Las autonomías sin libertad están condenadas al fracaso – EL DIARIO (Editorial) – 28.5.2010
La autonomía o, mejor, la libertad de acción de los gobiernos departamentales, es una vieja aspiración de todo el país. Mediante los procesos de consulta al pueblo, el país ha decidido que su mejor forma de administración y vida será el sistema autonómico. La última Constitución establece, clara, categórica y terminantemente, que el sistema autonómico será parte de la vida nacional.
Bajo el concepto de autonomía con libertad de acción y sólo sujeta a la Constitución, las leyes, y sus respectivos estatutos, todas las regiones han expresado vocación y deseo de aplicarlas; sin embargo, el Gobierno, ahora partidario de las autonomías, pretende, en los hechos, que éstas sean manejadas, dirigidas, controladas bajo sistemas centralistas o sea, hablar y aplicar autonomía sin libertad y que las gobernaciones o prefecturas resulten simples apéndices del Poder Ejecutivo. Hay prejuicios en el Presidente y su partido, objeciones que no tienen razón de ser y busca, hasta con una ley mal llamada “ley corta” que prefectos o gobernadores libremente elegidos por el pueblo, no asuman y ejerzan sus funciones, tan sólo porque se les enrostra delitos que no tienen sentencia ejecutoriada. Santa Cruz, Beni y Pando han sido los primeros departamentos en pronunciarse por el sistema autonómico y, con toda razón, defienden lo que el pueblo decidió.
Para la vigencia de la autonomía es preciso que se entienda la importancia de que sus autoridades departamentales e instituciones actúen con plena libertad y tan sólo bajo las reglas de la Constitución y las leyes. Pretender regular -al margen de las normas- la vigencia y marcha de los procesos autonómicos, resulta contraproducente para el propio Gobierno porque es una forma de mantener el centralismo donde las autoridades tengan el control absoluto.
La libertad es un bien que nadie puede arrebatar y ni siquiera reglamentar al margen de las leyes, porque el primer indicio de autonomía es que cada departamento o entidad autonómica regule sus actividades, su funcionamiento y las formas de control que las considere necesarias. Creer que debe seguir rigiendo el paternalismo gubernamental, es craso error; es una forma de multiplicar problemas y seguir en una especie de noria sin encontrar soluciones, que, con libertad de acción, es posible conseguir.
El gobierno del presidente Evo Morales, por propia responsabilidad y conveniencia, debe respetar las autonomías y no poner trabas para su funcionamiento, habida cuenta que es el actual régimen conjuntamente su partido, el MAS, el que ha exigido la vigencia de las autonomías y así se determina en los textos constitucionales. La verdad es que ninguna “ley corta” o “ley larga” puede modificar lo que la Carta Magna establece, salvo que haya un nuevo proceso, donde el pueblo sea el que decida lo contrario a lo que ya está establecido justamente por decisión del voto que ha sido terminante y categórico.
Es preciso que los poderes Legislativo y Ejecutivo, sin tapujos ni conveniencias político-partidistas, ingresen en el diálogo constructivo para que los procesos autonómicos se lleven a cabo en marcos de libertad, tan sólo con las limitaciones que establecen las normas y sin adoptar “medidas provisionales de conveniencia”.
Un elemental principio de responsabilidad exige que se actúe con desprendimiento, equidad y ecuanimidad; no hacerlo implica que se busca el fracaso de un sistema que podría ser el principio para conseguir un desarrollo armónico y sostenido que tanto exigen las circunstancias como medio para derrotar a la pobreza.
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