¿Se viene otro desastre? – EL DIA (Editorial) – 13.5.2010

El Gobierno quiere estatizar los fondos de pensiones. 4.600 millones de dólares en manos del Gobierno es demasiado riesgo.

Aportes de trabajadores pasarán a manos del Estado

LA ESTRELLA, 13.5.2010

El vicepresidente Álvaro García Linera garantizó ayer que el Gobierno colocará “más candados” legales para proteger los ahorros de los trabajadores en las cuentas individuales, cuando el Estado, por mandato constitucional, se haga cargo de los fondos de pensiones de más de 1, 2 millones de aportantes.

El Gobierno ha confirmado los dos puntos claves de la futura reforma de pensiones y lo ha hecho en el peor contexto posible, es decir, para salir del más grande atolladero en el que lo puso la Central Obrera Boliviana (COB), la entidad que más ha presionado en los últimos años para cambiar las reglas del juego del sistema de jubilación, que en 1996 pasó del esquema solidario y mancomunado al formato de ahorro individual.
Se ha confirmado que en la reforma, se rebajará la edad de jubilación de 65 a 58 años y que el Estado será el único administrador de los fondos de pensiones que hoy están a cargo de dos entidades gestoras internacionales, una de España y la otra de Suiza. Como por arte de magia, la propuesta realizada por el Gobierno ha acallado las voces de los máximos dirigentes de la COB que estaban exigiendo un aumento salarial mayor al 5 por ciento. Veremos por qué.
La promesa gubernamental, insistimos, surge al calor de un aprieto y no de un estudio económico financiero que garantice la sostenibilidad de la propuesta. Numerosos expertos en economía han hecho serias advertencias sobre el riesgo que implica provocar desequilibrios entre la población que trabaja y aporta al sistema previsional y el sector pasivo, que desde ya podría tener 10 mil nuevos integrantes imprevistos este año, sólo entre los maestros.
Pero no hace falta ser un experto para saber que el sistema de reparto simple, que rige actualmente, reemplazó a un régimen de jubilación quebrado y corrupto, manejado por instancias estatales en contubernio con los sindicatos que administraban en conjunto fondos de pensiones que pagaban rentas misérrimas. Las planillas dobles, el uso de los aportes de los trabajadores como caja chica de los gobiernos de turno y la falta de racionalidad en la forma de asignar las pensiones, hizo que muchas generaciones de ciudadanos de la tercera edad se conviertan en cargas para sus familias, en lugar de gozar de los frutos de largas décadas de trabajo digno y sacrificado.
Todo eso es pasado, pero tampoco hace falta ser muy memorioso para saber que el Gobierno actual tiene muy malos antecedentes en la estatización de las empresas. La más emblemática, la del petróleo y el gas, nos ha llevado al desastre energético, a ser importadores de combustibles y mala palabra como proveedores de hidrocarburos. No queremos pensar lo que va a ocurrir con los más de 4.600 millones de dólares que han ahorrado 1,2 millones de trabajadores durante los últimos 14 años. Hay que decir que gran parte de esos recursos están justamente en manos del Estado, ya que por ley, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), están obligadas a invertir en bonos emitidos por el Tesoro General de la Nación.
El sistema de jubilación privado no es perfecto, pero es perfectible, sobre todo en lo que respecta a la ampliación del número de los trabajadores que aportan al régimen. Se había estado barajando la idea de establecer un manejo mixto de los fondos de pensiones, fórmula que podría garantizar la credibilidad de la reforma. De otra manera, sólo se puede anticipar un desastre para los trabajadores y para los jubilados, ya sea de 56, 58 o cualquier edad.

El Gobierno quiere estatizar los fondos de pensiones. 4.600 millones de dólares en manos del Gobierno es demasiado riesgo.

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