brasil y la coreana Kores, ni las propuestas de Mitsubishi, Suminoto Corporation y la estatal Japan Oil, ni el compromiso con Nicolas Sarkozy de despejarle el acceso a Bolloré a cambio de la ‘paz’ con GDF y la nacionalización de la generadora Rurelec le parecen a la altura de sus ‘exigencias soberanistas’ a Morales. Menos aún, el repudio de las mineras españolas: después de un intento público por atraerlas al proyecto de Uyuní, desde el viaje de Morales a Madrid en 2009, La Paz no ha podido conseguir ni siquiera propuestas concretas. No por falta de interés en el litio.

Como desvelaba el empresario azteca Martín Sutti, ahora que México está entre los cuatro mejores destinos de explotación del litio según los informes de Metals Economics Group, un grupo de inversores españoles expertos en commodities -entre ellos los impulsores del Santander en su primer desembarco en el mercado azteca- acaban de acordar la operación con Litiomex en Zacatecas. Los vecinos de Morales pescan en los ‘exiliados’ de sus quimeras del oro. Lo han entendido en Chile, que reformará la Ley sobre Concesiones Mineras (que en los años 80 limitó para evitar las restricciones legales a las multinacionales para desembarcar en el Salar de Atacama y nutrir una industria a la que hasta ahora sólo aporta 12.000 tnm anuales (un 43%), pero de la que espera un potencial de ventas por 3.000 millones de dólares. Y Argentina, que vende ya litio a EE UU, Inglaterra, Alemania, China, Rusia, Japón y Holanda -un 6,6% del mundial- acaba de firmar un contrato de inversión de 170 millones de dólares con Mitsubishi para Salta y Catamarca. Si se confirma -como da por hecho la administración del presidente de la Xunta Gallega Núñez Feijoo- la instalación en Vigo de la cuarta fábrica de baterías eléctricas de Mitsubishi a través de Litium Energy, será de la tierra del tango, del Salar de Jujuy, de donde llegue el litio para la multinacional nipona, en alianza con la canadiense Latin American Minerals.

BOLIVIA ENTIERRA TODOS SUS TESOROS MINEROS

El litio ha terminado por ser un síntoma más en la ‘fiebre’ minera de Morales. Ha descendido la producción de zinc, oro y plomo y ni siquiera la simple explotación de acero se ha hecho realidad. La amenaza de ultimátum para iniciar la explotación de hierro en el Mutún recuerdan que sólo los precios internacionales y dos proyectos privados de plata en Potosí previos a la llegada de Morales al Gobierno -San Cristóbal y San Bartolomé- han sostenido la inercia inversora en la minería. Ya existe un contrato de riesgo compartido con la estatal coreana Kores para producir cobre en Coro Codo; la canadiense Apogee Minerals pretende duplicar la explotación de plata, plomo y zinc en Pulacayo, en Potosí, y en ese departamento también se encuentra la mina de plata y zinc San Vicente. Tres años después de haber dejado en manos del Estado el 50% de El Mutun -el mayor yacimiento de hierro y manganeso del mundo- sus 40.000 millones de toneladas de minerales siguen aún vírgenes. La Administración ha conseguido el más difícil todavía: ni siquiera se ha podido desarrollar el 50% de la explotación que dejó en 2007 en concesión en manos de Jindal Steel, con un compromiso de 600 millones de euros de inversión en cuatro años.

Como denuncia la multinacional india ante el CIADI, es la propia Administración la que tiene mucho que ver con que la compañía no haya podido acceder aún, tres años después, a las hectáreas requeridas para su operación. A pesar de que la exportación era la prioridad del acuerdo firmado con el Estado, no ha cumplido con los proyectos de infraestructuras, ni uno de los puertos con salida a la hidrovía Paraguay-Paraná está preparado para operar mineral a granel. Y esta vez Jindal  no está dispuesta a pagar de nuevo otros 18 millones de dólares como los que desembolsó el año pasado, como sanción por la parálisis de la operación. Ni siquiera aunque le pisen los talones a su parte de la explotación las presiones de Venezuela y de China, que ha ofrecido 15.000 millones de dólares por acceso a la explotación de El Mutun, o aunque Bolivia asegura que hacen cola a las puertas de un acuerdo estatal al 40% para ese yacimiento cinco grandes multinacionales de China, Corea del Sur y Japón. Una situación similar a la que la estatal Comibol sostiene en Karachipampa, en el Potosí boliviano: la fundición de plomo y plata que Morales prometió relanzar con nuevos niveles de producción para procesarla allí sigue tan parada como ha estado desde su construcción en 1985. Sólo ha conseguido que la canadiense Atlas, después de dos años de contrato, haya terminado por denunciar a Bolivia ante la Corte de Arbitraje Internacional para tratar, al menos, de eludir la ejecución de las pólizas de garantías que el Gobierno quiere ejecutarle.

