Conciliación imposible – EL DEBER (Editorial) – 16.7.2010
Parece que será cada vez más difícil un entendimiento del Gobierno con las oposiciones regionales, en términos que permitan la vigencia, sin tropiezos de ninguna clase, del modelo autonomista concebido por el oficialismo.
Aun cuando la ‘ley marco’ que define dicho modelo en puntos esenciales fuese promulgada en la fecha anticipada por el jefe de Estado, no dejaría de representar un cuadrilátero de lucha implacable entre un régimen que enmascara su recalcitrante centralismo con su confuso y criticado sistema de organización política, territorial y administrativa.
El punto más controversial de los reparos de la oposición guarda relación con el denominado ‘pacto impositivo’. El Gobierno de Evo Morales se niega a todo acuerdo de este tipo. Sigue aferrado a su propósito de que el Gobierno central, en lo que respecta a los recursos económicos, se lleve la parte del león y las regiones poco menos que la cola del ratón. Saltaba a la vista que la propuesta del vicepresidente Álvaro García Linera de crear una “mesa de conciliación” sobre el asunto representaba simplemente una táctica dilatoria para distraer a la oposición y acelerar el paso hacia la promulgación de la respectiva ley, lo que se cumplirá en las siguientes horas sin atisbo alguno de una negociación con las fuerzas opositoras que poco y nada pueden hacer para contener la aplanadora oficialista en el ámbito de la Asamblea Legislativa.
La autonomía diseñada por el Gobierno recarga a las regiones con competencias y funciones que exigen un mayor gasto. Si las mismas no disponen de los recursos necesarios, se verán obligadas a crear los suyos desde una fuente de mucho riesgo, como es la impositiva. Esto cae como anillo al dedo a un Gobierno centralista que quiere a toda costa reducir a su mínima expresión la capacidad de convocatoria de los lideratos regionales. Es lo que conseguiría si los gobernadores y sus asambleas legislativas lastiman a sus pueblos con nuevos gravámenes impositivos. Lo prudente y racional es que en la ‘ley marco de autonomías’ se aumente a las regiones el porcentaje de su participación en los ingresos nacionales, a fin de que puedan atender con plena solvencia las necesidades presupuestarias de las funciones a cumplir.
Todo acuerdo o conciliación será igualmente imposible si el Gobierno no manda a sus asambleístas retirar de la referida ley marco esa arbitrariedad que es la suspensión de todo gobernador, alcalde o asambleísta regional sobre el que pese una simple acusación de manejo ilícito o de hechos delictivos. La sindicación es apenas una probabilidad y no una certeza que justifique semejante medida. Y la certeza sólo es referible a sentencia ejecutoriada sobre bases probatorias plenas.
Claro, al Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) no le interesan para nada estos principios, puesto que sólo quiere barrer, mejor si cuanto antes le sea posible, del escenario político regional a gobernadores, alcaldes y asambleístas que le hagan oposición. El último caso ilustrativo de tan censurable empeño es el del alcalde de Buenavista, sindicado de presunto acarreo de gente y uso de bienes del Estado (lo cual hicieron autoridades del Gobierno en todos los pasados eventos electorales). Dicha autoridad fue detenida y conducida a celdas policiales en aquella localidad norteña, bajo supuestas irregularidades atribuidas a su gestión, pasando en su caso a engrosar la lista de munícipes y/o gobernadores que no son afines al oficialismo y a los que se viene haciendo objeto de una implacable persecución con una muy clara finalidad: desestabilizar sus gestiones o apartarlos del cargo. Y así, la judicialización de la política y el atropello a la democracia se han vuelto una deplorable constante en el país.
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Sin categoría | Willi Noack 16 Julio 2010
