En medio de tantas contradicciones, el Gobierno tiene ahora en su propio texto constitucional el principal escollo para consumar sus objetivos

Cuando ya sólo faltan algo más de tres semanas para que se cumpla el plazo puesto por la Disposición Transitoria de la Constitución Política del Estado, que fija el 22 de julio próximo como fecha límite para la aprobación de cinco leyes denominadas “estructurales”, una serie de dificultades que en su momento fueron subestimadas ha comenzado a poner en serios aprietos a los estrategas del oficialismo, en cuyas filas ya se notan las primeras contradicciones internas, entre otras manifestaciones de descontento, desconcierto, impaciencia e incluso algo de desesperación.

Tales dificultades tienen una doble dimensión. Una de ellas es la aritmética, que consiste en que al hacer las sumas y restas para ver si se reúnen o no los votos suficientes para aprobar las leyes, suele ocurrir que las cifras no cuadren según lo previsto. La otra, mucho más importante, la estrictamente política, consiste en que llegado el momento de plasmar los principales postulados de la nueva Constitución Política del Estado en leyes concretas  –y ya no en fáciles discursos demagógicos– se hace evidente la enorme brecha que separa a la teoría de la realidad.

Elocuentes ejemplos de lo dicho son las dos principales causas del conflicto que enfrenta a los representantes de las organizaciones indígenas con los máximos exponentes de la élite burocrática que en su nombre gobierna nuestro país desde hace algunos años.

En el caso de la Ley de Régimen Electoral, los indígenas rechazan el proyecto oficialista porque según su criterio –y el de varios intelectuales y ONG que fueron sustento económico e ideológico del MAS– limita muy drásticamente los privilegios que les fueron otorgados en el texto constitucional, los mismos que ahora se les pretende negar con argumentos que no por válidos son menos engañosos si se los juzga a la luz de las desmedidas expectativas que despertaron.

Más conflictivo aún es el caso de la Ley Marco de Autonomías pues en ella se cercenan, hasta casi hacerlas desaparecer, todas las atribuciones que a los pueblos indígenas da el artículo 289 de la Constitución Política del Estado en el que con toda claridad se les otorga derechos como el autogobierno sobre “su” territorio, sobre “sus” recursos naturales y a ejercer ese poder mediante sus propias instituciones.

Nada de eso, como es evidente, es compatible con la preservación de un Estado nacional capaz de ejercer su soberanía por encima de cualquier parcialidad, por muy indígena originaria o campesina que ésta sea. Lo que de manera inevitable obliga a los gobernantes a elegir entre dos caminos que son incompatibles entre sí: o cumplir lo que manda la Constitución Política del Estado impuesta después de tantas batallas y renunciar a gran parte de sus atribuciones para cederlas a los indígenas, o desacatar franca y abiertamente muchos de los principales mandatos constitucionales para evitar que se diluya el poder que detentan.

En cualquier caso, no será por acción “del imperialismo”, “de la derecha” o de los “medios de comunicación que no acompañan el cambio”, como parece entender el vicepresidente del Estado, sino por sus propias contradicciones que el Gobierno tendrá que enfrentar y resolver de algún modo tal disyuntiva.