Es el propio presidente el que admite que, a cuatro años de la nacionalización de los hidrocarburos un 1 de mayo de 2006 y del relanzamiento de su gigante estatal YPFB, “la industrialización de los recursos sigue siendo un desafío”. A pesar de que sus regalías mineras se han incrementado un 120% en 2009, no hay ni rastro de planes de industrialización. Tanto que sólo la carencia de infraestructuras mínimas explica que aún Bolivia tenga acumuladas ya en el Mutún 80.000 toneladas de concentrados de acero extraído desde los años 80, con un valor de mercado -según sus cálculos- de más de 500 millones de dólares, de las que no ha podido desembarazarse.

Para poder despejar el bloqueo del transporte sería necesario invertir más de 900 millones de dólares en autovías y 200 en la hidrovía artificial desde La Paz a Oruro. Pero, anclado en la futura nacionalización ferroviaria, el Gobierno no le ha dado aún respuesta a la oferta de FOSA para construir una línea ferroviaria de exportación desde El Mutún y ha empezado a hacer concesiones llave en mano para incrementar la producción de zinc, como la de Oruro y Potosí. Un horizonte que no impide que Morales acelere la huida hacia delante de su Ley de Minas, aún en plena redacción. Aunque el Ejecutivo ha tenido que derogar el Decreto 444, que pretendía la creación de la estatal Empresa Boliviana de Recursos Evapóricos (Ebre) y con ella la posibilidad de pasar a la fase industrial del litio, ahora busca exigir a las multinacionales que quieran operar en los yacimientos bolivianos no sólo nuevas regalías y contratos mineros (en lugar de las concesiones actuales) y la inclusión en sus acuerdos del condicionante de las ‘consultas indígenas’, sino un porcentaje de reinversión de beneficios en proyectos locales “para que no salga del territorio nacional”.

VAIVENES ENERGÉTICOS AL SON DE CHÁVEZ

Morales duda, un paso adelante y dos atrás, camina sobre las advertencias de los analistas, a contrapié de las exigencias y las recomendaciones de Hugo Chávez: Pretende hacer de la Empresa Nacional de Electricidad una nueva YPFB, la Pdvsa eléctrica de Bolivia -proclaman ya sus técnicos entre pasillos- con ideas bolivarianas, accionariado de mayoría estatal y dólares y euros de las multinacionales. Pero la privatización de las cuatro generadoras y las dos transportadoras y distribuidoras puede acabar por arruinar un sistema eléctrico. En La Paz hacen tiempo: a pesar de haber proclamado manu militari la nacionalización de las generadoras Rurelec, Corani y Valle Hermoso, apenas agotan los seis meses de negociación previos al arbitraje ante el Ciadi y esperan las evaluaciones y las tasaciones que Morales encargó a una decena de consultoras. En la mesa del ministro de Energía, Vincenti, el antecedente venezolano -más de seis meses de emergencia eléctrica- pesaba tanto como el balance de las primeras nacionalizaciones bolivianas, la de los hidrocarburos y la minería.  Pero Morales volvió de la visita a Chávez con nuevas hojas de ruta para el ‘harakiri’ de sus estatalizaciones.

Tras las órdenes de Chávez, en La Paz cruzan los dedos para que tres años de promesas con la central conjunta de Entre Ríos se cumplan y entre tanto, compran más equipos de Venezuela, aunque la central conjunta -y con ella un 20% de la producción- no llega al 50% de su capacidad. Bolivia genera una factura para el Gobierno de más de 200 millones de dólares en compensaciones que saldrán, por la puerta de atrás, de un crédito de 1.000 millones de dólares que el Banco Central le concedió para inversión en nuevas plantas. Deja en tierra de nadie 300 millones de dólares de inversiones comprometidos por las multinacionales -entre ellos la ampliación de 80Mw del ciclo de Guaracachi y una central para exportar a Brasil- y se queda sin apellidos para los 7.000 millones de dólares que necesita el sistema si no quiere quebrar: el Estado sólo dispone de 2.000. Nada que, esta vez, no amenace en llevarlo de inmediato a la quiebra, ya que la producción iguala por momentos la demanda y -según los cálculos de Fitch, la Cámara de Comercio Americana y la Comisión de Integración Energética Regional- necesita a corto plazo al menos 1.000 millones para suplir el déficit hídrico, 5.500 millones de dólares para generación hidroeléctrica y 1.500 millones para redes de transmisión si no quiere reeditar los pasos del desabastecimiento y la crisis energética  de Venezuela y Ecuador.

