Analistas: La posesión de las autoridades electas el 30 de mayo estará marcada por un ambiente de conflicto.

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El domingo 30 de mayo, Bolivia inaugurará una nueva era política marcada por las autonomías, pero en medio de incertidumbre y tensión política por la amenaza de suspensión de varios gobernadores y alcaldes que iniciarán ese día su gestión. Las nuevas autoridades y analistas consideran que esta transición será conflictiva y con incertidumbre sobre la gestión.

La Ley Transitoria para el Funcionamiento de Entidades Territoriales Autónomas dicta que los gobernadores que enfrenten una acusación formal penal serán suspendidos en sus cargos temporalmente. Igual procedimiento establece la Ley de Municipalidades para los alcaldes.

De hecho, el ex ministro de la Presidencia y operador político del Gobierno en el Beni, Juan Ramón Quintana, luego de conocerse que esa Gobernación quedó en manos de la oposición, advirtió que ésta sería del Movimiento Al Socialismo (MAS) aunque para ello se recurra a una consulta revocatoria.

Las autoridades en la mira son los gobernadores de Santa Cruz, Rubén Costas; Ernesto Suárez, de Beni, y Mario Cossío, de Tarija, quienes afrontan denuncias e imputaciones por supuestas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones cuando eran prefectos. La principal denuncia en su contra es por la presunta malversación de fondos prefecturales para la realización de los referendos autonómicos en sus regiones.

Entre las autoridades ediles de las principales capitales del país se encuentran los alcaldes de La Paz, Luis Revilla; de Potosí, René Joaquino; de Sucre, Jaime Barrón; de Trinidad, Moisés Shriqui, y de Santa Cruz, Percy Fernández, quienes tienen procesos legales en curso por supuestos malos manejos económicos, incumplimiento de deberes y hasta vínculos con terrorismo.

Autoridades del Ejecutivo y el presidente Evo Morales aseguran que las autoridades que no tienen nada no deben temer la aplicación de esa norma que recibió el rechazo de organizaciones cívicas de Beni, Santa Cruz y Tarija.

Mauricio Paz, vocero de Primero Beni (PB) y cercano colaborador de Ernesto Suárez, manifestó que esta transición se da en medio de incertidumbre.

Según dijo, el fiscal de Distrito Filemón Sandóval tiene una tendencia política allegada al Gobierno que hace temer que va a “generar una acusación formal y se abriría una cacería de brujas”. Considera que la suspensión ocasionará inestabilidad institucional ya que ninguno de los asambleístas posee liderazgo para conducir esa Gobernación.

El prefecto interino de Tarija y allegado al Gobernador de esa región, Mauricio Lea Plaza, dijo que, si bien el panorama político se va a enriquecer con esta transición, será conflictivo por las circunstancias en las que las autoridades electas opositoras asumen sus cargos.

“Sin duda que la señal que ha dado el Gobierno es que quiere de alguna manera generar un ambiente de persecución a los opositores políticos, como consecuencia deberíamos tener una conciencia de que el Gobierno está con un ánimo de confrontación”.

Para Óscar Urenda, vocero de Verdes, agrupación que lidera Rubén Costas, lo que se vislumbra son roces con el Ejecutivo, por lo que instó a que “no busque enfrentamiento, que deje hacer gestión y se dedique a hacer gestión”.

Subrayó que la Ley Transitoria, para esa agrupación, es inconstitucional y no será reconocida en tanto no exista un Tribunal Constitucional que preserve la defensa de los derechos fundamentales.

De acuerdo con el alcalde electo de Sucre, Jaime Barrón, la posible suspensión de autoridades forma parte de una estrategia del Gobierno para socavar la gobernabilidad en los gobiernos departamentales y municipios opositores.

René Joaquino, quien el 21 de junio deberá afrontar el inicio de un juicio oral en su contra, anunció que demostrará su inocencia en esa instancia. El representante del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción en Potosí, Henry Mamani, informó que la autoridad edil puede ser suspendida tras asumir su cargo mañana.

Para el politólogo Carlos Cordero, el 30 de mayo, no sólo inicia un nuevo régimen de gobierno autonómico que en su implementación administrativa y técnica será conflictivo, sino que estará marcado por las amenazas judiciales contra tres gobernadores, lo que “va a demorar muchísimo la posibilidad de construcción y del ejercicio autonómico”.

“Al primer día va a comenzar una especie de cuenta regresiva porque en cualquier momento puede aplicarse (la Ley Transitoria) a la semana, al mes y será un elemento que va a generar incertidumbre”.

La socióloga María Teresa Zegada coincidió en que la transición se dará en un ambiente conflictivo, por las decisiones “desafortunadas” de incluir en la Ley Transitoria la suspensión de autoridades.

Esta situación, agregó, continuará por los problemas de poder que surgirán en torno a la elaboración de los estatutos y las decisiones políticas que se tomarán y que tendrá efectos de conflictividad social.

http://www.laprensa.com.bo/noticias/29-05-10/noticias.php?nota=29_05_10_poli5.php