Las razones de la autonomía – Susana Seleme Antelo – 14.5.2010

Este es un homenaje, nunca tardío, a la memoria de Joan Pratts i Catalá, de quien tanto aprendimos en la construcción de nuestras autonomías. Es también un homenaje a la dirigencia cruceña que, desde los cimientos cívicos y otra instituciones, apostó por la autonomía departamental y exigió elección de prefectos al mismo tiempo que las adelantadas elecciones generales  de diciembre de 2005, ganadas por Evo Morales. Sin aquella apuesta a elegir prefectos-gobernadores por voto universal y directo, no hubiésemos podido transitar el camino ya caminado hacia la autonomía, en lo que sabemos será su largo proceso.

Y rescató para ambos homenajes un artículo de José Montilla, Montilla, presidente de la Generalitat de Cataluña, sobre la defensa del Estatuto  catalán para “defender la ley y la voluntad de la ciudadanía, como un deber básico de toda acción política democrática”.  Me apropio de sus palabras,  pues defender la voluntad de la ciudadanía es lo que nos corresponde hacer a quienes,  hace poco más de dos años -4 de mayo de 2008- respaldamos con 85.6% de votos nuestros estatutos autonómicos.

“Defender la ley y la voluntad de la ciudadanía, como un deber básico de toda acción política democrática” es lo que también hicimos el 4 de abril de 2010: ganando esa elección con 53 % de votación para el gobernador reelecto,  tener asambleistas electos democráticamente y continuar la batalla política frente a un gobierno centralista y contrario a la pluralidad de ideas, de partidos, de críticas y disensos.

En España, una maniobra del Partido Popular, de derechas, le pone cortapisas al estatuto catalán. Aquí un gobierno que se dice de izquierda, pero no es democrático -instrumentaliza el derecho al voto para reproducirse en el poder,  lleva el derecho y la política a los estrados judiciales para ‘aplastar’ a sus adversarios, está ideando leyes cortas, largas, etapas de transición u otras maniobras, para desconocer la voluntad  y los  consensos ciudadanos democráticos alcanzados  en Santa Cruz y su gente, y otros departamentos sobre las autonomías. Defender esa voluntad legal y legítima, es exigir que se cumpla la ley, no que se la cambie.  Por lo tanto,  no se trata de otra ley sobre la capacidades y cualidades legislativas, ya  reconocidas a las autonomias en la Constitución Política del Estado (CPE), sino de una una ley de transitoriedad financiera. La disposicion transitoria segunda de la Constitución es taxativa: hasta el 22 de julio de 2O10 debe entrar en vigencia la ley marco de autonomias, y con ello no existe posibilidad constitucional de aprobar ninguna “ley corta” por que sería inconstitucional.

Defender ese principio  es  defender la ley, con voluntad política y razones, con unidad y alianzas,  “fruto de un acuerdo político entre quienes representan la soberanía popular, acuerdo que ha sido refrendado por la ciudadanía a la que debe servir”, como bien dice Montilla. El proceso autonómico en España, como en Bolivia, a pesar de las diatribas oficialistas, “no sólo no ha roto España, sino que ha supuesto un importante referente para otras Comunidades Autónomas … lejos de romper España, ha coadyuvado a renovar el pacto constitucional, ha proporcionado más y mejores instrumentos de autogobierno para Catalunya y otras Comunidades Autónomas”,  agrega Montilla.

Allí  ha propporcionado sistemas de financiación que han terminado beneficiando a todos. Como allí “Catalunya es gente y tierra de orden”,  aquí Santa Cruz es también gente y tierra de orden.  Como allí, aquí “de orden democrático” también.

Enviado por la autora susana seleme [susanaseleme@gmail.com]

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