Por eso ahora, Morales amasa de nuevo su calma eléctrica: se obliga a negociar con Londres compensaciones y con Bolloré un acuerdo de explotación del litio de Uyuni si no quiere una guerra diplomática que Sarkozy está dispuesto a enarbolar por una de sus ‘empresas de bandera’, con un 35,7% del Estado galo. A pesar de que un borrador inicial del decreto del 1 de mayo y los avisos de fuentes gubernamentales habían incluido en esta primera hornada de nacionalizaciones a TDE -la transportadora de REE- (había ya incluso un requerimiento de la Autoridad de Fiscalización y Control de Empresas), ni ella ni Iberdrola (propietaria de Electropaz), están aún en la mesa de Morales. “El sector eléctrico no es tan sencillo como los hidrocarburos”, advierte el ministro de Energía, nada que fagocitar de un solo golpe como con YPFB y las seis empresas gasistas en dos años. Hasta que no resuelva el contencioso con el capital francés y británico dejará a REE e Iberdrola, pero busca para Electropaz una nueva red y para TDE inversiones eólicas.

TODO UN RASTRO DE NACIONALIZACIONES FALLIDAS

No es nada, en realidad, que no pise las huellas de sus demás nacionalizaciones. La Asamblea Nacional acaba de exigir a la Administración las cuentas de 2008 y 2009 de la compañía telefónica pública, ENTEL: dos años después de su nacionalización forzosa, ya no sólo es la denuncia de Telecom Italia ante el Ciadi lo que más preocupa en el Palacio Quemado. El dictamen del auditor externo publicado por Unidad Nacional desvela que está a un paso de conseguir el ‘más difícil todavía’: dejar al borde de la quiebra, con más de 1.000 millones de bolivianos de números rojos y un descenso de beneficios de 100 millones al mes, a la única operadora del país. La participación estatal en la aerolínea mixta LAB (Lloyd Aéreo Boliviano) ha terminado en quiebra con pérdidas equivalentes al 87% de su capital, deudas con 70 acreedores y acciones que habían pasado de 68 dólares en el momento de su capitalización por parte de las AFP a 1. Unas cenizas de las que Morales quiere hacer resurgir a su nueva estatal, BOA, a pesar de que no dispone de Ley Aeronáutica, ni plan estratégico y sólo cuatro aeronaves alquiladas. Sólo a la vista de esos antecedentes, los técnicos de Industria han convencido al presidente para posponer al menos un año la estatalización de las infraestructuras ferroviarias y revertir la privatización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y de la Red Oriental en manos de la Ferroviaria Oriental Sociedad Anónima (FOSA).

Morales respira también aún por las grietas de su ‘gigante’ energético estatal: un informe gubernamental reconoce los problemas que lastran la cadena productiva de los hidrocarburos: desde la falta de conocimiento sobre las reservas probadas (no se certifican desde 2004) a la falta de competitividad e incentivos para las empresas, o la “corrupción” de YPFB. Hoy, aunque Bolivia dispone de las primeras reservas de gas del continente americano, la falta de inversión para la explotación de nuevos campos petroleros para incrementar la producción de líquidos y la ausencia de una política para el abastecimiento del mercado interno sólo han ayudado en estos cinco años a que ya no le llegue la camisa del GLP al cuello de un consumo que iguala la producción (1.000 toneladas métricas diarias). Hoy, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CHB) le recuerda que YPFB tiene que importar más de la mitad de los carburantes del país y que del centenar de planes de industrialización que YPFB prometía, hoy sólo dos entran en ese saco (el proyecto de amoniaco-urea, la conversión de gas a líquidos. Y sabe que sus planes para casi duplicar la producción local pasan por inversiones foráneas de más de 1.200 millones de dólares para las dos plantas de separación de líquidos que pretende construir en dos años y la refinería del Altiplano.

