La propuesta de reforma de pensiones – Alberto Bonadona Cossío – 19.6.2010

Si algo caracteriza al proyecto de reforma de pensiones del Gobierno es que no llama las cosas por su nombre.

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Así como Gonzalo Sánchez de Lozada, para marear la perdiz, llamó capitalización a la privatización, el proyecto de pensiones llama solidaridad a un nuevo régimen impositivo. La estructura de financiamiento que lo respalda es una nueva estructura de impuestos progresiva universal, o sea, grava más a los que más tienen y hace pagar menos a los de escasos ingresos, aunque todos pagan. Lo de ‘universal’ es aplicable, por supuesto, a los que regularmente pagan impuestos.
Es una estructura tributaria que respalda, a la manera tradicional, a este sistema de reparto que se creará paralelo al sistema de capitalización individual. Típicamente, el reparto cobra las cotizaciones para formar una bolsa común, que la administra el Estado, a la que aportan los trabajadores activos y de la cual salen los recursos para pagar a los trabajadores jubilados.
Se consideran tres grupos de ingresos altos: los que ganan más de 20 salarios mínimos, los que superan los 40 y los que están por encima de los 60. La tasa de pago se aplica porcentualmente de manera ascendente con relación al nivel salarial, 1%, 5% y 10%, respectivamente, al monto que excede el número de salarios mínimos considerados. El viceministro de Pensiones estima que estos ingresos contribuirán con el 6% de lo que requiere el fondo solidario.
Aunque el mencionado viceministro sólo menciona un aporte laboral igual al 0,5% del total ganado, lo cierto es que los trabajadores aportan además una fracción de la prima que pagan para el riesgo común, que es del 1,71%, y lo que llegará al fondo solidario es un 20% de esa prima, o sea, 0,34% del total ganado. La suma de ambos es del 0,84% aplicable a todos los trabajadores sin distinción de nivel salarial. Este aporte, más lo proveniente del riesgo profesional, significa 27% del fondo solidario, según los cálculos del viceministro.
El aporte patronal es el más significativo de todos los componentes de este fondo. Llega al 67% y recolectará hasta Bs 648 millones por año. Aquí nuevamente se da otro nombre al aporte patronal hecho por el Estado en su condición de empleador. Se lo muestra como el aporte estatal que exige la concepción tripartita de la seguridad social, cuando en realidad éste brilla por su ausencia. En el proyecto al que me refiero no existe un solo peso de aporte estatal.
La sostenibilidad del componente solidario deja serias dudas. Se dice que es de carácter universal, pero tan sólo en sus estimaciones incorpora a una fracción reducida de la población económicamente activa. Si llegase a pagar universalmente a 169 mil personas, que sólo son los ciudadanos bolivianos que superarán la nueva edad de jubilación (58 años) en las AFP en dos años más, se requerirá Bs 1.750 millones por año. El viceministro estima que con la nueva estructura de aportes logrará 967 millones. Creo que el fondo solidario por crearse pagará unos cuantos años para los que lleguen primero, después del MAS ya no alcanzará.

* Economista

http://www.eldeber.com.bo/2010/2010-06-19/vernotacolumnistas.php?id=100619002938

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