Futuro incierto de las nacionalizaciones – EL DIARIO (Editorial) – 6.5.2010
La nacionalización de las plantas generadoras de electricidad de Corani, Guaracachi y Valle Hermoso y de una cooperativa nacional de distribución del fluido, a las que se añadió la planta procesadora de antimonio de Vinto, agravan la imagen de inseguridad jurídica que presenta el país, desatando como consecuencia inmediata la falta de inversiones y de fuentes fijas y dignas de empleo.
La medida afecta a inversionistas franceses, británicos, españoles, suizos y de otras nacionalidades y a pequeños accionistas cochabambinos (Elfec-Comteco). A Glencore-Vinto se le atribuye incumplimiento del contrato con el Estado y no haber efectuado inversiones durante diez años, situación que si fuera evidente debería haber sido tratada en la vía administrativa y judicial y no abruptamente de un día a otro. Sobre el resto de las estatizadas, el Gobierno no dio a conocer sus razones, haciendo presumir que posiblemente no existan. El presidente Evo Morales sólo manifestó que su gobierno hará inversiones y anunció una reducción de las tarifas en beneficio público. La violencia empleada en “la toma” de los distintos establecimientos y oficinas por efectivos militares, configura un cuadro de innecesaria prepotencia.
Desde hace algunos años el Gobierno reserva cada 1 de mayo para incrementar el crecimiento estatal en perjuicio de la iniciativa privada y de empresas en plena productividad y funcionamiento. La secuencia se inició con la llamada nacionalización de los hidrocarburos, siguió con ENTEL, afectando ahora a la energía eléctrica. Lo cierto es que no hubo “nacionalización” de los hidrocarburos, sino una readecuación de los contratos, que si bien determina mejores ingresos para el Estado, en cambio no permite avizorar un futuro alentador en la materia debido a la retracción de las inversiones, mientras YPFB no parece el instrumento idóneo para promover esta industria vital. Cabalmente, la serie de estatizaciones no es la mejor invitación ni para las operadoras y menos para la atracción de nuevos capitales y emprendimientos. Por otra parte, el país está reatado a compensaciones millonarias que en cuanto a Entel sobrepasan los 700 millones de dólares, monto que asciende a 1.133 del mismo signo monetario en el conjunto de parecidas demandas de arbitraje internacional. Se supone que las nuevas estatizaciones aumentarán aún más el difícil y doloroso rubro de pago.
Con medidas como éstas se observa un empeño por sacrificar la economía a la política, enfocando con miopía el costo final que significará para el colectivo nacional, tal como ha ocurrido ya con antecedentes semejantes, mientras para el Gobierno nada es más importante que ampliar una supuesta base ancha de apoyo, que empieza a angostarse. Las experiencias han demostrado que las nacionalizaciones devienen en franca corrupción y en enriquecimiento ilícito, convierten a los entes en agencias de empleo para la clientela política del momento y en acomodo de clanes familiares. Los sindicatos ejercen un poder y una administración paralela, supeditando a sus intereses las propias finalidades de las empresas fiscales. Como ejemplo basta nombrar a Cotel, desvirtuada cooperativa por la injerencia oficial permanente.
Los efectos recaen en perjuicio del público por el mal servicio y atentan contra la expansión natural que una buena administración pueda proyectar hacia la ampliación de la cobertura, necesidad imperiosa tratándose de energía eléctrica. Todo indica que el presidente Morales y sus ministros no han captado tan dramático cuadro refrendado por las experiencias anteriores. Es deber del actual Gobierno sopesar estos antecedentes que sólo han traído pobreza y rezago económico a la Nación, tal como aconsejan la cordura y la responsabilidad administrativa.
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Sin categoría | Willi Noack 6 Mayo 2010
