Hasta ahora, el Gobierno ha tratado el conflicto con los indígenas de una manera superficial y poco clara, intentando disimular sus propósitos.

Sin el indigenismo como escudo, el Gobierno deberá mostrar su verdadero perfil: enemigo de la autonomía y ligado al extractivismo.

Por un lado niega que las demandas de los pueblos nativos tengan sustento en la Constitución Política del Estado, hecho que no se puede argumentar y por otro, insiste en vincular a las organizaciones originarias con intentos desestabilizadores surgidos de la derecha, de USAID y de la “oligarquía”. Lo único que se puede sacar en blanco de toda esta serie de denuncias es la aparente definición de un nuevo enemigo y posiblemente la determinación del verdadero perfil del “proceso de cambio”.
Lo que más le molesta al Gobierno es la exigencia de cumplimiento de los derechos de autodeterminación territorial y a la consulta previa que reivindican los pueblos indígenas, consagrados en el texto constitucional. Tales demandas afectan directamente a un modelo de producción netamente extractivista y por ende pondrían en peligro el régimen rentista que ha imperado en este país desde su creación y que el populismo reinante en la actualidad utiliza sistemáticamente para acumular y reproducir su poder. Además, al negarle a los originarios la tuición sobre los recursos naturales e inclinarse por las actividades extractivas, el presidente está desdibujando todo aquel fundamentalismo ecologista que ha estado propalando en los últimos años, con pretensiones de coronarse como el mayor defensor de la madre tierra.
El otro razonamiento velado y que lleva al MAS a enfrentarse con el sector que le había dado sustento ideológico al “proceso de cambio” tiene que ver con el falso discurso autonomista de este régimen que se trepó a una causa que nunca fue propia porque lo suyo pasa por concentrar y centralizar en dosis aún mayores que en el pasado.
Por último se puede mencionar el concepto de representatividad democrática que había sido bastardeado con la creación de las 36 nacionalidades indígenas. Este Gobierno parece inclinarse nomás por un criterio más liberal, no porque haya cambiado de convicciones, sino porque el control absoluto que mantiene sobre los cuatro poderes republicanos –y sobre todo el Órgano Electoral-, hace prescindible el modelo supuestamente más incluyente que había plasmado en la Constitución.
El discurso indigenista parece haber sido desmontado y para ello el MAS cuenta con el apoyo de los países del ALBA, en cuya última asamblea decidieron tirar por la borda todo el andamiaje “plurinacional” que se había constitucionalizado en Bolivia y Ecuador. El MAS se siente muy seguro con el poder total que ha acumulado y la popularidad del presidente Morales, tanto interna como la que consiguió en el exterior justamente de la mano de la pose indigenista, hace mucho que ha pasado a un segundo plano.
El problema inmediato que el MAS debe enfrentar es cómo desarticular la marcha de indígenas que pretende llegar del Beni hasta La Paz. Lo sucedido en Caranavi no hace mucho, nos ofrece una idea de hasta dónde puede llegar este régimen despótico y soberbio. Ese día, los indígenas deberán resignarse nuevamente a ser los más excluidos, miserables y olvidados del país.

Sin el indigenismo como escudo, el Gobierno deberá mostrar su verdadero perfil: enemigo de la autonomía y ligado al extractivismo.

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