Lotean Bolivia – EL DIA (Editorial) – 28.5.2010
El poder total que ejerce el MAS podrá humillar gobernadores, destruir empresas, perseguir a los opositores, profundizar la centralización del país, acaparar toda la estructura republicana en una sola mano, pero en las actuales condiciones nunca podrá constituir un Estado, al menos no como una forma de organización de la sociedad, tendiente a conseguir la convivencia armónica de la población y ejercer la autoridad para establecer normas sobre todo el territorio nacional.
La mejor demostración de aquello es lo que acaba de suceder en el norte de Potosí, donde las autoridades originarias de la provincia Bustillo decidieron -en un cabildo abierto-, linchar a cuatro policías y declarar a esa región como zona de libre tránsito de comercialización de autos de contrabando. Y nótese la gran ironía, los líderes de los cuatro ayllus que avalaron el asesinato, se han justificado diciendo que ajusticiaron a aquellos uniformados porque se trataba de “ladrones disfrazados”, pero al mismo tiempo ellos mismos promueven el delito de tráfico ilegal de automóviles.
El Estado Plurinacional, personificado en una Policía que se ha puesto a órdenes de un partido político y que actúa de brazo coercitivo del copamiento del poder del Gobierno, no ha podido ni siquiera ingresar hasta la zona donde se ha producido el ajusticiamiento y es probable que esto sólo sea posible mediante una salida negociada. Los líderes campesinos del norte potosino saben muy bien que ese Estado que vende el MAS para los medios de comunicación no existe, salvo para apuntalar el poder omnímodo del caudillo y obviamente no van a permitir que les arrebaten su fuente de sustento, los contrabandistas. El altiplano está lleno de estos feudos y cada vez hay más casos de municipios que, “orgánicamente” se vuelcan a la protección del narcotráfico.
Esta situación no es nueva, pero lamentablemente el Gobierno del MAS la está promoviendo mediante la desagregación del Estado, mientras que trata de convencer a todos de que es un avance la destrucción de una región como Santa Cruz, uno de los pocos enclaves en el país donde se puede edificar un Estado moderno basado en normas e instituciones. En el conflicto de Caranavi, donde se busca consolidar un “nuevo Chapare”, es decir, otro territorio libre de cualquier vestigio de legalidad, el Gobierno afirmó que no tenía nada que ver, pues se trataba de un dilema entre sindicatos y tuvo que actuar cuando la situación ya se había desbordado. Durante todos estos años, ha venido insistiendo en un supuesto éxito en la lucha contra las drogas y viene a suceder lo de San Ramón, que nos indica que las bandas internacionales se están loteando el territorio nacional. Aún así, el presidente Morales, cuya administración acaba de ser acusada de complicidad con los narcos, le pide nada menos que al Papa, que no se hable del tema.
Todo este cuadro de pequeños estados que reclaman sus propios territorios y que imponen sus reglas no es simplemente un problema de seguridad interna como lo señalan algunos. Se trata del resultado de haber propuesto un cambio en el país a partir de la atomización que se sostiene en el reconocimiento de 36 nacionalidades. El MAS siempre estuvo seguro de que sería el principal beneficiario de este esquema. Hoy debería repensarlo seriamente.
Los ayllus de Potosí linchan policías y decretan vía libre al contrabando. Los narcos se dividen el país. Es el Estado “del cambio”.
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