A fines de 2005, la venta de hidrocarburos, interna y de exportación, eran 1.500 millones de dólares anuales, y sólo 300 quedaban al Estado. Hoy, con la nacionalización, supera los  2.000 millones de dólares para el Estado. Pero no hubo modernización del sector eléctrico ni del gas,  ni YPFB cuenta con la logística necesaria para la distribución del GLP. La ‘maldición’ energética se teje a la perfección: la rebaja de las exportaciones contiene la producción de gas -a 35 millones de m3  desde los 42 millones de 2008- y con ella, lastra la de líquidos -de 46.700 bpd a 41.600 bpd. Por primera vez en más de cuatro décadas, Bolivia ha tenido que importar gasolina y GLP de consumo interno de Chile y Argentina. Y a la vista de las rebajas de sus contratos de explotación, será sólo el principio de su dependencia en derivados. La ampliación del Gasoducto Al Altiplano (GAA) aún está en construcción y su aprovechamiento, además, está condicionado a la conclusión del Gasoducto Carrasco-Cochabamba (GCC), que estaba prevista para 2010.

Pese a que el Gobierno anunció una inversión de 1.400 millones de dólares para el proceso de reestructuración de YPFB, la estatal de hidrocarburos sólo invirtió en transporte 90 millones de dólares de los 1.248 que requiere hasta 2015; sólo ha conseguido ponerle ‘apellidos’ a la mitad de los 7.561 millones de dólares que necesita para su Plan Estratégico a cinco años. Y junto a 1.000 del Banco Central y 1.860 de recursos propios, los demás procederán -ésas son sus intenciones- de las petroleras extranjeras, 763 millones de dólares sólo en 2010, un 80% del total, a pesar de que es YPFB la que dispone del 80% de las reservas y su explotación.  La inversión privada por parte de las transnacionales Petrobras Bolivia SA, Repsol YPF, BG-Bolivia, Petrobras Energía, Vintage, Pluspetrol SA, Matpetrol SA, Total E&P Bolivia, Dongwon y Canadian Energy, será más del 50% en 2010.

Morales no encuentra ni fecha ni lugar para su nueva Ley de Pensiones. Ensaya aún la bitácora del que sería el tercer ‘golpe’ a las AFP, después de arrebatarles la gestión de las tres generadoras eléctricas y de la quiebra de LAB -en la que tenían una paquete del 48%-. No sólo la patronal y los analistas independientes han comenzado a advertirle. Además de las consecuencias legales de la ‘incautación’ de las cotizaciones más de un millón de aportantes y de la anomalía de que gestione los 4.500 millones de dólares de aportes de los trabajadores y sea juez y parte (es el principal deudor de los fondos de también, les debe 3.200 millones de dólares), es la rentabilidad de su futura Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) monopolística y estatal la que está en peligro, aunque -como propone- pase del 3% al 5% el aporte de la patronal. Hasta ahora, del 1,29 millones de afiliados al sistema, sólo cotizaban 536.000 trabajadores. Para empezar, le exigiría rebajar la rentabilidad al 3%, desde el 10% actual que sostenían las AFP Previsión y Futuro, del BBVA y Zurich Financial Services.

Pero, en un país en el que sólo el 20% de la población tiene alguna relación laboral (el 80% está en la economía informal) y a la vista de su promesa de reducir la edad de jubilación de 60 a 58 años, de mejorar las rentas a salarios inferiores a 2.500 bolivianos, de establecer un Fondo Solidario, de ampliar la cobertura universal y la Renta Dignidad a 4 millones de bolivianos, la cuentas no les salen a los asesores del viceministro de pensiones, Mario Guillén. Con las advertencias del ex presidente del Banco Central, Armando Menéndez y el ex presidente de la Bolsa Boliviana, Armando Álvarez en la mano, en vicepresidencia y los despachos de las AFP privadas aún no descartan que Morales pueda zafarse de los compromisos entre el MAS y la Central Obrera Boliviana (COB) y regresar al modelo mixto, en el que engendraba una nueva AFP estatal y obligaba a las privadas a unificarse en una sola y a cumplir ciertos cánones de exigencia y tributos. Pero no las eliminaba.

Fuente:http://www.icnr.es/articulo.php?n=100714182215

enviado por Carlos A. Barroso Viruez [carlosbarrosoviruez@hotmail.com]